Los ataques de los magistrados constitucionales Ernesto Jinesta y Fernando Cruz a los recortes en pensiones de lujo no cayeron bien entre diputados de varias fracciones legislativas, quienes consideran graves y preocupantes las opiniones de los dos miembros de la Sala Constitucional.
Legisladores como Sandra Piszk y Maureen Clarke, del Partido Liberación Nacional (PLN); Ottón Solís y Franklin Corella, del Partido Acción Ciudadana (PAC), la frenteamplista Patricia Mora y la socialcristiana Rosibel Ramos reaccionaron con verdadero asombro ante los comentarios de Jinesta, principalmente, pues es el magistrado que preside la Sala Constitucional.
Sandra Piszk, una de las legisladoras más beligerantes en la promoción de iniciativas para reordenar las jubilaciones en los distintos regímenes del sector público, aseguró que discrepa totalmente del magistrado, porque finalmente las pensiones judiciales tienen un porcentaje importante de recursos provenientes del presupuesto estatal.
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"Respeto profundamente la independencia de poderes y lo que diga la Sala IV, pero discrepo de esas opiniones. Nosotros no hemos sido irrespetuosos en ningún momento. Si se intenta hacer algo es porque estamos preocupados por la sostenibilidad del régimen", manifestó la verdiblanca.
En junio, durante una sesión de Corte Plena, el juez Jinesta manifestó: "Estamos llamados a decirle a la Asamblea que respete nuestra independencia, que nuestras jubilaciones no se tocan, que no pueden ser pauperizadas o diezmadas, no pueden ser jubilaciones indignas para el sacrificio que supone el ejercicio de la función jurisdiccional".
Al respecto, el legislador Franklin Corella compartió en su perfil de Facebook algunas de las frases del magistrado, publicadas este viernes por La Nación, y adjuntó un comentario: " Inaceptables las posiciones de magistrados de la Sala IV, defendiendo sus pensiones de lujo de ¢9 millones o más. No vamos a ceder, ustedes no son más que ningún otro costarricense. Bajen del Olimpo".
Corella es miembro de la Comisión Especial de Pensiones que revisa los beneficios jubilatorios del Poder Judicial en el Congreso.
La jefa de la fracción del PLN, Maureen Clarke, considera muy difícil que el Poder Judicial justifique ante la población la defensa de pensiones tan altas que no son otra cosa que "de privilegio".
"Alguien dijo en el plenario que la pensión no es para hacerse millonario, pero en este caso se usan para hacerse excesivamente millonarios", dijo la vocera liberacionista.
En cuanto a las comparaciones que Jinesta estableció entre poderes, al decir que la función del Ejecutivo es "meramente administrativa" y que la del Legislativo responde a inclinaciones de los congresistas hacia intereses sectoriales, Clarke las consideró por lo mínimo odiosas: "El sistema se tendría que retar a sí mismo, para ver cuán transparente es, cuán racional es".
"Abominable". A quien peor le cayeron tanto las declaraciones de los magistrados de Sala IV como las de la presidenta de la Corte Suprema, Zarela Villanueva, en días pasados, es a Ottón Solís.
El fundador del PAC les dedicó adjetivos durísimos a los magistrados y, básicamente, aseguró que la Sala Constitucional debería aceptar las reformas que hagan los legisladores a los regímenes de pensiones, sin juzgar sobre temas que, en su criterio, solo son de conveniencia.
"Es pecar de conflicto de interés, de acuerdo a normas milenarias. Se trata de juzgar en beneficio propio. Cuando un legislador, ministro o presidente hacen eso, es terrible, pero no tanto como cuando a un magistrado le pasa por la mente y hace lobby para ello", dijo Solís Fallas.
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Según el diputado Solís, la Constitución habla de derechos, pero no de que haya derecho a pensiones de ¢7 millones o más. "Los otros magistrados les deberían pedir la renuncia a los que se han pronunciado de esa manera. Es un asunto muy grave, no es marginal", añadió.
En este momento, la Sala IV debe resolver acciones legales en contra de dos reformas que reducen las pensiones de lujo de exdiputados y exjerarcas de Gobierno. Una de las reformas es un decreto aprobado por el Gobierno en el 2014, el cual impone un tope de ¢2,6 millones a jubilaciones que hoy alcanzan hasta ¢16 millones.
La otra es un paquete de proyectos de ley aprobados por la Asamblea, en julio, que exige aportes solidarios a esas mismas pensiones, los cuales alcanzan hasta un 75% del monto que exceda los ¢2,6 millones; además, elimina el aumento anual del 30% que recibían los exlegisladores y sus herederos.
Según Ottón Solís, los jueces ni siquieran deberían aceptar el estudio de los recursos de amparo y las acciones que interpusieron exdiputados y exministros contra los recortes a las pensiones de lujo aprobados en julio en la Asamblea Legislativa.
"Ética por el piso". Para Solís, revela "una ética por el piso" la declaraciónde Jinesta de que los funcionarios judiciales podrían inclinarse hacia la corrupción si les bajan la previsión de pensión.
"Cuánta gente muy pobre muere sudándose la chaqueta sin caer en el crimen o en la corrupción", dijo el oficialista.
Por su parte, Rosibel Ramos, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso y miembro del Partido Unidad Social Cristiana, lamentó las opiniones de Jinesta y de Cruz, porque "revela que el Poder Judicial se considera un mundo aparte".
"No es un tema de sacrificio, sino de justicia. La gente que como mucho recibe una pensión de ¢1,5 millones de la Caja Costarricense del Seguro Social y que no se vende, mantiene sus valores, y que vengan los magistrados a amenzar con la parálisis del Poder Judicial, pues queda claro en manos de quiénes estamos", dijo Ramos.
La frenteamplista Patricia Mora dijo que, si bien tiene mucho respeto por el Poder Judicial, considera las opiniones de los magistrados como una mala señal para la democracia. "Es muy grave decir que si nos le aseguramos ¢8 millones ó ¢9 millones de pensión podrían ser tentados por la corrupción", dijo la legisladora.
Otto Guevara, del Libertario, cree que las opiniones de los magistrados demuestran desconocimiento de la forma en que se construyen las pensiones, con base en los ahorros de los trabajadores y los rendimientos que hayan obtenido.
"Al fallar (sobre casos de otros regímenes) podrían establecer las bases bajo las que se resguarden el régimen de pensiones del Poder Judicial" y resultar beneficiados, consideró Guevara.