Jefe del Frente Amplio: Valió la pena ceder sobre las huelgas para lograr la ley

Después de una negociación de varios días, la bancada del Frente Amplio (FA) aceptó sacar del proyecto de ley de Reforma Procesal Laboral, varios artículos que permitían las huelgas en los servicios esenciales, como los que brindan la Policía y los hospitales.

Los diputados frenteamplistas cedieron en diciembre pasado, con tal de que el Congreso aprobara el proyecto con el que se acortarían los plazos de los juicios laborales mediante la introducción de los procesos orales, de manera que ya no durarían cinco o 10 años, como sucede ahora.

Esa decisión les ha traído críticas, sobre todo en redes sociales, por parte de sectores sindicales que se han opuesto a la aprobación del plan que levantó polémica durante cuatro años desde que, en octubre del 2012, la entonces presidenta Laura Chinchilla lo vetó por considerar que las huelgas en servicios esenciales violarían la Constitución.

En el 2014, con el apoyo del Frente Amplio, el actual gobernante Luis Guillermo Solís, revivió esta iniciativa mediante un levantamiento del veto, pero la Sala IV se lo trajo abajo de nuevo en el 2015, lo que devino en una negociación política que incluyó a los propios frenteamplistas.

El jefe de la fracción del FA, Gerardo Vargas Varela, defiende en entrevista con La Nación la decisión de ceder frente a otros negociadores del Partido Liberación Nacional (PLN), del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC).

El legislador, conocido por su larga barba, relató además cómo se manejó en ese momento la disidencia en su bancada, pues dos de sus nueve miembros votaron en contra de esa Reforma Laboral: Ligia Fallas y Carlos Hernández, quienes precisamente han formado parte de la cúpula de sindicatos en algún momento.

Esta es la entrevista con el diputado limonense.

-Para la fracción del Frente Amplio, ¿qué significa la aprobación de la Reforma Procesal Laboral, tal como quedó?

-Nosotros siempre dijimos que es un proyecto clave para la vida de este país en materia laboral. Lógicamente, uno tiene aspiraciones: una de ellas, para el Frente Amplio, era que el proyecto saliera tal como se había aprobado en setiembre del 2012 (con las huelgas en servicios esenciales).

"Sin embargo, en la vida política no todo pasa como se quiere. La negociación es clave. Por eso, cuando retomamos esta reforma y fuimos parte del equipo negociador en el Congreso, vimos con buenos ojos que el plan saliera y que había ambiente.

"Por eso, estuvimos de acuerdo en que algunos temas quedaran fuera, pero no están desechados, pues se pueden trabajar en otros proyectos. Lo importante es que tenía que salir el plan".

-¿Cuáles temas aceptaron ustedes dejar por fuera?

-El de las huelgas en los servicios básicos o esenciales. Pero no es que no se haya reglamentado, en realidad quedó tal como está actualmente regulado en el Código de Trabajo.

-¿Qué significa para el Frente Amplio, ante adeptos y seguidores, haber cedido al sacar ese tema?

-En primer lugar, significó que lo grueso del proyecto se pudiera aprobar. Como partido, no nos íbamos a encerrar en una posición intransigente que impidiera que el proyecto se aprobara. Si ceder significó que el proyecto se aprobara, es lo que nosotros queríamos.

"Lógicamente, cuando en política se negocia y hay que ceder en algunas cosas, a muchas personas no les gusta. Eso es normal.

"Pero el Frente Amplio tiene claro que al ceder en algunas cosas, por conseguir aspectos tan importantes como los conseguidos en la reforma, estamos dándole un gran aporte a la clase trabajadora".

-El Frente Amplio, a pesar de ser un partido más cercano a los sindicatos, fue el único que tuvo diputados en contra de la aprobación de esa iniciativa: Ligia Fallas y Carlos Hernández. ¿Cómo lo manejaron?

-Tenemos una dinámica de trabajo. Siempre tratamos de ponernos de acuerdo en un proyecto y votar unánime, pero si también tenemos uno o dos que no están de acuerdo, se les deja libertad para votar como quieran.

"Fue el caso de la Reforma Procesal Laboral, hubo dos compañeros que no estaban de acuerdo, dieron sus argumentos y se les respetó".

