El horario de una maestría en la UNA le demanda ¢675 millones anuales al Poder Judicial

Algunos magistrados cuestionan que las clases se den en horas del día y no en la noche y debaten si ese gasto debe excluirse del Presupuesto Nacional del próximo año, como parte de las medidas de austeridad que se quieren ejecutar.

El diputado del PAC, Ottón Solís, en su condición de presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios, -que analiza el plan de gastos-, solicitó a la presidenta de la Corte, Zarela Villanueva, hacer recortes por no menos de ¢20.000 millones, dada la dificit situación fiscal que enfrenta el país.

Debate. Esa partida de ¢675 millones en sustituciones, que representa el 0,16% del presupuesto del Poder Judicial del 2015 que supera los ¢400.000 millones, fue centro de la polémica el pasado martes, en la última sesión de Corte Plena.

En un principio por mayoría de 17 contra tres, se acordó sacarla del presupuesto, pero a última hora se presentó una revisión que dividió a los magistrados y obligó a que el tema se vuelva a discutir el próximo lunes.

Por un lado, el presidente de la Sala III, Carlos Chinchilla, argumenta que esa maestría que se imparte a jueces, fiscales y defensores públicos, debe “renovarse a los tiempos actuales” y adaptarse para que no choque con los horarios de los funcionarios judiciales.

“La UCR y las universidades privadas ofrecen posgrados en la noche, ¿por qué la UNA no puede hacerlo también¡ El Estado no tiene que estar pagando esos gastos innecesarios que se ahorran solo cambiando los horarios. No cuestiono el programa porque está comprobado que es excelente”, expresó Chinchilla.

Por otra parte, el también magistrado de la Sala III, José Manuel Arroyo, defiende el horario de la maestría y asegura que es imposible impartirla en las noches.

Arroyo, quien es coordinador de la parte penal del posgrado agregó que los estudiantes requieren estar a tiempo completo, debido “al alto nivel” del programa, que exige que los estudiantes no solo asistan a clases, sino que realicen trabajos de investigación.

“Si se ve solo la suma, claro que es mucho dinero, pero es la única oportunidad que tienen los profesionales de prepararse un poquito. Sacrificar esos recursos sería afectar a quienes trabajan fuera de la GAM y principalmente a las mujeres, que no podrían asistir a clases en las noches por sus obligaciones, que son dobles a las de un hombre”, aseveró.

Una inversión. El coordinador general de la maestría, José Carlos Chinchilla, se unió al clamor de Arroyo. A su juicio, la partida de ¢675 millones en sustituciones se debe ver como una inversión y no como un gasto.

“Sería un error confundir inversión con gasto. Esta es única y mejor forma de mejorar la administración de justicia, mediante una formación integral, que ayuda a mejorar la calidad de vida de los costarricenses y la seguridad jurídica del país”, manifestó el sociólogo.

Chinchilla explicó que desde el año 1995 existe el convenio con el Poder Judicial. Desde entonces se han graduado 397 funcionarios, cifra que representa el 70% de los estudiantes que han cursado la especialización, el resto son extranjeros, principalmente de Centroamérica y el Caribe.

Añadió que en la actualidad el 51% de los estudiantes son mujeres y el 47% provienen de las zonas rurales.