Para Mariano Figueres, jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), la única forma de darle legitimidad a esa entidad y dejar de ser "el bastardo del barrio" es con el proyecto de ley, para regular su actividad y dejar en el pasado los fantasmas de las escuchas telefónicas y las intervenciones de las comunicaciones.
El informe que la Defensoría de los Habitantes difundió entre los 57 diputados, echa tierra sobre esa legitimidad que busca, por lo que Figueres trata de refutar los argumentos de la Defensoría. Antes de la reciente polémica que lo enfrentó con un medio de comunicación, por supuestos ofrecimientos de dinero a un periodista por pasar información, el viernes 10 de marzo dio esta entrevista a La Nación.
-¿Hay algo de lo que dice la Defensoría en lo que usted le dé la razón?
-A mí me hubiera encantado responder que sí. Construir una ley es un proceso de negociación, pero puedo decir que algunas cositas que dice el informe ya han sido subsanadas con mociones de fondo. Hay diputados que han dicho: yo voy a retirar mociones porque entendieron tal o cual tema. Hay un grupo de mociones que son sustantivas, en que todos han manifestado entre ellos mismos que tienen un acuerdo.
Desde el puro principio se habló de una comisión fiscalizadora externa, con una figura de la sociedad civil. En la Comisión de Seguridad incluyeron a la Defensoría como esa figura, pero no estuvo de acuerdo. Entonces, por vía de moción 137 se sacan los dos artículos que hacen referencia a la Defensoría.
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-Alegaba que no le daban acceso a los expedientes...
-No sé cuándo dijo eso, inicialmente dijo que no le correspondía. Le ofrecimos que fuera facultativo, por si viene otra defensora o defensor, y sí quiere estar, pero la defensora no estuvo de acuerdo.
-¿Qué otras observaciones pueden ser corregidas?
-No, ahí es donde digo que ojalá pudiera estar de acuerdo en algo. El informe hace comparaciones históricas, que a mí me parecen una estrategia de miedo. Comparar el contexto costarricense con la Alemania nazi, con el Chile de Pinochet, con el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) de Colombia, ya fenecido; con el D2 de Guatemala, ya fenecido, recurrir a elementos como "arrestos y detenciones ilegales" por parte de la CIA y cárceles clandestinas me parece improcedente, no refleja ninguna realidad nacional.
Primero: el informe dice que el proyecto no limita los objetivos. El artículo 1 explica el objetivo de la ley, el artículo 3 define las funciones de la DIEN y el artículo 6 habla de todos los objetivos de las políticas de inteligencia, entonces yo no comprendo cómo se dice que no limita. Está ahí, en blanco y negro.
Segundo: dice que no establece una división inteligencia y policía. Uno de los grandes objetivos es sacar a la DIEN de la Ley General de Policía, porque son dos cosas distintas, que pueden trabajar en paralelo. Es muy claro de cómo separa las potestades de inteligencia de las policías: preventiva o judicial.
Tercero: dice que no se define la restricción a las actividades de inteligencia, lo que "golpea" los derechos humanos. En el último párrafo del artículo 6 dice que en ningún caso la información de inteligencia y contrainteligencia será recolectada, procesada o diseminada por razones de género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, pertenencia a una organización sindical, política, partidaria, social, de derechos humanos, o para promover los intereses de cualquier partido, movimiento político o para afectar sus derechos. Me parece que eso es una restricción extensa y clara.
-¿Con estas restricciones usted dice que se refuta lo del espionaje? ¿El proyecto tiene una prohibición expresa de la interferencia de datos, de seguimientos?
-Sí, sí, sí.
-¿En qué artículo?
-En el 28. Es que qué es espionaje. Espionaje puede ser una inmensa cantidad de cosas. Lo que el proyecto busca es prohibir un montón de cosas, se prohíbe el espionaje sin definirlo. Lo que hay que hacer son las prohibiciones y eso hace el proyecto.
En una moción se metió el número y nombre de las leyes que explican que en Costa Rica únicamente el Centro de Intervención Judicial puede hacer esa actividad y únicamente dentro de un proceso judicial y por orden de juez. Esas dos leyes son la 8754, que habla de cuál es el Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones, y de la ley 7425, que habla de cómo se debe hacer legalmente el registro y examen de documentos privados y la intervención de las comunicaciones.
-¿Por qué no es expresamente prohibitivo para la DIEN, por qué no dice que sus funcionarios no podrán hacer intervenciones?
