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Comisión retomó propuesta de gremios de la Corte en sesión inválida

Error de diputados revive plan de Supén sobre pensiones judiciales

Actualizado el 20 de abril de 2017 a las 06:52 pm

Ronny Monge, del PLN, alega que el Departamento de Servicios Técnicos no tiene potestad para declarar la invalidez de la sesión

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En una sesión de la Comisión Especial de Pensiones, presidida por Sandra Piszk, del PLN, se tomaron acuerdos presuntamente inválidos para revivir una propuesta de los gremios de la Corte sobre pensiones judiciales. (Aarón Sequeira.)

Cinco diputados cometieron un error de técnica legislativa, al intentar desechar el plan de la Supén sobre las pensiones judiciales y revivir la propuesta de los gremios de la Corte, pues lo hicieron en una sesión inválida.

Así lo determinó el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, al responder una consulta del presidente de la Comisión Especial de Pensiones, el socialcristiano Johnny Leiva, este jueves.

El criterio de los técnicos parlamentarios establece que los tres diputados del Partido Liberación Nacional, el del Frente Amplio (FA) y el de Renovación Costarricense que se reunieron el martes por la mañana para resucitar la propuesta de los sindicatos de la Corte, con reformas mínimas al régimen de pensiones judiciales, no estaban habilitados para hacer la sesión.

LEA el criterio de Servicios Técnicos sobre la validez de la sesión de la Comisión de Pensiones

Esos diputados son Sandra Piszk, Ronny Monge y Julio Rojas, de Liberación; Jorge Arguedas, del FA, y Abelino Esquivel, de Renovación.

El punto es que el expediente 19.922, que es un proyecto de ley para reformar el sistema de las pensiones judiciales y ponerle límites, se tramita con un mecanismo de vía rápida especialmente aprobado para ese texto.

Ese mecanismo establece claramente que, de aprobarse un nuevo texto en el transcurso del trámite en comisión, el presidente del panel legislativo está habilitado para solicitar la publicación del nuevo documento en La Gaceta y enviarlo a consultas.

Esa acción la tomó, efectivamente, el diputado Johnny Leiva el lunes, cuando además intentó cancelar la sesión programada para el martes por la mañana, decisión a la que se opusieron Piszk, Monge y Rojas; Arguedas y Abelino Esquivel, quien sustituía al miembro permanente Gonzalo Ramírez.

Infografía, reformas a pensiones judiciales. (Natalia Soto y Aarón Sequeira.)

Estos cinco legisladores no solo se opusieron a la cancelación, sino que además asistieron a la sesión del martes y alegaron estar habilitados para tomar decisiones sobre la iniciativa legal.

En una reunión de aproximadamente una hora, presidida por Piszk, con Monge como secretario, aprobaron una moción de Jorge Arguedas para desechar el plan de la Supén y reacoger el de los gremios.

Sin embargo, tanto Leiva, presidente legítimo de la Comisión Especial de Pensiones, como Marcela Guerrero y Franklin Corella, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y la libertaria Natalia Díaz (todos miembros de ese foro legislativo) criticaron esas acciones como inválidas y acusaron al presidente legislativo y candidato presidencial del PLN, Antonio Álvarez Desanti, como instigador de esos cambios, por un supuesto pacto con los gremios judiciales.

Aunque el criterio de Servicios Técnicos insiste en que el presidente de una comisión no puede simplemente cancelar una sesión, si no tiene el aval de todos sus miembros, confirma que este proyecto de ley se rige por un procedimiento especial, por el cual no había asuntos que debatir el martes.

"Las actuaciones realizadas por la comisión en la sesión n.° 17 del martes 18 de abril, en torno al conocimiento del expediente n.° 19.922 no tienen ningún tipo de validez, porque el conocimiento de ese proyecto de ley se encontraba suspendido, tal y como lo dispone la moción 208 bis aprobada por el plenario para instruir el procedimiento especial de esa iniciativa", establece Técnicos en su respuesta a los diputados.

"Queda totalmente claro que la sesión realizada por el PLN, FA y Renovación, presionada por los gremios judiciales, es inválida, porque el texto está en consulta y, por ende, se suspende el trámite en comisión. Esto aclara todas las dudas. Queda como texto base el preparado por Supén y un equipo de técnicos", comentó Leiva ante el criterio técnico.

En dos platos, al invalidarse la sesión del martes, los congresistas deben volver a considerar el texto de la Superintendencia de Pensiones (Supén) como el documento base para la discusión de la reforma a las pensiones judiciales, según lo establece el Departamento de Servicios Técnicos.

A pesar de ese criterio técnico, que también él solicitó, el liberacionista Ronny Monge alegó que aún faltaría que el presidente de la Comisión de Pensiones acoja el criterio de ese departamento y considera que esa dependencia se extralimitó en sus funciones.

"Los dictámenes de Servicios Técnicos no son vinculantes, el presidente (de la comisión) debe resolver y puede apelarse. (...) Igual se puede apelar y es el pleno de la comisión el que podría decidir. Queremos ver cómo actúa el presidente", reclamó Monge.

La propuesta que intentaron rescatar los legisladores el martes tiene un efecto mínimo en el déficit que los actuarios de la Universidad de Costa Rica (UCR) encontraron en el régimen jubilatorio, pues lo bajan de ¢5,3 billones a ¢4,1 billones.

Los gremios judiciales mantienen la edad mínima en 62 años para hombres y 60 para mujeres, igual que en la actualidad; plantean un tope de ¢4,7 millones, calculan la pensión con el promedio de los últimos 120 salarios y solo exigen una contribución especial del 20% a las pensiones superiores al tope.

Mientras tanto, la Supén aumenta la edad mínima para jubilarse a 65 años para todos, fija un tope de ¢3,9 millones, calcula la pensión con el promedio de todos los salarios recibidos y exige una contribución especial del 30% para todos los pensionados actuales.

El  plan de la Supén dejaría la factura  futura en cero, según aseguró el superintendente, Álvaro Ramos, a La Nación. La única factura que se mantendría es la de los 3.600 jubilados actuales, que la Supén pretendía trasladarle al Estado y que sería de ¢1,3 billones.

La propuesta de Supén fue acogida para estudio, por encima de la gremial, el 29 de marzo. El principal impulsor de la moción para desechar la iniciativa de la Supén fue Jorge Arguedas, del Frente Amplio.

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Aarón Sequeira

aaron.sequeira@nacion.com

Periodista de Política

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica. Investiga y escribe sobre negociaciones políticas, pactos partidarios y proyectos de ley de impacto nacional.

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