Los 48 empleados de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) se quedaron sin salario en el mes de enero debido a una caída en los ingresos de la institución, tras la aprobación de su nueva ley.
La ley 9356, vigente desde junio del 2016, redujo de un 18% a un 14% el impuesto que se cobra sobre los productos en el Depósito Libre Comercial de Golfito, y le impide a Judesur usar dinero del alquileres de los locales para sufragar gastos operativos.
La idea de la reforma era aumentar los ingresos de la entidad, creada para invertir en el desarrollo de la región, atrayendo más personas el Depósito. Al público se le redujo el tributo y se aumentó la cuota que cada persona puede comprar.
Sin embargo, Manuel Chaves, director ejecutivo de Judesur, aseguró que pese a la reforma los ingresos no subieron y que hoy tienen un déficit superior a los ¢950 millones que, entre otros gastos, les impide pagar los salarios.
La planilla mensual de Judesur cuesta ¢65 millones, incluyendo las garantías sociales de los empleados, aseguró el director de Judesur.
Esa situación generó que, de emergencia, el director ejecutivo acudiera a la reunión de jefes de fracción este jueves, en la Asamblea Legislativa, para solicitar ayuda con una reforma que solucionaría esa situación.
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La modificación solicitada liberaría dinero de los alquileres y les permitiría utilizarlo para pagar gastos operativos.
El diputado liberacionista Olivier Jiménez alegó que hubo un error y mucha presión para la aprobación de esa ley, aunque él mismo exigió que se le diera votación a la iniciativa.
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Junto con Jiménez, también el socialcristiano Gerardo Vargas Rojas presionó fuertemente para la aprobación de la iniciativa, que había sido presentada por los exdiputados Jorge Angulo y Agnes Gómez (PLN), Jorge Gamboa (PAC), Rodolfo Sotomayor (PUSC) y el libertario Adonay Enríquez.
Sin embargo, para el verdiblanco hay una cuota de responsabilidad de la anterior junta directiva de Judesur, que estaba ahí por mandato de intervención a la administración. Según Jiménez, ese órgano solamente se opuso a la nueva ley y, asegura, nunca envió un criterio técnico que ayudara a hacer modificaciones al proyecto.
De hecho, en agosto del 2016, la junta interventora presentó un recurso de amparo y un proceso contencioso administrativo en contra de la nueva norma, pues aducían que crearía un hueco financiero de ¢7.000 millones.
Manuel Chaves, el director ejecutivo de Judesur, cree que con la reforma y con una campaña publicitaria que lanzarán para atraer más compradores paliarían el efecto de la nueva ley, pues aún podría bajar más el impuesto, que en un año llegaría a un 10%.
De la reunión de jefes de fracción se obtuvo, entonces, el acuerdo para que el Gobierno convoque la iniciativa legal a sesiones extraordinarias y el lunes recibiría una dispensa de trámites, con lo que quedaría aprobada en unas cuantas semanas.