-Eso se puede meter en una moción. Si algo no queremos los proponentes es hacer intervenciones. Es dispararse en un pie no darle legitimidad a una Dirección de Inteligencia. Mientras exista una desconfianza, mientras siga ese mito urbano dando vueltas, de que hay espionaje, intervenciones, escuchas, entonces una institución sencillamente no puede crecer ni cumplir sus cometidos, porque entonces cada vez que entre un gobierno nuevo se está hablando de cerrarla. Hay una versión nueva del artículo, más explícito, en el sentido de que la inteligencia no puede hacer eso.
-¿Inteligencia en otros países tiene permitido hacer intervenciones?
-En algunos países sí y en otros países no.
-¿En Estados Unidos, la inteligencia sí tiene autorización para hacer intervenciones?
-Algunos departamentos sí. Estados Unidos tiene 16 agencias de inteligencia y algunas tienen autorización. Algunos países tienen más cultura de inteligencia, autorizan a sus servicios no hacerla por decisión propia, sino por orden de juez. Costa Rica es un país que, al no haber tenido ejército, no desarrolló esa cultura de inteligencia, porque siempre se desarrolló de la mano de los ejércitos. ¿Qué se debe plantear ahorita? Un proyecto lo más restrictivo posible, para que tenga una viabilidad política y por eso ni queremos pensar en la posibilidad de que se nos den potestades de escucha. Cuanto más claro quede, mejor. Si queda una ventanita difusa, cerrémosla.
-¿Cuáles serían las herramientas de las que dispondría la DIEN para recolectar y procesar información?
-La DIS de hoy, actuando ya como DIEN, en su parte encubierta, la gestión de amenazas criminales, hace un análisis de fenómenos criminales, desarrolla fuentes humanas y abiertas para recolectar información y hacer análisis estratégico.
-¿Qué son fuentes abiertas?
-Es lo que sale en la prensa, se habla en la calle, lo que no son comunicaciones privadas.
-Las fuentes humanas, como las de un periodista...
-Sí, como un periodista con sus fuentes.
-En los objetivos, son bastante abiertos: protección de la soberanía, de las fronteras, paz social.
-La inteligencia moderna actúa en temas de conflictividad social, de manera lícita y abierta. Yo para entrevistarte me tengo que presentar como oficial de la DIS: cuál es la bronca en su barrio, para reportarle al ministro, aquí está mi placa, mi identificación del Departamento de Gestión de Derechos Ciudadanos (departamento puesto por la Defensoría hace dos años). La inteligencia moderna tiene ese servicio que detecta posibles focos de conflictividad social. La inteligencia nunca decide. La inteligencia informa, nada más.
-También habló de actividad encubierta.
-Eso es la gestión de amenazas criminales. Es la mitad de la DIEN y no toda la gestión de actividad criminal, de amenazas criminales es encubierta, porque no es necesario. Hay mucho trabajo de escritorio, análisis, calle, sin que los oficiales tengan que trabajar de manera encubierta.
-¿Quién califica qué está atentando contra la paz social?
-Las personas…
-Yo podría decir que estos grupos de motociclistas que se ponen a hacer piques alteran la paz social, pero cómo lo califico.
-Es que la diferencia está en qué es legal y qué es ilegal. Hacer piques es ilegal, por dicha no se lo han pasado a la DIS. Por ejemplo, nos llamaron porque estaba enfermo el león Kivú, quesque era un tema de seguridad nacional. Es que no hay cultura de inteligencia, nadie sabe qué es inteligencia. La línea que separa lo ilegal, que se trabaja como amenaza de fenómenos criminales y lo que es legal, como la protest, que se trabaja como derecho ciudadano.
-Pero si es una situación ilegal, nada tiene que ver la DIEN...
-La DIEN se mete en amenazas criminales contra el Estado costarricense. La Defensoría ha dicho que el tema de drogas es policial, no de inteligencia. No. Nosotros estudiamos el fenómeno regional de las trazas. Por qué hay más trazas aquí que en Panamá, por qué en Nicaragua no hay. Compartimos información entre agencias, estudiamos el fenómeno criminal y se lo trasladamos al que sigue en el proceso. Si se está cometiendo un ilícito, tenemos la obligación por ley de informar a las autoridades judiciales. Si no, pero se podría generar uno, se lo pasamos al Ministerio Público. Así funciona el país desde hace años.
-Para estudiar fenómenos como el del narcotráfico, la Fuerza Pública podría ser la principal fuente.
-La inteligencia estratégica no estudia el fenómeno del barrio, eso le toca a la inteligencia policial y, cometido el delito, a la inteligencia judicial. Cuando ese problema del barrio se entrelaza y se liga con otros barrios y tiene una conexión internacional, entonces sí, llaman a la inteligencia estratégica.
