El Instituto Nacional de Seguros (INS) prosigue el pago de prestaciones a agentes vendedores, aunque esté en curso una minuciosa investigación de las carteras de esos funcionarios en busca de eventuales anomalías.
Según el Presidente Ejecutivo de esa entidad, Alejandro Soto, continuán las cancelaciones a los agentes que renuncian, pero con erogaciones parciales, de acuerdo con el avance en el estudio de cada cartera.
De esta forma, los empleados solo reciben el dinero correspondiente a las partes de su lista de operaciones que ha salido limpia en las investigaciones.
La búsqueda de operaciones anómalas en las solicitudes de prestaciones produjo una sustancial reducción en las peticiones y en los montos pagados.
Solo durante setiembre la institución erogó ¢183 millones en ese rubro, cifra que contrasta con los ¢240 millones pagados durante agosto. Durante el año, hasta el 30 de agosto, habían sido cancelados ¢739 millones.
Mientras en junio y julio renunciaron 24 agentes (12 en cada mes), en setiembre solo hubo 6 solicitudes, y en lo que va de octubre únicamente 3. Incluso hubo quienes dieron marcha atrás en la decisión de dejar su trabajo.
Soto declinó detallar nombres de agentes aseguradores y los montos de sus prestaciones.
El sigilo en la retribución a los empleados que dejaban el INS se inició en setiembre al detectarse un mecanismo usado por los agentes para duplicar el monto de ese derecho.
La maniobra consistía, según Soto, en que un agente a punto de renunciar fusionaba su cartera de clientes con otro, quien al quedarse con las dos pedía su salida del INS un año después e incrementaba sustancialmente sus prestaciones.
Este sistema comenzó a darse como un efecto secundario de un laudo dictado en febrero de 1990 por el Tribunal superior de Trabajo de San José, Sección Primera, que autorizó a los agentes de seguros a pedir el rompimiento absoluto de topes económicos y de causales de pago, aunque hubiesen renunciado al trabajo.
Como consecuencia de esta disposición, ha habido agentes del INS que presentan peticiones por ¢73,4 millones, como Heriberto Rojas, o de ¢60,3 millones en el caso de José Francisco Zeledón.
Esta es una de las razones por las cuales la Contraloría General de la República autorizó el 18 de setiembre una petición del INS para romper su relación laboral con los agentes y hacer contrataciones directas a comercializadoras de seguros.