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persiste confrontación entre finqueros e indígenas

Piden a Gobierno aclarar derechos de tenencia en Salitre

Actualizado el 09 de julio de 2014 a las 12:00 am

Viceministra revisará documentos y promete volver a la zona el 13 de julio

Calma retornó temporalmente a la comunidad tras un acuerdo entre grupos

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Piden a Gobierno aclarar derechos de tenencia en Salitre

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Piden a Gobierno aclarar derechos de tenencia en Salitre (Kenneth Barrantes)

Buenos Aires. Finqueros e indígenas del territorio de Salitre, en este cantón puntarenense, reclaman prontitud al Gobierno para que defina a quiénes pertenecen las tierras en conflicto.

Con ese objetivo, la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, se comprometió a revisar documentación y regresar el 13 de julio con el panorama más claro.

Lo más urgente era recuperar la calma, había expresado Zúñiga, quien logró un acuerdo con cada uno de los grupos en disputa.

“Lo primordial era frenar toda clase de bloqueos en la zona y garantizar que no habrá ningún tipo de acto violento, con el apoyo de la Fuerza Pública”, agregó.

En caso de que haya incumplimientos, las autoridades tomarán acciones legales, señaló la jerarca.

Para buscar una solución, la viceministra tendrá que considerar los alegatos de las dos partes.

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Mientras que los nativos se amparan en la Ley Indígena de 1977 para reclamar derechos sobre los territorios, los no indígenas argumentan que son fincas que compraron en el pasado, por lo que, de perderlas, el Estado tendría la obligación de indemnizarlos.

El territorio de Salitre comprende 12.700 hectáreas y hasta el 2013 los indígenas habían recuperado el 75%; es decir, 9.525 hectáreas.

Zúñiga estuvo acompañada por representantes del Registro Nacional, Defensoría de los Habitantes, organizaciones no gubernamentales y diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio.

Disputa reiterada. Aunque este conflicto lleva años, la tensión subió de nuevo el domingo cuando un grupo de finqueros bloqueó la vía a la comunidad indígena de Cebror, como respuesta a supuestas invasiones en terrenos que reclaman como suyos.

Por esa razón, instalaron un campamento, en el cual duermen y se alimenta a unas 150 personas.

“Tengo una denuncia interpuesta en el Ministerio Público, porque los indígenas invadieron mi finca el 1.° de julio de este año. No tengo escrituras, sino el derecho de posesión sobre esos territorios y si me quieren sacar que paguen por ellas. No me interesa mandarle a cortar la cabeza a ningún indígena”, manifestó Lucía Navarro.

La mujer afirma que su papá adquirió la propiedad en 1966.

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Cerca de ella, Álvaro Solís aseguraba que ellos respetan a los nativos, les dan trabajo e inclusive hacen fiestas donde toda la comunidad comparte, sin ninguna distinción de la etnia.

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Mientras, Annia Gómez, otra lugareña, señaló que “hay indígenas que expropian a los mismos indígenas. Ellos venden y luego reclaman. Al final todos somos vecinos, hay indígenas que trabajan como peones de las fincas, al final todos trabajamos juntos”.

Según datos del Poder Judicial, desde enero del 2013 han ingresado 34 denuncias de usurpación, presentadas tanto por finqueros como por los indígenas, quienes además denuncian daños a sus bienes y amenazas a sus vidas.

Es el caso de Ligia Suárez, quien afirmó que su mamá y sus hermanos tuvieron que huir hacia la montaña para evitar los ataques.

“Todavía tenemos a familiares escondidos porque hay un temor de que en las noches y madrugadas, cuando hay menos seguridad en la zona, nos vengan a agredir con piedras, palos y armas de fuego”, manifestó Suárez.

El punto coincidente entre todos es la necesidad de que el Gobierno resuelva el asunto con prontitud y que aplique los procesos legales que hagan falta para definir la tenencia de estas tierras.

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