-El argumento de la Defensoría da para discutir, por qué este fenómeno afecta la soberanía y la estabilidad del Estado.
-Porque el lavado es 7% de la economía nacional y amenaza la moneda, la estabilidad económica del país, por la capacidad corruptora del narcotráfico, si no lo tratamos adecuadamente podríamos caer en un Estado fallido.
-¿Casos de corrupción se podrían considerar materia de la DIS?
-Depende del tamaño.
-¿Es cierto que la DIS intervino en el caso de la trocha?
-No. No nos pidieron.
-Pero según los registros, del 2012...
-Ah bueno, antes de Mariano, no sé. Podría preguntar. Pero al igual que se calcula que el lavado de dinero es un 7% del PIB, el mismo número aplica para la corrupción medible en Costa Rica. La DIS no se ha metido en eso por una cuestión de viabilidad política de la institución.
A la DIS se le acusó, abiertamente, por parte de muchos diputados, que si tocaba corrupción, era persecución política. A mi juicio, el país perdió en el sentido de que no se investigaran más cosas y se dejen al proceso judicial, que usualmente es un poquito más lento, pero es una situación de viabilidad política.
Además, hay una incapacidad institucional de abarcar muchos temas. Cómo vamos, con 170 personas, a cubrir todo lo que se cubre, es muy difícil. Lo que dice la ley es que se vean las redes de corrupción.
-¿Cómo se mide si han sido efectivos en resguardar al presidente en asuntos controversiales? No se pueden evitar las polémicas políticas que han rodeado al presidente.
-Es que ese tipo de asuntos pertenecen al ámbito del análisis político. La inteligencia no se mete en nada político. La
inteligencia ayuda a formar política pública, porque genera información de alto valor agregado, pero esa información se les entrega a las personas decisoras. Esa parte de análisis político, las relaciones con la Asamblea, las distintas posturas político-ideológicas de ministros y en todo eso no se puede meter la inteligencia.
-¿A qué nivel revisan las citas y las personas que se reúnen con el presidente?
-Nosotros revisamos lo que nos piden que revisemos. Si el presidente tiene una entrevista con usted, periodista de La Nación, ya lo conocemos. Ni se revisa ni nos lo pasan. Si viene alguien que se presenta como un empresario, para presentarle un proyecto al país.
Nos dicen, revisen a esta persona, para ver si -como dicen en La Lucha- es de parte aseada o no. Si es una persona cuestionada o no, si sus negocios son legítimos, si goza de buena reputación. A veces, pasan una solicitud a destiempo, porque esto requiere de contactos internacionales, consultas a otros países.
Cuando la consulta es a destiempo, la Inteligencia no puede asumir la responsabilidad, porque no hubo chance de reaccionar. La inteligencia de integridad política se llama inteligencia protectora.
-¿A qué recurren ustedes para concretar esta información que les piden?
-Se consultan bases de datos, se piden informes a entes judiciales, policiales, fuentes abiertas, se googlea el nombre, si es de otro país se le pide a la agencia, dependiendo del calibre de la persona. Básicamente acceso a bases de datos.
-¿Han llegado a frenar reuniones con el presidente, de gente que hayan considerado de riesgo?
-Nosotros no decidimos, no podemos decir: presidente, no se reúna con tal persona, no se monte en ese chunche. Es, más bien: tenemos esta información y el despacho del presidente hace la valoración.
-En el caso de la avioneta que usó la expresidenta Chinchilla para ir a Perú, significa que la inteligencia no funcionó, no hubo reporte de lo que estaba pasando.
-Tratándose de actividad humana, a veces pifia la institución de la inteligencia que no procuró la información correcta y a veces pifian los mensajeros, o sea los encargados de difundir la información.
-La confidencialidad es refutada por el informe. Lo del secreto.
-Ahí hay una imprecisión importante. El informe se deja decir que se violenta el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero es falso que todo sea un secreto por 20 años. El proyecto dice claramente en el artículo 24 que hasta 20 años, no automáticamente. Ante la no conformidad con un tema declarado secreto por equis periodo, siempre existen los recursos y las acciones legales y constitucionales para levantar el secreto.
-¿Quién determina qué es secreto y por cuánto tiempo?
-Tiene que calificarlo y sustentarlo la Dirección de Inteligencia.
-¿Y lo aprueba el presidente?
-No, la Dirección.
