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Se trata de proyectos sobre anualidades, prohibición y topes salariales

Gobierno propone a diputados discutir seis reformas al empleo público

Actualizado el 26 de mayo de 2017 a las 09:18 pm

Viceministro de la Presidencia asegura que en todas las iniciativas habría que hacer ajustes, pero intentan consolidar consensos con todas las fracciones legislativas

PUSC alega que nadie del Gobierno se les ha acercado; Frente Amplio tiene la agenda propuesta en estudio y emitiría una respuesta la próxima semana

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El viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, intenta negociar con los partidos de la oposición una agenda de proyectos sobre empleo público que, en algunos casos, suaviza la legislación vigente y, en otros, la endurecería. Aquí con Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia. (Jorge Navarro.)

Luego de que varias fracciones legislativas hayan retado al Gobierno a que proponga reformas para contener el gasto público antes de discutir los planes para aumentar los impuestos, el Ejecutivo lanzó en el Congreso la propuesta para discutir seis reformas al empleo público.

Ninguna de las propuestas de recorte colocadas sobre la mesa de negociación es tan amplia como la que propuso originalmente la liberacionista Sandra Piszk, la cual fue torpedeada por el propio Gobierno a principios de este año y enviada al olvido.

Las que que ahora plantea discutir el Ejecutivo van de extremo a extremo: algunas subirían el gasto en incentivos como la dedicación exclusiva y otras lo reducirían drásticamente, como en el caso de las anualidades, aunque en este último caso, el Gobierno ha admitido que no tiene viabilidad.

"Varias fracciones legislativas ponen como requisito, antes de discutir los temas fiscales, avanzar en empleo público y gasto público en general. Ante el descalabro del proyecto 19.506 (el presentado originalmente por Sandra Piszk) nos hemos puesto la tarea de ver los proyectos que tienen consenso", dijo Luis Paulino Mora, viceministro de la Presidencia.

A criterio del viceministro, es posible que todos puedan vivir con esas reformas, incluso los sectores más opuestos a las reformas del empleo público, alojadas en el Frente Amplio y en el Partido Acción Ciudadana (PAC).

Entre los planes que podrían tener consenso, a criterio de Luis Paulino Mora, están los planes del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y del Frente Amplio para fijar topes a los salarios de los altos jerarcas del sector público y la propuesta del Movimiento Libertario de un salario único para presidente, vicepresidentes, ministros, viceministros y directores.

Además, hay dos proyectos para reformar el pago de anualidades como incentivo por el buen desempeño de los funcionarios públicos: uno promovido por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) y otro propuesto por el Movimiento Libertario.

Finalmente, a raíz de los polémicos casos de pagos irregulares por prohibición a jerarcas del Gobierno, la liberacionista Sandra Piszk presentó una iniciativa de ley para regular el otorgamiento de los incentivos por dedicación exclusiva y por prohibición en el ejercicio liberal de la profesión.

"Estos son los proyectos que tendrían quizás más apoyo. Esto nos presenta un panorama similar al del año pasado, cuando había cuatro proyectos diferentes para reformar las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional. El trabajo que se hizo, entonces, fue hacerlos convivir", comentó Mora.

El viceministro explicó que la intención no es tramitarlos por la vía rápida, sino sacarlos de sus respectivas comisiones, enviarlos al plenario (tal como lo permite el artículo 177 del Reglamento legislativo, al dispensarlos de los trámites) y votarlos en el pleno.

El intento del Gobierno llega una vez que las aguas del Congreso van regresando a su nivel, luego de las elecciones legislativas del 1.º de mayo, y confirma el acercamiento que intenta no solo con varias de las bancadas, sino principalmente con la liberacionista, la que aporta la mayor cantidad de votos posibles: 18 diputados. 

"El PLN está estudiando el asunto, yo he hablado con doña Karla (Prendas, jefa de la fracción del Liberación Nacional) y doña Sandra (Piszk). No hay compromisos aún, pero la idea no parece descabellada, esperemos que este sea un buen comienzo", indicó Luis Paulino Mora.

En el paquete que plantea el Gobierno no entra aún el proyecto de regla fiscal, para fijar límites al endeudamiento y al gasto público, así como responsabilidades a los jerarcas que incumplen esos límites, pero Mora arguyó que podría entrar en una segunda etapa de proyectos.

