Por primera vez, en los 15 años que tiene de funcionar el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), la Caja y las seis operadoras de pensiones alistan un contrato que pretende mejorar el uso y la administración de esa base de datos.
El documento debe estar listo para firmar por ambas partes en un plazo máximo de seis meses, informó el director del Sicere, Rónald Lacayo.
Hasta ahora, todo lo relacionado con el uso y la administración del Sicere está regulado por diferentes fuentes; entre ellas, la Ley de Protección al Trabajador, el reglamento de apertura de fondos y la Superintendencia de Pensiones (Supén) , aseguró Lacayo.
“Está más que controlada”, expresó el funcionario.
“Aunque no existe un contrato, sí existen reglas claras para ambas partes, lo cual se encuentra sustentado en pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, lineamientos del Sicere, requerimientos de las operadoras de pensiones y de la Supén”, explicó el director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Operadoras (ACOP), Danilo Ugalde Vargas.
“Tanto la CCSS como las operadoras de pensiones, desde hace meses, hemos venido discutiendo los alcances de un eventual contrato de servicios, para dimensionar, de manera más precisa, los servicios que presta el Sicere”, agregó el vocero de ACOP.
Esta asociación, así como la Supén, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y la misma Caja, coincidieron, por aparte, en que la falta de ese contrato o de un reglamento específico no aumenta la vulnerabilidad de esa base de datos.
“Los reglamentos o contratos son elementos de gestión de riesgos operativos o legales, pero no necesariamente son factores determinantes para garantizar un adecuado uso de la información”, mencionaron, en una respuesta conjunta, Supén y Conassif, ante consulta de este diario.
Golpe. En marzo y mayo pasados, el Sicere fue blanco de un hackeo masivo, que le copió más de 522.000 registros laborales.
Esta base de datos contiene la información laboral de 1,7 millones de trabajadores. Entre esta, nombre, cédula, salario y patrono.
Los diferentes usuarios de ese sistema, entre ellos, las operadoras de pensiones, le pagan a la Caja entre ¢4.000 y ¢5.000 millones al año por administrar los registros de recaudación de cuotas obrero-patronales.
Esa cantidad es un 0,98% de todo lo recaudado; monto que se volverá a ajustar en el 2016 para los próximos cinco años, informó Lacayo.
Según dijeron Conassif y Supén, ambas instituciones han impulsado el proyecto de reforma a la Ley de Protección al Trabajador (expediente 17.908). El objetivo de esa iniciativa, que se encuentra en la Comisión Plena Tercera de la Asamblea, es tener más facultades de regulación y supervisión sobre el Sicere.