El ministro de Obras Públicas y Transportes, Pedro Castro, dijo estar sorprendido de que se le pretenda sancionar por incumplir una resolución de la Sala Constitucional del 2009, cuando son cinco los jerarcas que pasaron por la institución desde entonces.
La declaración de Castro se hizo mediante comunicado de prensa, un día después de que saliera a la luz pública la decisión de la Sala que obliga a la presidenta de la República, Laura Chinchilla, a iniciar un proceso administrativo en contra de Castro.
La resolución se debe a que supuestamente el Consejo Nacional de Viabilidad (Conavi) debía, desde el 2009, instalar dos elevadores para personas con discapacidad en el puente ubicado frente al Hospital México.
Castro descartó tener una notificación formal. No obstante, aseguró que las obras de instalación de los elevadores ya fueron adjudicadas a la firma Casa Confort S.A.
Los trabajos que tiene un costo de ¢650 millones incluyen, además del puente frente al Hospital México, las estructuras ubicadas a la altura de San Diego de La Unión sobre la Autopista Florencio del Castillo y otro sobre la Carretera de Circunvalación, en la sección Barrio Quesada Durán.
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