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Aparente irregularidad en Santa Cruz

Fiscalía verá invasión de hotel en playa guanacasteca

Actualizado el 12 de febrero de 2017 a las 12:00 am

Desarrollo hizo movimiento de tierra en zona pública, según Setena

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Fiscalía verá invasión de hotel en playa guanacasteca

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Vista de parte de los movimientos de tierras no autorizados confirmados por la Setena el año anterior en playa Pan de Azúcar. | SETENA PARA LN.

El Ministerio Público de Santa Cruz (Guanacaste) indagará la supuesta invasión de una playa en esa provincia por obras del proyecto inmobiliario Las Catalinas.

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) elevó la notificación del caso a la Fiscalía el 19 de enero anterior, con copia al apoderado general de Las Catalinas Properties Holding Limitada , Neal Morrison Herman.

Setena solicita investigar un presunto delito de invasión de la zona pública de la playa Pan de Azúcar.

El caso se remonta al 11 de diciembre del 2015, cuando el propio Morrison informó a Setena de lo ocurrido en un sector de la playa, localizada en Santa Cruz, donde se estaban construyendo 21 villas del hotel llamado Casa Camaleón, que es parte de Las Catalinas.

Ese desarrollo también incluía restaurante, piscina, zona de estacionamiento, accesos y área de recepción.

La invasión consistió en movimientos de tierra en un área de 85 metros cuadrados, de donde se sacaron unos 160 metros cúbicos de material, indica el expediente administrativo D1-1146-2008, de Setena .

En febrero del año pasado, inspectores de Setena confirmaron las obras del hotel y la invasión en esa zona pública marítimo-terrestre de la playa que, dice el documento, “se encuentra debidamente delimitada con mojones del Instituto Geográfico Nacional”.

Ante esta situación, la Setena concluyó que el desarrollador incumplió los compromisos ambientales acordados y decidió imponer sanciones, además de alertar del asunto al Ministerio Público.

Primero, señala la resolución, se ordenó a Las Catalinas remitir este mes un plan de compensación social por el incumplimiento de normas evidenciado, el cual será evaluado antes de su autorización. Cuando el plan se complete, también será verificado.

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Además de ello, la Secretaría le impuso al desarrollador depositar $8,1 millones de garantía ambiental del proyecto.

En un comunicado de prensa, la empresa inmobiliaria condenó la decisión de la Secretaría calificándola de "desproporcionada y carente de razonabilidad".

Según Neil Herman gerente general de Las Catalinas, la resolución "desconoce la modalidad del desarrollo por fases y los acuerdos previamente aprobados por la misma Secretaría para la ejecución de proyecto y el pago de garantía por tractos. Más grave aún, no dimensiona el impacto socioeconómico de la sanción" indica el comunicado donde la empresa afirma que ya interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución.

"Estamos convencidos que la sanción establecida en este caso no guarda proporción ni con nuestra realidad financiera ni con el excelente desempeño ambiental que ha tenido siempre el proyecto Las Catalinas y que puede constatar cualquier interesado en nuestro expediente en la Setena", recalca Herman en el documento.

Otro revés. Esta no es la primera vez que un desarrollo inmobiliario choca con asuntos comunitarios en Guanacaste.

En mayo del año pasado, un fallo de la Sala Constitucional respaldó la decisión de la Asada de Playa Potrero, en Santa Cruz, de negar agua para un proyecto de condominio debido al riesgo de salinización del acuífero.

En el criterio de los magistrados, la Administración no estaba obligada a prestar el servicio si razones técnicas lo desaconsejaban o imposibilitaban.

De tal forma, el fallo 2016-6417 justificó la denegatoria de la Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (Asada) de Playa Potrero debido “a la fragilidad y vulnerabilidad del acuífero de la zona, el cual está amenazado de salinizarse en su totalidad debido a la sobreexplotación a la que se le ha venido sometiendo”.

NOTA ACLARATORIA: Por un error, se vinculó la resolución de la Sala Constitucional de mayo del año anterior con el proyecto Las Catalinas, sin embargo ese fallo involucró a otra empresa.

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Juan Fernando Lara S.

jlara@nacion.com

Periodista

Redactor en la sección Sociedad y Servicios. Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio Redactor del año de La Nación (2012). Escribe sobre servicios públicos, tarifas y telecomunicaciones.

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