Gobierno se declara incapaz de frenar publicidad de Uber en redes sociales y buscadores

San José.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) admitió que no puede limitar que la publicidad de la empresa Uber se canalice mediante redes sociales como Facebook y buscadores como Google.

Así lo reconoció Geannina Dinarte, jerarca de esa cartera, quien dijo que solo tomarán acciones contra las empresas nacionales que ofrezcan promociones en conjunto con Uber, plataforma dedicada a conectar usuarios y conductores para trasladar personas, pero sin tener autorización del Consejo de Transporte Público (CTP).

"Efectivamente, ahí entramos en los límites de la actuación del Estado. Es importante recordar que existe el principio jurídico de territorialidad, lo que impone que el Estado solo puede actuar entre sus fronteras. ¿Va entonces el Ministerio a buscar una multa contra estas empresas? Claro que no", expresó Dinarte.

Para ella, sin embargo, esas firmas internacionales también estarían incurriendo en una práctica similar a la que el MEIC empezó a perseguir la semana pasada en contra de compañías nacionales, a las que el Ministerio amenazó con abrirles un procedimiento en la Comisión Nacional del Consumidor tendiente a imponer multas que oscila entre los ¢4,2 millones y ¢17 millones (entre 10 y 40 salarios base).

El fundamento es que Uber opera sin aval del Estado, como lo señala la directriz presidencial emitida el 9 de agosto, en la cual se ordena al MEIC y a los ministerios de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y de Seguridad tomar acciones por la declaratoria de ilegalidad de Uber. Ese criterio es apoyado por otros transportistas, principalmente taxistas, que presionan por medidas más rigurosas.

La ministra Dinarte no considera que la limitación para actuar contra Facebook y Google reste lógica al esfuerzo del Gobierno contra Uber.

"Hay un gran reto que se nos ha impuesto, especialmente sin un marco legal con el cual intervenir, pero el Estado jamás podrá renunciar a actuar según el principio de territorialidad ni tampoco puede renunciar al mandato de hacer cumplir la ley. No es un absurdo, ni una contradicción que estemos actuando porque estamos enviando una señal clara", dijo.

Esta misma semana, Dinarte afirmó que el hecho de que empresas legales promocionen a una que es ilegal expone a los consumidores a "publicidad engañosa". Sin embargo, al consultársele por qué sería "engañosa" no explicó.

"Quien resuelve qué es una publicidad engañosa no es esta ministra, es la Comisión Nacional de Consumidor", se limitó a contestar.

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Uccaep alega 'persecución bolivariana'

Para Franco Arturo Pacheco, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), el empeño oficial de restringir a la transnacional Uber constituye una especie de "persecución bolivariana".

El representante empresarial, además, exigió al Gobierno explicar declaraciones recientes de Dinarte sobre los servicios de hospedaje Airbnb, otra modalidad de las llamadas economías colaborativas.

En declaraciones a este medio, Dinarte negó que el Gobierno vaya a perseguir en la misma medida la actividad local de Airbnb (dedicada a alquilar domicilios de particulares). Dijo que este es un negocio informal y no ilegal, como Uber.

El jerarca de Uccaep calificó de "errática, confusa y contradictoria" la declaración de Dinarte "y muy peligrosa viniendo de una ministra que representa la industria y el comercio".

"Nos llama poderosamente la atención que la señora ministra diga que Uber opera en la ilegalidad y Airbnb en la informalidad. Trabajar en la informalidad también es ilegal. Preocupa que una ministra de Estado ande diciendo esto y exigimos que el Gobierno aclare si están de acuerdo con la informalidad que representa 44% de la población económicamente activa", lanzó Pacheco.

En criterio de Pacheco, nadie trabajando en la informalidad aporta a la seguridad social, ni impuestos, ni salarios mínimos.

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"La ministra nos hace la diferenciación y tácitamente hace notar que Airbnb es informal y Uber ilegal. Es inaceptable tal analogía porque sugiere que trabajar en la informalidad es normal. Si bien muchas personas se ven forzadas a trabajar en la informalidad nunca podríamos de aceptar o decir que trabajar en la informalidad es legal", agregó Pacheco.

Pacheco agregó que el Gobierno, lejos de montar "la persecución bolivariana que han montado", debería promover una ley que les permita trabajar.

"Los taxistas trabajan de manera legal y están en derecho en hacer reclamos pero no apoyamos ni huelgas, ni actitudes violentas aunque respetamos su posición. No obstante, más que un asunto en contra de los taxistas, es inaceptable que Gobierno le robe la oportunidad de empleo a muchos ciudadanos con necesidad de este y el derecho a elegir otro tipo de servicio a los consumidores", concluyó.