Mientras el jefe del Frente Amplio, Francisco Camacho, comentó que la propuesta les llegó el miércoles pasado y que apenas la están analizando, Gerardo Vargas Rojas, diputado del PUSC, dijo que nadie se les ha acercado para hablar de esa agenda de empleo público.

"Lo estamos analizando, no hemos dado ningún tipo de respuesta. Estamos en un punto de análisis, la próxima semana estaremos dando una posición", comentó Camacho.

El socialcristiano apuntó: "Desconozco si individualmente han buscado a algún compañero y eso sería un error, como ya ha pasado en otros momentos. Como el Gobierno últimamente negocia con el Balcón Verde y con Antonio Álvarez Desanti, no sé si será con ellos".

Se intentó conocer la posición de Karla Prendas, jefa liberacionista, y de la diputada Piszk; sin embargo las llamadas entraron directamente en sus respectivas contestadoras.

Los seis proyectos

Este es el detalle de cada uno de los proyectos que negocia el Gobierno:

-Ley de límites a las remuneraciones totales en la función pública, del PUSC (exp. 19.156):

Es un proyecto de la Unidad Social Cristiana que plantea fijar un tope de ¢5,3 millones a los salarios más altos de la administración pública, sean de funcionarios o de jerarcas. Además, establece que los sueldos solamente podrían crecer de acuerdo con la inflación. Esas nuevas reglas solo serían aplicables para los nuevos funcionarios y no para los vigentes a la entrada en vigencia de la reforma.

-Ley sobre la promoción del buen desempeño de los servidores públicos, del Gobierno (exp. 19.787):

Es el proyecto del Mideplán que establece que las anualidades solo se les deben pagar a los empleados muy buenos y excelentes. Fija un tope para el pago de ese incentivo en un 2,54%. Actualmente, hay instituciones que pagan anualidades de hasta un 9% a sus empleados. A diferencia del criticado plan de empleo público de Sandra Piszk, este no fija los parámetros para pagar de manera diferente a empleados muy buenos y excelentes.

-Ley de eficiencia salarial en remuneraciones de los funcionarios y jerarcas de la función pública, del Frente Amplio (exp. 19.883):

Se trata de una iniciativa para fijar un tope de ¢5,5 millones a los salarios de los altos jerarcas y funcionarios públicos, a través de una fórmula diferente a la planteada por los socialcristianos. En cuanto a los altos mandos de entidades que operen en competencia, establece que se deberá fijar la remuneración con base en un estudio de mercado. De igual forma, se establece que los salarios superiores al tope fijado deberán mantenerse, por considerarse derecho adquirido.

-Ley para establecer el salario único al presidente, vicepresidentes, diputados, directores y oficial mayor, del Movimiento Libertario (exp. 19.977):

Esta propuesta legal sugiere tomar como parámetro salarial el ingreso máximo posible de un diputado. De esa forma, los ministros ganarán igual salario que los diputados: ¢3,8 millones. El presidente tendría un salario único igual al doble de la remuneración de los legisladores. El de los viceministros sería de un 80% de ese referente y los jefes de departamento tendrían salarios correspondientes al 60% de la remuneración de los viceministros.

-Ley de reconocimiento de anualidades, del Movimiento Libertario (exp. 20.224):

En este proyecto de ley, Otto Guevara y Natalia Díaz proponen que se les reconozca el incentivo por buena gestión solamente a una quinta parte de los empleados públicos que reciban una calificación de "excelente" en la evaluación anual. Según esta iniciativa, está en manos del director de departamento respectivo definir cuáles personas son las que entran en ese beneficio.

-Ley reguladora del pago por restricción al ejercicio liberal de la profesión, de Sandra Piszk-PLN (exp. 20.349):

El proyecto generaría un pago adicional pro dedicación exclusiva que no existe actualmente: un 30% para los profesores universitarios, pero mantiene los porcentajes actuales de un 55% para licenciados y un 20% para bachilleres. En cuanto a la prohibición, se eliminaría la posibilidad de pagarles ese plus a los empleados públicos no profesionales, pero mantendría los porcentajes actuales del 65% para licenciados y 30% para bachilleres. Además, eliminaría todas las normativas adicionales que hablen de los pagos por dichos pluses.

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Aarón Sequeira

aaron.sequeira@nacion.com

Periodista de Política

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica. Investiga y escribe sobre negociaciones políticas, pactos partidarios y proyectos de ley de impacto nacional.

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