Una amonestación severa, por escrito, impuso ayer el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Naranjo, al embajador de Costa Rica en Italia, Rubén Hernández Valle, por haber gestionado en favor del prófugo italiano Luigi Ardino.
De acuerdo con Naranjo, Hernández violó varias normas del servicio exterior al firmar una carta -cuando ya había sido designado en ese cargo- que daba fe de que un cerficado de antecedentes penales de Ardino se encontraba en proceso de legalización en Roma.
El Canciller dispuso además iniciar un proceso administrativo contra el embajador alterno ante las Naciones Unidas, José Manuel Gutiérrez, vicepresidente de la sociedad Vida y Sueño, proyecto turístico presidido por Ardino.
Naranjo justificó la diferencia en el trato a los dos embajadores en que mientras Hernández aceptó haber faltado a su deber, del segundo no se conoce aún si infringió alguna norma una vez que fue designado en el cargo.
La decisión la adelantó el funcionario ayer a La Nación, vía telefónica desde el aeropuerto Juan Santamaría, poco antes de salir en un viaje oficial de dos semanas a Alemania y Francia. En esta gira planea reunirse con los embajadores del país en Europa.
Al ser enterado por este diario sobre la acción del Canciller, Hernández lamentó la amonestación y admitió que había cometido un descuido al firmar una nota para un cliente de su bufete -Hernández, Gutiérrez y Pauly- cuando ya fungía como embajador. "Inocentemente la firmé, como un favor a Ernesto Gutiérrez, quien la había redactado previamente", dijo Hernández a las 5:15 p.m. de ayer (12:15 a.m. hora de Italia).
Naranjo tomó estas medidas luego de estudiar los informes enviados el lunes anterior por Hernández y Gutiérrez sobre sus relaciones con Ardino, quien está detenido en el país desde el pasado 24 de octubre.
El Juzgado de Instrucción del tribunal de Ancona, Italia, requiere a Ardino, desde el 16 de febrero del año pasado, para que enfrente un juicio por asociación ilícita para cometer delitos fiscales.
En la "providencia de aplicación de media cautelar personal", dictada el 16 de febrero de 1994 por el juez para investigaciones preliminares, M.V. D' Aprile, se califica a Ardino como "director" y "promotor" de "una serie indeterminada de delitos" (Véase nota aparte).
Desde su celda en San Sebastián el italiano dijo ayer a La Nación que nunca ha sido un delincuente y que es víctima de un escándalo político en su país.
Abuso del nombre
Al margen de las decisiones del Canciller, ayer trascendió que Ardino también se hacía pasar por diplomático costarricense en Mónaco para incrementar el éxito de sus negocios.
Según consta en documentos entregados al diputado independiente Rodrigo Gutiérrez, ayer a las 11 a.m., el 20 de abril de 1994 la cónsul general de Costa Rica en Mónaco, Lucille Montagu Pellegrini, advirtió a la Cancillería que Ardino usaba su cargo diplomático para enganchar potenciales clientes en ese principado.
En la misma misiva, enviada al director del servicio exterior, Edgar García, Montagu comunicó que los representantes de Ardino en Costa Rica eran miembros del bufete al que pertenecen Hernández y Gutiérrez.
"Todos ellos se dedican a la formación y representación de sociedades anónimas. El éxito alcanzado por el señor Ardino a la hora de formar estas sociedades ha radicado en que los clientes de dicho señor estaban confiados en que dichas sociedades estaban siendo formadas por un representante oficial del Gobierno de Costa Rica", aseveró Montagu.
Calderón admite error
Ante la controversia generada por la detención de Ardino, el expresidente Rafael Angel Calderón Fournier reconoció ayer en entrevista concedida al telenoticiario NC4 que fue un error haberlo nombrado durante su administración como agregado económico ante la Embajada de Costa Rica en Bélgica.
"En este caso fue un error de nuestra administración, en otros casos ha sido errores de otras administraciones", dijo el exmandatario tras aceptar que fue su primo Carlos Aguilar Calderón quien intercedió para el nombramiento del italiano.
Calderón, quien declinó responder a un cuestionario enviado por La Nación el lunes anterior, no ahondó sin embargo en las razones por las cuales Ardino fue destituido en agosto de 1993, con carácter retroactivo a enero de ese año.
El excanciller de la administración Calderón, Bernd Niehaus, en un facsímil enviado ayer a este diario relató que es imposible recordar los detalles ocurridos hace cinco años e insistió en que, ni conoce, ni ha tenido relación alguna con el extranjero.
Calderón, no obstante, había dicho en un escueto comunicado que fue Niehaus quien tuvo noticias de que Ardino no era una persona que merecía la confianza de tener una posición en el servicio exterior del país.
Sancion diplomática
La amonestación por escrito del canciller Fernando Naranjo al embajador costarricense en Italia, Rubén Hernández Valle, es la medida disciplinaria más leve establecida en el Estatuto del Servicio Exterior.
La sanción se sustenta en los artículos 34 a), 35 f) y e) de esa normativa, los cuales establecen que:
Finalmente, los recursos se transferían a Italia, a favor de Schiavino. Es deber de los funcionarios diplomáticos y consulares velar por los intereses y el prestigio de la República.
Está prohibido a los funcionarios del Servicio Exterior participar directa o indirectamente en actividades comerciales, profesionales o industriales en el país donde ejerzan sus funciones.
Los funcionarios no pueden hacer un uso indebido de las inmunidades y privilegios propios de sus cargos.Dentro del Estatuto del Servicio Exterior la sanción por escrito o verbal es la medida disciplinaria más leve que se le puede aplicar a un funcionario diplomático o consular.
Fuente: Comunicado de prensa de la Cancillería y Estatuto del Servicio Exterior.
Operación paso a paso
En la providencia (procesamiento) dictada contra Luigi Ardino por el juez italiano M.V. D'Aprile, se le atribuye dirigir la siguiente operación de "evasión fiscal":
Promover y constituir, en Gran Bretaña, las sociedades ficticias de asesoría "Flair Services" y "Electro Engineering" que emitían facturas por operaciones inexistentes.
Esas operaciones, según el juez, permitían a Sergio Schiavino -también acusado por la misma causa en Italia- justificar costes para sus empresas, deducibles de las declaraciones de la renta.
Esos dineros, posteriormente, se transferían en depósitos bancarios a Montecarlo, abonados en institutos de crédito ingleses.