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Libertario alega dudas sobre manejo de empleados "transfronterizos"

Otto Guevara frena plan que endurece castigos por faltas laborales

Actualizado el 06 de abril de 2017 a las 12:00 am

Iniciativa impulsada por Sandra Piszk y Patricia Mora busca darle mayores potestades a la Dirección Nacional de Inspección Laboral y sacar los reclamos de la sede judicial, para que se agoten en vía administrativa

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Otto Guevara frena plan que endurece castigos por faltas laborales

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La posibilidad de que trabajadores como los indígenas ngäbe acudan a la Inspección Laboral para denunciar incumplimientos de sus patronos genera polémica en la discusión de un proyecto de ley en el Congreso. (Rafael Pacheco.)

El diputado Otto Guevara, del Movimiento Libertario, frenó de golpe el proyecto de ley que endurece los castigos a los empleadores por las faltas laborales que cometan.

Lo hizo luego de que le surgieran dudas de última hora sobre los beneficios que recibirían, con esta iniciativa, los trabajadores extranjeros en el país.

Ese proyecto de ley, impulsado por las legisladoras Sandra Piszk, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Patricia Mora, del Frente Amplio, se tramita bajo el expediente legislativo 19.130.

Pretende darle mayores potestades a la Dirección Nacional de la Inspección Laboral y sacar los reclamos por incumplimientos laborales de la esfera judicial, para que se agoten en la vía administrativa.

Guevara explicó que, aunque la intención de los jefes de fracción era poner esa iniciativa en primer lugar de la agenda del plenario, y votarla, él ha exigido que se vote un proyecto suyo y se le hagan varios cambios al plan de Piszk y Mora.

Además, el libertario alega que representantes del sector agropecuario le han enviado dudas sobre cómo les afectaría sus negocios si esa ley se aplica a los trabajadores "transfronterizos", como los indígenas ngäbe que cruzan la frontera sur desde Panamá para trabajar en la cosecha del café en Costa Rica, por ejemplo.

Para terminar de traerse abajo la negociación entre partidos, que pretendía darle armas a la Inspección Laboral, Guevara alegó que el frenteamplista Jorge Arguedas le puso 300 mociones al proyecto que él impulsa.

Su plan permite que los patronos aseguren empleados que trabajen medio tiempo o un cuarto de tiempo.

Nuevo tribunal

Entre las reformas al Código de Trabajo que introduce el proyecto de ley, y que generan mayor polémica, están las siguientes:

-Creación del Tribunal Administrativo de Inspección de Trabajo, como órgano de desconcentración máxima e independencia funcional.

-El inspector laboral podrá imponer las multas a los patronos que incurran en faltas laborales directamente y estas podrán ser recurridas por la vía administrativa, no judicial.

-El inspector podrá dictar órdenes de cumplimiento para garantizar que las condiciones de las relaciones laborales se ajusten a la normativa.

-Se establecen órdenes de ejecución inmediata, cuando se le ordene al patrono no insistir en una conducta, y de ejecución a plazo, cuando se le ordene hacer algo para cumplir con la normativa laboral.

-Se impone multa de hasta ¢9,8 millones al patrono que incumpla con el pago del salario mínimo.

-Si el patrono es reincidente en incumplir el salario mínimo, se ordena el cierre temporal de su negocio o empresa, por diez días.

-Se establecen faltas leves, graves y muy graves para efectos de multar comportamientos contrarios a la normativa laboral, de la siguiente forma:

-Faltas leves: no presentar comprobantes de pago de los empleados o las planillas completas; otras relacionadas con la falta de documentación.

-Faltas graves: infringir la normativa de higiene, seguridad y de salud para los empleados; contravenir la normativa migratoria y de extranjería; incumplir las prescripciones legales, reglamentarias o los instrumentos de derechos colectivos.

-Faltas muy graves: violar los fueros laborales; no pagar salarios o prestaciones a tiempo; no pagar el salario mínimo; incurrir en discriminación en las condiciones laborales.