-Pero ellos son los únicos diputados del Frente Amplio que realmente han sido líderes sindicales formalmente. Es particular que ellos, precisamente, estuvieran en contra de esta Reforma Laboral.

-Es porque hay sindicatos, desde que este proyecto inició su trámite en el Congreso, que no han estado de acuerdo y lógicamente hacen lobby en algunos diputados.

"Puede ser que los compañeros que votaron en contra lo hayan hecho por diálogos con esos sindicatos y, a raíz de los argumentos que escucharon, decidieran votar en contra".

-A ver, sobre todo fue el sector magisterial el que estuvo en contra de la Reforma...

-Del Magisterio, pero también de los sindicatos de trabajadores de la salud.

-¿Por qué?

-No sé, tuvimos muchas reuniones con ellos para explicarles la importancia de esta Reforma Procesal y ellos siempre se mantuvieron en contra. Nosotros respetamos sus posiciones y no podíamos obligarlos a estar de acuerdo con nosotros.

-Ligia Fallas y Carlos Hernández hablan de que el derecho a huelga de los sindicatos se debilita con esta ley.

-Todo lo contrario. Con el proyecto aprobado se fortalecen grandemente los sindicatos y la huelga, principalmente en el sector privado. Con esta ley, vamos a tener la posibilidad de que haya huelgas legales, una vez declaradas por un juez, en una empresa privada.

"Eso, en este momento, es impensable. Esta ley da un aporte grandísimo a los sindicatos y las huelgas. Es una deuda internacional del país".

-En las negociaciones finales, el liberacionista Antonio Álvarez incluyó reformas, aceptadas por ustedes, por ejemplo para reducir el plazo para regresar al trabajo y el porcentaje de trabajadores necesario para llamar a una huelga.

-El tema de la huelga en la empresa privada era de lo grueso de la Reforma Procesal Laboral. Los que negociamos en esta última etapa, todos tuvimos que ceder en algo para lograr que saliera aprobada.

"Todos estábamos convencidos de que la discusión tenía que salir. Yo lo que valoro es la anuencia que hubo de todos los actores para ceder todos un poquito, ponernos de acuerdo y tener Reforma Procesal Laboral".

-Pero al Frente Amplio, partido más cercano a los sindicatos, es al que más le pasan la factura por ceder en esas cosas.

-No creo, porque hasta el momento más bien la respuesta que hemos tenido de la gente en las comunidades es que nos dicen: 'Qué bueno que se logró aprobar la Reforma Procesal'.

"Al día de hoy, la fracción no ha encontrado reproche de nadie por aprobar ese proyecto, la gente está contenta".

-¿Ni siquiera reproches de sindicatos de los sectores que estaban en contra, de maestros, médicos, en fin?

-Pueden existir comentarios en redes sociales, pero que la fracción haya recibido un documento oficial de algún sindicato, central sindical o grupo reprochándonos por cómo quedó la Reforma, no hemos recibido ni uno solo.

-En cuanto a lo que cedieron, ¿valió la pena ceder en los cambios que endurecen los llamados a huelga, para tener la Reforma aprobada?

-Totalmente, por supuesto que valió la pena. De no haberlo hecho, no tendríamos hoy la Reforma Procesal Laboral y la posibilidad de que, en la empresa privada, los trabajadores puedan decidir, por votación democrática, irse o no a huelga. Eso no existía.

"Incluso, con el aval de Álvarez Desanti, los trabajadores de las fincas bananeras que él tiene se pueden ir a huelga, lo que antes era imposible".

-Sobre cómo manejan las disidencias en el Frente Amplio, ¿hasta dónde llegan?

-En la fracción ponemos el tema a discusión, se analiza. A veces todos dicen que votan a favor de un plan, a veces no y si alguien dice que va a votar en contra, se respeta la decisión y nadie hace berrinche ni se le reprocha a nadie.

-¿Qué es eso que tanto le gusta a su fracción de la Reforma Laboral?

-Muchas cosas, pero sobre todo los juicios orales, la agilización de los trámites laborales y el tema de la huelga en la empresa privada. Son avances grandísimos. Y el hecho de que ahora el Estado tenga que asignarle a un trabajador un defensor público, un abogado, para juicios laborales.