-A ver, pero la DIS lo califica, pero no hay otra instancia que avale lo que ustedes digan o consideren que deban bajarle un poquito al plazo, o subirle 10 años más.
-No, pero están los mecanismos legales para objetarlo.
-Pero entonces esa potestad queda en manos del Director.
-Es que vea qué sinrazón, con todo respeto. Si usted quiere que otra persona califique el secreto o lo sustente, automáticamente tiene que darle acceso a esa otra persona.
-Pero, en todo caso, el único que podría decir si la decisión de la DIS está bien tomada es el presidente de la República.
-Jerárquicamente está implícito, es demasiado obvio y no hay que redactarlo tal cual. Si el presidente dice: no, eso no va.
-Quiero volver a lo de las potestades del director sin control. Se le da a la DIEN una desconcentración máxima y personalidad jurídica instrumental.
-Ese es el mito de que se está creando un hombre fuerte. La desconcentración máxima es por una cuestión de operación, de administración.
-¿Presupuestaria, también?
-Sí.
-¿Por qué?
-El proyecto dice que queda sujeto a la ley anticorrupción, a todo el marco jurídico. No se puede incorporar todo, pero sí se menciona. La independencia administrativa es vital, porque lo que ocurre hoy es que lo administra el Ministerio de la Presidencia, que no domina los temas de inteligencia...
-Pero ejerce como una especie de autoridad política superior y, en cierta forma, controla...
-Es que el proyecto dice que el Ministerio de la Presidencia asignará el presupuesto. Ese es el control, porque sin
presupuesto no puede funcionar la institución, pero operacionalmente necesita independencia. Qué sucede hoy: el Ministerio de la Presidencia cierra el 15 de diciembre, no hay gasolina, no hay viáticos, no hay repuestos, no hay nada, y los días de más trabajo es cuando el país está cerrado.
La inteligencia tiene que funcionar con horarios distintos, con fechas distintas y funciona de una manera operacionalmente distinta. Otro ejemplo: dentro del Ministerio de la Presidencia, ¿quién choca más los automóviles?, la DIS. Entonces, se ha dicho que la gente de la DIS no sabe manejar, cuando son entrenados en conducción
defensiva. Lo que sucede ahí es que hay unidades que hacen de encubiertos, que hacen extensisímas giras, entonces a más kilómetros, más probabilidades.
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-Esta desconcentración máxima y personalidad jurídica la convierte en una institución casi autónoma.
-No, porque depende claramente del Ministerio de la Presidencia. Es solo operacionalmente, que funciona con autonomía, pero no pierde la jerarquía y no está sujeta al resto del marco regulatorio costarricense.
-O sea, quieren ser un capítulo aparte al presupuesto.
-Pero nosotros tenemos que presentar el presupuesto todos los años.
-Pero capítulo aparte.
-Va a ser igual, la operación, que no sea el Ministerio de la Presidencia el que decida si este año se compran radios o
celulares, sino que sea la institución la que decida, pasa la ley y ya podemos decidir. Lo que se busca es que la operación, la administración sea de la institución, siempre encima el ministro de la Presidencia.
-Eso implicaría un aumento del personal, un aumento de equipo.
-Eso significa que cuando la DIEN quiera más personal, tiene que ir a la Autoridad Presupuestaria, justificar las plazas.
-Ustedes directamente, no pasar por Presidencia.
-Para presentar ese presupuesto no. Hoy, la Dirección Financiera de la Casa Presidencial conforma el presupuesto de la DIS y lo que queremos es que la DIS conforme su propio presupuesto. Lo que pasa ahorita es que se lo vuela la Asamblea y se lo vuela la Casa Presidencial, porque no tienen un entendimiento de lo que es construcción de inteligencia. Es una independencia para tomar decisiones de cómo vamos a invertir los ¢100 esta semana.
-Las necesidades que ustedes sienten que tienen ahorita sí dependen de más personal.
-Sí, pero cómo lograr eso. Yo no, porque voy de salida, pero cómo logra la DIEN más recursos, más personal. Con legitimidad, que la ciudadanía diga sí, esos carajos me defienden, me cuidan, aportan, que los diputados digan sí, tienen buen nombre, no hacen chanchadas, no hacen de policía política.
-¿Qué se ha hecho para cambiar eso?
-Presentar una ley para dejar de ser el bastardo del barrio y tener apellido, para regular la actividad de inteligencia. Díganme un escandalito de la DIS desde que entramos, dígame uno. Perdón, hubo un escándalo. Un oficial se robó un arma. ¿Quién lo denunció? El director y el subdirector. Le abrimos un proceso.