Alrededor de 200 propietarios de locales del Mall San Pedro están en vilo, debido a que las escrituras para someter el inmueble al régimen de propiedad horizontal (dividir las propiedades) se encuentran frenadas.
Esta acción de suspender la inscripción de las escrituras ante el Registro Público obedece a una apelación interpuesta por el notario contratado por esa empresa, Eugenio Jiménez Bonilla, y su hija, María Jiménez Pacheco, contra el propietario del centro comercial, Donald Formal Arias, quien supuestamente no ha cancelado sus honorarios. La acción fue presentada ante el Tribunal Superior Contecioso Administrativo, Sección Tercera.
Esta medida fue tomada luego de que el Registro Público le rechazó ad portas dos denuncias administrativas (207-95 y 246-95), en las que solicitaba inmovilizar o suspender el trámite de inscripción de dicha finca.
"Si bien es cierto que no hay nada escrito, en varios meses no he logrado que me den la cara. Primero me dieron dos entregas de ¢500.000 cada una y luego dicen que en calidad de confianza me entregaron el otro millón, pero ni me dieron ese millón ni se acordó que los honorarios eran ¢2 millones. Estoy cobrando lo que estipula la tabla del Colegio de Abogados", aseveró Jiménez Bonilla.
Esto fue totalmente desmentido por el actual abogado del centro comercial, Guido Granados, quien dijo que, delante de testigos, Jiménez Bonilla llegó a un acuerdo de palabra para cobrar ¢2 millones por las escrituras. "Eso le consta a don Eugenio", sentenció.
Ante esta situación, Jiménez Bonilla presentó una demanda por sus honorarios ante el Juzgado Cuarto Civil, donde se estipula su remuneración por ¢111.500.000, que, más intereses, alcanza la suma de alrededor de ¢123 millones.
"Yo había cobrado otro precio, pero, al ver que no me pagaban, no me quedó más remedio que demandarlos, y estoy apegado a la tabla; las cosas cuestan lo que cuestan", agregó Jiménez Bonilla, quien aceptó que durante 17 años ha sido el notario de Formal en sus diferentes negocios.
Según la Ley de Aranceles de Abogados y Notarios, los honorarios se calculan de acuerdo con un porcentaje establecido por medio del decreto ejecutivo 20307-J, tomando en consideración el monto total de la transacción.
En ese mismo juzgado solicitó, junto con su hija, un embargo preventivo, expediente 1447-95-2, también contra Formal Arias por ¢70 millones. No fue posible conocer el proceso que sigue ya que ese organismo se encuentra de vacaciones durante todo este mes.
En espera
Los rumores ya llegaron a oídos de los diferentes propietarios del condominio, quienes se reunirán en los próximos días en asamblea general para determinar las medidas a tomar.
Si bien es cierto que no tienen nada definido, los que aceptaron ser entrevistados, siempre y cuando no se consignaran sus nombres, manifestaron que planean formar una asociación y contratar los servicios de un abogado para aclarar su posición.
Por su parte, Granados dijo a La Nación que presentaron dos denuncias penales contra Jiménez Bonilla, ante la Agencia Fiscal de Curridabat, para que se investigue si se produjo "apropiación indebida de documentos".
Isabel Hernández, del Departamento de Relaciones Públicas e Información del Poder Judicial, dijo que estas dos acciones están por resolverse e hizo la salvedad de que, en caso de que se les dé curso, las acciones civiles quedarían suspendidas.
Jiménez Bonilla aseveró: "Reto a Formal a que me lleve al Colegio de Abogados para determinar el pago que me corresponde. ¿Por qué es que hasta ahora no me ha acusado ante el Colegio?"
De igual forma cuestionó el modo como se adquirieron las patentes para el funcionamiento de los locales al carecer de planos catastrados y escrituras. Sin embargo, el ejecutivo municipal de San Pedro, Vicente Bruno, brindó a este medio una lista de requisitos para trámite de patentes, en la cual la escritura no se contempla.
"El plano sí, pero no es prioritario. Es de mayor importancia el permiso de salud y la póliza de riesgos del trabajo. El plano sólo lo requerimos para ubicar y poder hacer el cobro, pero damos plazos para ello. La Municipalidad necesita esas entradas y no tiene la intención de entorpecer el funcionamiento de los comercios", agregó Bruno.
Tropiezos
Desde su inicio, el Mall San Pedro ha enfrentando una serie de trabas para funcionar.
-18 de agosto de 1993: La Municipalidad de Montes de Oca clausura la construcción por carecer de los permisos necesarios.
-17 de setiembre de 1993: La Municipalidad no logra paralizar la construcción ya que no cuenta con el apoyo del Ministerio de Seguridad Pública.
-22 de setiembre de 1993: Se determina que el Mall debe pagar un multa de ¢35 millones por construir sin permisos.
-30 de setiembre de 1993: Mall presenta los permisos de construcción y paga ¢14 millones por concepto de multas e impuestos.
-26 de junio 1995: El ayuntamiento de Montes de Oca informa de que ningún local del Mall tiene patente, pese a anunciarse su apertura en este mes. Fuente: Centro de Documentación de La Nación