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Liquidación cuesta ¢700 millones

Cúpula del Congreso ignora criterio de diputados y aprueba movilidad laboral a 28 funcionarios

Actualizado el 11 de marzo de 2015 a las 12:04 pm

Con el aval del presidente Solís, Directorio legislativo obtuvo recursos para financiar el plan

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Cúpula del Congreso ignora criterio de diputados y aprueba movilidad laboral a 28 funcionarios

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El Directorio legislativo aprobó el plan de movilidad laboral de 28 funcionarios de la Asamblea Legislativa, a pesar de las objeciones de varios diputados.

El Directorio legislativo aprobó hacer un plan de movilidad laboral para disminuir la planilla del Congreso. Entre los empleados por cesar habría ujieres, choferes, oficinistas y profesionales.   | MARCELA BERTOZZI.
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El Directorio legislativo aprobó hacer un plan de movilidad laboral para disminuir la planilla del Congreso. Entre los empleados por cesar habría ujieres, choferes, oficinistas y profesionales. | MARCELA BERTOZZI.

La cúpula del Congreso, la cual preside Henry Mora del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), se saltó los procedimientos legislativos y mediante un decreto que firmó el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, obtuvo los recursos económicos que le faltaban para financiar esa iniciativa que costará unos ¢700 millones.

El despido de ese personal, en aras de suprimir sus plazas, implicó que a cada uno de ellos se les premiara con el pago de ocho años de cesantía de más, a parte de los ocho ya establecidos por ley.

El plan comenzó a ejecutarse a pesar de la negativa de la Comisión de Asuntos Hacendarios, que hace seis meses rechazó un incremento de ¢400 millones en el presupuesto de la Asamblea Legislativa, que iba a ser utilizado para el pago de las prestaciones de ese personal.

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Rolando González, miembro de esa comisión, recordó que ese aumento, que venía incluido en el proyecto de Ley de Segundo Presupuesto Extraordinario para el 2014, se desechó porque la medida no favorecía la contención del gasto y porque nunca se explicó cuáles iban a ser los beneficios del plan.

"Hasta el día de hoy desconozco sus alcances, bondades y quiénes son los beneficiarios, el Directorio no nos ha explicado nada", dijo este martes el legislador verdiblanco.

El proyecto también fue cuestionado en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público por los diputados Ottón Solís del Partido Acción Ciudadana (PAC) y Maureen Clarke del PLN, así consta en el acta de la sesión del 4 de diciembre del año pasado.

Solís considera que la iniciativa es ilegal porque el plan fue promovido por los propios funcionarios y no, por la administración de la Asamblea, como establece la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público.

Además cuestiona que se pretenda suprimir plazas que son imprescindibles para el quehacer legislativo, como por ejemplo, tres jefaturas del Departamento de Comisiones Legislativas.

Otro de los puntos que critica, es que muchos de los empleados que se acogieron al plan de movilidad laboral ya pueden jubilarse. Para Solís era mejor esperar y cerrar sus plazas hasta que se pensionaran, pues así se ahorrarían premiarlos con el pago doble de prestaciones.

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Clarke, por su parte, asegura que el plan no procede de la forma cómo lo planteó el Directorio, porque se abre un portillo para ascender a funcionarios sin concursos y de forma directa, ya que se dejan plazas vacantes que después se tienen que llenar.

"Me parece una barbaridad, nosotros cuestionamos e hicimos la advertencia, es una irregularidad más de este Directorio con el tema de los nombramientos, esto es corrupción, si tengo que impulsar y tomar acciones legales, las voy a tomar", dijo la diputada del PLN.

Solís y Clarke denunciarán la medida de la cúpula legislativa el próximo jueves en la Comisión de Ingreso y Gasto, ambos coinciden en que se incurrió en una ilegalidad.

El legislador oficialista presentará como prueba un informe que emitió la Procuraduría General de la República el pasado 12 de febrero, tras una consulta suya.

El abogado del Estado reafirma en ese documento que: "la aplicación de la movilidad laboral supone, por una parte, que el puesto respectivo no sea imprescindible para el funcionamiento de la organización y por otra parte, la eliminación del puesto cuyo titular decidió acogerse a esa figura".

Austeridad. El presidente del Congreso, Henry Mora, defiende el plan de movilidad laboral y niega que existan irregularidades. Asegura que la medida generará solo este año un ahorro cercano a los ¢600 millones y que a partir del 2016 el ahorro anual rondará los ¢900 millones.

"Ellos (la Comisión de Hacendarios) pudieron vetar eso porque pedíamos recursos adicionales y no nos lo dieron, ahora lo estamos haciendo vía recursos propios. