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Gastos en la campaña del 2010

Juzgado definirá en octubre si el PAC enfrenta juicio por presunta estafa

Actualizado el 16 de septiembre de 2014 a las 11:33 am

Dos exfuncionarios de la agrupación figuran como imputados por los supuestos delitos de estafa y uso de documento falso

Procuraduría demanda el pago de ¢516 millones, más intereses, costas y una indemnización por daño social

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Juzgado definirá en octubre si el PAC enfrenta juicio por presunta estafa

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El lunes 13 de octubre será la audiencia preliminar para determinar si el Partido Acción Ciudadana (PAC), debe enfrentar un juicio por presunta estafa contra el Estado.

                      La organización de la campaña estaba en manos de voluntarios. A algunos de ellos les pidieron fingir que cobraban sus servicios para después incluirlos como gastos ante el TSE, según la investigación del TSE. | ARCHIVO
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La organización de la campaña estaba en manos de voluntarios. A algunos de ellos les pidieron fingir que cobraban sus servicios para después incluirlos como gastos ante el TSE, según la investigación del TSE. | ARCHIVO

Durante cinco días en el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José se analizará la demanda que presentó el Ministerio Público por el manejo financiero que hizo la agrupación durante la campaña presidencial del 2010.

En la querella por estafa de ¢16,2 millones y uso de documentos falso, figuran como imputados Maynor Sterling, quien fue tesorero del PAC durante ese año, y Manuel Antonio Bolaños, empleado administrativo de la agrupación. El Partido, de manera solidaria, también debe enfrentar el proceso judicial.

Además de la la Fiscalía, la Procuraduría General de la República es otra de las querellantes del proceso.

El abogado del Estado, como actor civil, está demandando al PAC el pago de ¢516 millones, más interes, las costas del proceso judicial y una indemnización por daño social, que todavía no ha sido cuantificada por un perito, explicó el procurador penal, Rándall Aguirre.

TSE. La Fiscalía presentó la demanda hace nueve meses, tras una denuncia del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en octubre de 2010, en la cual se hallaron presuntas violaciones al Código Electoral. Supuestamente el PAC cobró dentro de la deuda política de esa campaña facturas por servicios especiales que se prestaron pero de forma gratuita o bien, del todo no se realizaron.

Aunado a ello, el TSE denunció la presunta existencia de firmas falsas en algunos de esos contratos.

“Creemos que tenemos suficientes pruebas para que el caso sea elevado a juicio. El TSE y el PAC nos brindaron documentos importantes. Además, el OIJ (Organismo de Investigación Judicial) se encargó de la investigación y de entrevistar a los testigos que pretendemos utilizar en la fase oral”, aseveró el fiscal auxiliar, Alexander Valverde.

A la espera. La presidenta a.i. del PAC, Kattia Martin, aseguró que en los Tribunales es donde se debe esclarecer el tema.

“Para mí es la mejor instancia donde se debe tratar el caso, seremos respetuosos de lo que resuelva el juez, evidentemente creemos que el resultado será favorable para nosotros. Por ahora estamos asesorándonos por profesionales de alto nivel, tanto externos como a lo interno del Partido”, dijo Martin.

El tesorero rojiamarillo, Anthony Cascante, agregó que es millonaria la suma que el PAC ha tenido que desembolsar para defenderse en este proceso, principalmente por la remuneración de sus dos abogados, Bernal Salazar y Ronny Guevara, quienes defienden a Sterling y Bolaños.

“Solo para la audiencia preliminar estamos presupuestando gastar hasta ¢13,5 millones”, aseveró Cascante.

Capacitaciones. El PAC es el segundo partido que es demandado por el Ministerio Público. El Movimiento Libertario también enfrenta un proceso también por supuesta estafa, pero en este caso por falsas capacitaciones.

El caso de los Libertario ya fue elevado a juicio, solo falta que se señale la fecha de inicio.

La Fiscalía acusó al exvicepresidente del Movimiento Libertario, Ronaldo Alfaro; al contador del Partido, Róger Segura, y al exsecretario de capacitación, Carlos Solano.

A los tres se les atribuye el supuesto delito de estafa contra el TSE por el cobro de ¢240 millones por 190 capacitaciones ficticias tras las elecciones del 2010.

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Natasha Cambronero

natasha.cambronero@nacion.com

Periodista de Política

Periodista en la sección de Política. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Escribe sobre el quehacer de los partidos políticos y el financiamiento electoral, entre otros temas.

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