Un dique que construyó hace ocho años el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en Ujarrás de Cartago, motivó a los hermanos Germán y Nora Guzmán a interponer una demanda contra el Estado y la Municipalidad de Paraíso por ¢9.050 millones.
Los finqueros alegan que el proyecto del MOPT provocó un desvío en el cauce del río Reventazón y que el agua ha destruido 10 hectáreas de su propiedad.
La denuncia llegó al Tribunal Contencioso-Administrativo el 22 de setiembre de este año e involucra al Ayuntamiento porque este habría dado el permiso al MOPT para la construcción de la obra.
Alejandro Chaverri, abogado de los finqueros, dijo que la demanda busca indemnizar una pérdida de 10 hectáreas de terreno, el daño moral a los dueños de la propiedad y la limitación para desarrollar un proyecto inmobiliario.
“Estamos abiertos a conciliar con el Estado, pero debe haber una indemnización a mis clientes porque el daño es grande. Ellos iban a construir en ese terreno un proyecto de vivienda”, dijo Chaverri.
Sin dinero. El alcalde de Paraíso, Jorge Rodríguez, dijo que la construcción del dique se hizo en la gestión anterior y que la pérdida de esta demanda llevaría al municipio a un grave problema financiero.
“El municipio quedaría en la quiebra, dado que la suma que ellos están pidiendo son dos presupuestos anuales”, dijo Rodríguez.
El alcalde aseguró que el Departamento Legal del municipio de Paraíso se reunió con los abogados de la Procuraduría General de República (PGR) para plantear los argumentos de defensa al caso.
La oficina de prensa del MOPT indicó que solo la PGR podría referirse al caso en cuestión.
La procuradora Laura Araya dijo que la demanda es improcedente porque, según criterio de la Procuraduría, carece de sustento técnico jurídico.
La PGR se encuentra coordinando con las distintas instituciones para contestar la denuncia.
Los hermanos Guzmán dicen que el paso del Reventazón por esa zona, cercana a la represa de Cachí, también ha generado daños en terrenos como finca Luisiana, plantaciones de chayote y el patrimonio de las ruinas de Ujarrás.
En este último caso, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) proyectó que había que destinar unos ¢ 170 millones para hacer trabajos de mitigación que impidan más erosión en los terrenos.
En la demanda se consigna que entre los afectados hay otras 10 familias que son propietarias de fincas y agricultores de la zona.