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Autoridades allanaron sede central del INVU y oficinas del Banhvi

Fiscalía indaga corrupción con casas de interés social

Actualizado el 28 de agosto de 2014 a las 12:00 am

Viviendas fueron entregadas, al parecer, a allegados de exjefes de entidad

Agentes revisaron computadoras y documentos en los 7 pisos del edificio

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Agentes de la Policía Judicial y representantes de la Fiscalía ingresaron al edificio del INVU cerca de las 8 a. m. de este miércoles. La diligencia concluyó a las 5 p. m., por lo que la entidad no atendió al público. | JONATHAN JIMÉNEZ.

Fiscales y agentes judiciales tomaron este miércoles el edificio del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), en busca de pruebas de aparentes casos de corrupción relacionados con la entrega de viviendas de interés social.

La instrucción era revisar documentos y computadoras de los siete pisos de la sede central del Instituto, en barrio Amón, San José.

También ingresaron a las oficinas del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), en barrio Dent, Montes de Oca.

La investigación se relaciona con el supuesto otorgamiento de casas a familiares y amigos de funcionarios del INVU, ubicadas en los proyectos sociales Villa Paola y Radial II, ubicados en la finca Guararí, en San Francisco de Heredia.

Ambos proyectos de vivienda recibieron fondos del Banhvi, mediante la línea de crédito de erradicación de precarios.

Sonia Montero, presidenta ejecutiva del Instituto, comentó que además se indaga por qué los terrenos entregados en esos casos tienen dimensiones mayores a las que, en promedio, corresponden a un bono de vivienda.

Cada finca era de 190 metros cuadrados y no 130 metros cuadrados como estipula la ley.

“Cualquier gestión policial tiene todo nuestro respaldo y si ha habido acciones indebidas deben ser penalizadas”, expresó el ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, Rosendo Pujol.

Ambos jerarcas ofrecieron declaraciones durante la presentación, este miércoles, de las acciones en el sector vivienda en los primeros 100 días del gobierno de Luis Guillermo Solís.

El origen. De acuerdo con la Fiscalía, la denuncia fue presentada por cuatro personas que figuraban en la lista de posibles beneficiarios.

Los aparentes perjudicados alegaron que las casas que iban a recibir fueron entregadas a los allegados de los empleados del INVU.

Los delitos que se investigan son tráfico de influencias e incumplimiento de deberes. El primero se castiga con cárcel de dos a cinco años, y el segundo con prisión de uno a cuatro años.

No se descarta que la pesquisa pueda ampliarse a otros delitos.

Este asunto fue motivo de un informe de la Auditoría Interna y luego de otro de la Procuraduría General de la República.

Como consecuencia de esos reportes, el 21 de enero la Junta Directiva del INVU resolvió despedir a dos empleados, de apellidos Argüello y Aguilar, quienes ocupaban cargos de jefaturas.

Sin embargo, ayer el Ministerio Público detalló que en la causa judicial todavía no hay ninguna persona imputada.

Cuestionamiento en fila. Los allanamientos de ayer ocurren una semana después de que la Contraloría General de la República advirtiera sobre posibles malos manejos en el Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP) del INVU.

Según el ente contralor, a lo largo del tiempo, el Instituto aprobó reglamentos que permitieron a personas jurídicas adquirir contratos, a pesar de que la ley pretendía ayudar a que personas físicas pudieran adquirir una casa.

El reporte de la Contraloría también reveló la concentración de planes del INVU en manos de agentes de la misma entidad, sus familiares y sus empresas, constituyendo una especie de redes que llegaron a acumular hasta 5.000 contratos.

Las autoridades del Instituto trasladaron ese informe a la Fiscalía para que determine si amerita la apertura de otra causa.

El asunto está en estudio.

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