Mario Gómez Somarribas, exjuez penal de Cartago que en 1990 interpuso una acción de inconstitucionalidad contra el ahorro obligatorio de los asalariados, pedirá a la Sala Cuarta que anule el reciente acuerdo adoptado por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, sobre el congelamiento de los ahorros para que se retengan en un fondo de capitalización.
El abogado explicó que mientras esté pendiente de resolución la acción planteada, ningún órgano del Popular puede tomar acuerdos sobre disposiciones cuestionadas por posibles vicios de inconstitucionalidad, según podría interpretarse del artículo 81 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
Gómez Somarribas agregó que, por la misma razón, la Asamblea Legislativa tampoco podría conocer y pronunciarse sobre la resolución de la entidad bancaria, que forma parte de un conjunto de 60 reformas a la Ley Orgánica del Banco Popular.
La Nación intentó conocer el criterio de Daniel Quesada, presidente del directorio de la Asamblea de Trabajadores del Popular, pero en su oficina se aseguró que no se encontraba. La semana pasada el Banco acordó descontinuar la devolución anual de los ahorros obligarios de 800.000 trabajadores y mantenerlos en un fondo de capitalización, hasta que los cotizantes concluyan su vida útil laboral. La pretensión será remitida al Congreso en un mes, según dijo en su oportunidad Quesada.
El exjuez presentó la acción en 1990, al alegar que la retención de 1 por ciento sobre los salarios de los trabajadores violenta lo dispuesto por el artículo 25 de la Constitución Política, el cual establece que "nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna".
Además, sostuvo --en esa ocasión-- que la Ley número 4351 está fuera del ordenamiento jurídico por imponer límites a la propiedad privada (salario), así como que, al parecer, la normativa no obtuvo la votación calificada en el plenario legislativo cuando fue aprobada.