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El jefe de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Gerardo Vargas Rojas, corrió a pagar los deudas que cuatro de sociedades ligadas a él adeudaban al Registro Nacional por concepto de impuesto a las personas jurídicas.
Vargas las canceló la noche del martes, poco después de que La Nación le consultó por qué sus sociedades aparecían morosas con el tributo en la página web del Registro.
El jefe de los socialcristianos dijo que su error fue no percatarse de las deudas acumuladas entre el 2012 y el 2015; y que canceló porque no quiere dejar ninguna duda sobre sus actuaciones a pesar de que el impuesto fue declarado inconstitucional a partir del 2016
Vargas es el presidente de cuatro sociedades anónimas que le debían al Estado ¢2,6 millones, según la base de datos del Registro Nacional.
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La tarde del miércoles, ya las sociedades ligadas a Vargas Rojas aparecían al día, según pudo constatar este medio.
"Anoche mismo lo pagué. De esas cuatro sociedades en las que estoy como presidente, hay tres en las que no soy accionista, solo en una. Sin embargo, entendiendo mi responsabilidad como presidente (de esas personas jurídicas) y porque no quiero que queden dudas, mandé a cancelar los cuatro saldos", comentó el diputado vía telefónica a La Nación.
Apoya condonación.
A la vez que estas sociedades aparecían morosas, Gerardo Vargas apoyó con su firma una moción del PUSC para que el Congreso perdone a los deudores del tributo, bajo la condición de que desinscriban sus personas jurídicas en el plazo de un año.
Consultado sobre la conveniencia de respaldar una condonación que le habría beneficiado, el diputado aseguró que mantiene el apoyo a esa propuesta de Rosibel Ramos.
"La moción tiene sentido, partiendo de que el impuesto es inconstitucional. Yo no quisiera que otros costarricenses paguen un impuesto inconstitucional como me ha tocado a mí", arguyó Vargas Rojas.
La Sala IV anuló el tributo a partir del 2016 por un error legislativo en el procedimiento de creación, porque no se publicaron unos cambios antes de aprobarse pero mantuvo vigentes los cobros del periodo 2012-2015. Actualmente, los diputados discuten la posibilidad instaurarlo de nuevo.
Aparte de la moción respaldada por Vargas, hay cuatro propuestas más del PUSC, firmadas por los diputados Ramos y Luis Vásquez, para perdonar las deudas de los morosos en diferentes rangos, bajo el argumento de que se trata de personas pobres que no han podido cancelar esa carga tributaria.
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El impuesto a las sociedades se destinaría en un 90% a financiar a la Fuerza Pública.
Además de Vargas Rojas, tres sociedades presididas al legislador socialcristiano Johnny Leiva también aparecían con deudas por total ¢2,1 millones.
Al cierre de edición, estas todavía aparecían morosas.
El jefe de la fracción del PUSC aseguró que, si la condonación que intenta el PUSC no tiene el apoyo suficiente, él propuso una moción para modificar el expediente legislativo 19.818, Ley de impuesto a las personas jurídicas, que destine todos los fondos que a la fecha se adeuden por ese impuesto al Ministerio de Justicia, "para que se construyan más espacios carcelarios y se deje de liberar reos".
"Ni el Ministerio de Hacienda ni el Registro Nacional han hecho nada por cobrar esa morosidad. Si se le destina a Justicia para construir esos espacios, entonces tendrían un incentivo para cobrarlos", apuntó Gerardo Vargas.
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