Para el Gobierno, poco cuenta que la Contraloría General de la República (CGR) haya inhabilitado por tres años a Carlos Barrantes para ejercer cargos públicos, por autorizar —en el MEP— el pago de ¢68 millones por capacitaciones que no se habían impartido.
Consultado el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, sobre la contratación de Barrantes como asesor del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) a través del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), este remitió la consulta a la segunda vicepresidenta, Ana Helena Chacón.
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"Nosotros sacamos un concurso. Esta persona cumplía con los términos de referencia. Se contrató y ha hecho el trabajo a satisfacción", manifestó Chacón, consultada por los cuestionamientos que hizo la jefa de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Maureen Clarke, sobre la contratación de Barrantes.
Clarke catalogó la contratación como una forma ilegal de evadir el ordenamiento jurídico. "Esto demuestra la doble moral del Partido Acción Ciudadana que solo aplica el fundamentalismo ético que predica cuanto está en campaña o en oposición. Antes las consultorías eran malas, hoy ya no, y esto queda evidenciado con este tipo de contrataciones adjudicadas a sus amigos, cuestionados e inhabilitados", dijo la diputada.
Ante ello, la vicepresidenta aseguró que si hay alguna denuncia clara sobre alguna irregularidad por la contratación de este exfuncionario público, inhabilitado para ejercer cargos en el sector público, se deberían hacer.
"Si hubiese alguna denuncia clara sobre alguna irregularidad, les rogaría que hagan la denuncia, pero por el momento hemos recibido su trabajo a total satisfacción", explicó Chacón.
Ella no indicó si se conocía o no la condición de exempleado público sancionado que tiene el asesor del Patronato Nacional de la Infancia e insistió en la satisfacción por el cumplimiento del contrato.
Barrantes fue despedido en el 2015 y se encuentra inhabilitado para el servicio público hasta mayo de 2018.
Sin embargo, reapareció dando servicios para el sector público gracias a que la Unicef lo contrató como consultor, para apoyar al PANI en la construcción del plan maestro que guiará a la institución de aquí al 2020.
El coordinador de programas para Costa Rica, Rigoberto Astorga, solo afirmó ante consulta de La Nación que la contratación se realizó mediante una licitación pública y que esta se hizo apegada "a las normas y procedimientos" de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Según la licitación de Unicef, a Barrantes, entre otras funciones, se le encomendó participar en el proceso de apertura de cuatro oficinas nuevas del PANI en Pavas, La Uruca, Alajuela y Paraíso de Cartago.
Además, asesora en la instalación de cuatro unidades móviles del PANI que están ubicadas en las fronteras norte y sur del país, así como en las costas del Pacífico y del Atlántico y participa en el diseño de una metodología para viabilizar la instalación de seis centros de intervención temprana.
Barrantes fue sancionado en junio del 2010, pero su sanción solo se pudo hacer efectiva cinco años después.
El caso por el cual la Contraloría ordenó el despido de Barrantes se remonta al año 2006 cuando siendo director del Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación (Promece), en solo seis días hábiles aprobó y giró el pago de cuatro contratos de capacitaciones educativas por ¢68 millones, sin que las mismas se hubiesen realizado.