-Las multas para las faltas leves oscilarían entre ¢426.200 y ¢2,9 millones; para las graves, entre ¢3,4 millones y ¢6,3 millones; mientras que para las muy graves, las multas irían de los ¢6,8 millones y los ¢9,8 millones.

Agro, en contra

Entre las objeciones que enviaron los representantes de la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA), están la de crear esa jurisdicción administrativa especial. Alegan que la Inspección Laboral sería juez y parte de los procesos.

Tambien cuestionan que se falte al principio del debido proceso y de la legalidad, porque se le fijarían plazos al nuevo tribunal para fijar sentencias, y la supuesta discrecionalidad que se le otorgaría al inspector.

Otro de los reclamos tiene que ver con el acceso que los inspectores tendrían a información supuestamente confidencial de las empresas. Esto porque la iniciativa legal les autoriza a solicitar toda documentación que pueda probar las faltas laborales.

"La posibilidad y peligro de que las sanciones se harán públicas y que a partir de ello se pueda hacer escarnio de empresas y personas es muy grave", reclaman también los voceros del sector agropecuario.

Según el criterio de Guevara, el proyecto de ley "es espantoso", porque "les da facultades exorbitantes a los inspectores del Ministerio de Trabajo, para que ellos mismos señalen los incumplimientos del patrono, impongan la sanción y la fijen en sede administrativa".

"Este proyecto tiene un efecto devastador sobre personas que hoy, con miles de costos, subsisten en la economía. (...) Se está poniendo en peligro una gran cantidad de emprendimientos productivos en el agro", adujo el diputado libertario.

Aunque Otto Guevara aún tiene cerca de un centenar de mociones en el camino del proyecto de la inspección laboral, la negociación intentaba que él las retirara, a cambio de que se votara el plan libertario y que se le hicieran un par de modificaciones al de las faltas laborales.

Patricia Mora, del FA, dijo que las dudas del libertario salieron de último momento y que la mejor vía para aligerar la denuncia y sanción de faltas laborales es la de instaurar la vía administrativa.

La legisladora alegó que, hoy, un inspector del Ministerio de Salud puede ordenar el cierre de una soda, por ejemplo, si encuentra faltas a la normativa sanitaria, pero indicó que no pasa nada si un inspector laboral determina que se incumple el Código de Trabajo.

"Llega el inspector, certifica un incumplimiento y el informe empieza a dar vueltas, y dura tres años, y el patrono puede seguir pagando las miserias de salario sin que nada pase", dijo Mora. "Hoy es una oficina terriblemente débil", añadió. 

El acuerdo original entre partidos permitiría que se negociara y, eventualmente, se aprobara la iniciativa este jueves; sin embargo, el freno libertario impediría que haya un avance pronto en ese plan.

Maureen Fallas asumirá curul de Antonio Álvarez Desanti

La curul que dejará libre el diputado Antonio Álvarez Desanti, en el Partido Liberación Nacional (PLN), será asumida por Maureen Fallas Fallas, exalcaldesa de Desamparados. 

Así lo expresó ella misma ayer, a través de un comunicado de tres párrafos difundido por la Oficina de Prensa de la fracción de Liberación.

Fallas, administradora de empresas con énfasis en finanzas, se integrará como diputada liberacionista a partir del 2 de mayo, fecha en que Álvarez Desanti dejará la curul para dedicarse a la candidatura presidencial, que obtuvo en la convención del pasado 2 de abril.

La exalcaldesa, de 43 años, asumirá la investidura parlamentaria por un año, con la representación de los cantones de Desamparados, Aserrí y Acosta. 

"Estoy anuente a integrarme y trabajar en conjunto con la fracción de Liberación, para sacar adelante los proyectos que requiere el país", se lee en la pequeña nota de prensa. De no haber asumido Fallas el puesto, le habría tocado al designado en el lugar número 7 de la papeleta liberacionista, Wilberth Hernández Vílchez, de Pérez Zeledón.

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Aarón Sequeira

aaron.sequeira@nacion.com

Periodista de Política

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica. Investiga y escribe sobre negociaciones políticas, pactos partidarios y proyectos de ley de impacto nacional.

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