La jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carmen Muñoz, anunció que llevará a estudio de los magistrados de la Sala Constitucional la decisión que busca agilizar el nombramiento de los magistrados de ese mismo tribunal constitucional, en el plenario de la Asamblea Legislativa.
"Tengo las firmas suficientes para hacer esa consulta ante los magistrados (Reglamento legislativo establece diez firmas al menos)", dijo la diputada.
Muñoz se refiere a la resolución que emitió hace dos semanas el presidente del Congreso, el liberacionista Luis Fernando Mendoza, para suplir las dos vacantes de la Sala IV.
Esas vacantes se deben al fallecimiento de Luis Paulino Mora, el 17 de febrero, y a la jubilación de Ana Virginia Calzada, desde inicios de junio.
La resolución de Mendoza estableció un espacio de una hora para discutir el nombramiento de ambos magistrados (media hora cada expediente) y fijó una fecha límite para hacer esa elección en el plenario del Congreso, el 5 de diciembre.
De no haberse elegido antes de esa fecha, se cerrará la discusión sobre los nombramientos y se dará la votación de inmediato, tal como lo establece la resolución de la Presidencia legislativa.
Muñoz alega que el Reglamento del Congreso permite que cada diputado hable hasta por una hora para referirse al nombramiento de magistrados y aseguró que la resolución de Mendoza limita los derechos parlamentarios al uso de la palabra.
La discusión sobre el nombramiento iniciará esta tarde, a las 3:30 p. m., tras varios días en que la discusión se detuvo por la apelación que el PAC presentó a la decisión del presidente parlamentario.
Luis Fernando Mendoza propuso esta mañana, en la reunión de los jefes de fracción, que se establezca un debate reglado (tiempos máximos establecidos para que cada bancada haga uso de la palabra) para hablar sobre el nombramiento de los magistrados.
Sin embargo, Muñoz insistió en que pedirá a los otros diez diputados del PAC que no se inscriban en la lista, por considerar que se violenta el derecho a que cada uno hable por una hora.
Los nombramientos de magistrados están en mora constitucional, en un caso desde hace ocho meses, y en el otro desde hace cuatro. La Constitución Política establece que el nombramiento de un nuevo magistrado se debe hacer antes de que se cumpla un mes de que la Corte Suprema de Justicia notifique al Congreso la vacante.