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Jorge Rodríguez fue uno de los diez legisladores que aprobó el proyecto

Diputado del PUSC quita apoyo a plan que desangraría al IVM y finanzas del Estado

Actualizado el 09 de junio de 2017 a las 04:31 pm

Marcela Guerrero, del PAC, critica al PLN por obligar a este gobierno a asumir las consecuencias de traslado de docentes

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Diputado del PUSC quita apoyo a plan que desangraría al IVM y finanzas del Estado

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Entre los diez votos favorables al plan, estuvieron Nidia Jiménez, del PAC, y los frenteamplistas Edgardo Araya, Patricia Mora y Francisco Camacho. (Cortesía del PUSC)

Pese a que Jorge Rodríguez, del PUSC, fue uno de los diez diputados que aprobaron el proyecto, este viernes le quitó el apoyo a la iniciativa, luego de conversar con el exprecandidato socialcristiano y legislador, Rafael Ortiz.

Rodríguez confirmó la decisión vía telefónica, luego de que Ortiz la anunció en su página de Facebook.

"Efectivamente. Nos sentamos a ver los números completos, porque dos más dos no eran cuatro. La verdad es que, en este momento, hay que reconocer que el Gobierno tenía la razón. Nos sentamos con unos técnicos, vimos más a profundidad lo que nos habían explicado", comentó el legislador socialcristiano.

Además de Rodríguez, el jefe de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), William Alvarado, dijo que está solicitándole más información a la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), para tener claro si realmente el costo es pequeño, como esa entidad defiende.

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"Estoy confrontando los datos y me parece que Hacienda no tiene claros los números. Hablar de 6.000 educadores es demasiado. Soy testigo de que a esta gente (los docentes) se le engañó en el 95 para que se salieran del Magisterio, después de muchos años de cotizar en ese sistema", dijo Alvarado.

A manera de reclamo, por el costo de dicha iniciativa, alegó que "sería interesante saber el costo para el Estado de la Ley de Bienestar Animal. Sería bueno que analice ese costo. Imagínese una medicatura veterinaria para tipificar las penas".

De los congresistas del Partido Acción Ciudadana (PAC) dentro de la Comisión Plena Primera, donde se aprobó el plan en primer debate, dos votaron contra la iniciativa y una a favor. 

A los opositores se le suma ahora la legisladora Marcela Guerrero, quien fustigó a los liberacionistas por impulsar la aprobación del proyecto, pese a que tanto el gobierno de Óscar Arias Sánchez (2006-2010), como el de Laura Chinchilla (2010-2014) se opusieron totalmente al plan.

"Me llama la atención que el Partido Liberación Nacional le había negado el apoyo a esta propuesta en las dos últimas administraciones de su partido y ahora, en año electoral, deciden apoyarla sin sustento financiero para el Estado. Creo que el PLN quiere pasarle el costo político al actual gobierno, para que decida si firma o no la ley", manifestó Guerrero.

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Preocupado por el impacto que tendría en las pensiones de la CCSS y en las finanzas públicas, Ottón Solís se comunicó con su compañero de bancada, Marco Vinicio Redondo, con el fin de analizar las posibilidades de que el plan no llegue ni siquiera a entrar en vigencia.

Según el fundador del PAC, las opciones son que los diputados se arrepientan de esa aprobación, que el presidente vete la iniciativa legal o acudir a la Sala Constitucional, bajo el alegato de que es inconstitucional un proyecto que implica el financiamiento de gastos corrientes con deuda.

"Es demagogia pura, electoral. Si esos diputados quisieran ser justos, fijarían un impuesto para financiar el costo de esta iniciativa. Es una decisión irresponsable, charlatana. Es bueno que los diputados sientan que los demás no vamos a quedarnos callados", comentó Solís.

Junto con Solís, podría aportar sus firmas Redondo y Epsy Campbell, así como los libertarios Otto Guevara y Natalia Díaz, por el momento. Ottón está convencido de tener las firmas necesarias para impedir el avance del proyecto.

Además, el diputado dijo que el lunes le pedirá al presidente, Luis Guillermo Solís, que aplique el veto sobre esa iniciativa, en caso de que fuese aprobada en segundo debate y llegue al despacho presidencial, en Zapote.

Solís recuerda que, precisamente, los gobiernos de Arias ni Chinchilla avalaron la iniciativa en su momento. "Eso hay que decirlo bien claro, es año electoral. Por un lado, estos partidos hablan de eliminar pluses y gastos, pero agregan algo que le costaría más de ¢11.000 millones al año al Estado. Esperamos que la Sala Constitucional lo detenga o que el presidente lo vete", dijo Solís Fallas.

El proyecto, aprobado por tres liberacionistas, tres socialcristianos, tres frenteamplistas y una oficialista, autoriza la salida de entre 1.847 y 6.000 docentes del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social, y el reingreso de la mayoría de ellos en un sistema jubilatorio ya extinto, financiado principalmente por el Estado.

Esa salida de contribuyentes implicaría al IVM una pérdida de ¢52.400 millones, según explicó Ubaldo Carrillo, director de Pensiones de la CCSS, dinero que se tomaría de las reservas de las pensiones de todos los costarricenses.

Además, como ese régimen es principalmente financiado por el Estado, el Gobierno tendría que asumir un costo adicional por año entre los ¢11.000 millones, en el escenario más optimista, y los ¢33.000 millones, en el peor de los escenarios. Ese dinero lo tendría que financiar con más endeudamiento público.

Específicamente, votaron a favor de la iniciativa:

-PLN: Karla Prendas, Juan Marín y Michael Arce

-PUSC: Rosibel Ramos, William Alvarado, Jorge Rodríguez

-Frente Amplio: Patricia Mora, Edgardo Araya, Francisco Camacho

-PAC: Nidia Jiménez

Los números de la Jupema, presentados ante los diputados, son mucho menos lesivos para el Estado, en el sentido de que los expertos de la Junta parten del hecho de que solo un tercio de los 3.600 posibles beneficiarios se trasladarían de régimen.

Según lo dijeron sus voceros, Hacienda solamente tendría que asumir un costo de ¢205 millones el primer año, ¢357 millones el segundo, ¢539 millones para el tercero y así.

En promedio, el primer quinquenio costaría aproximadamente ¢1.000 millones. Eso en el entendido de que solamente se muevan del IVM al Magisterio cerca de 1.179 maestros, de los cuales 995 podrían irse al Régimen de Reparto y el resto al Régimen de Capitalización, que es un régimen en que cada persona financia su propia jubilación, y no el Estado. 

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Aarón Sequeira

aaron.sequeira@nacion.com

Periodista de Política

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica. Investiga y escribe sobre negociaciones políticas, pactos partidarios y proyectos de ley de impacto nacional.

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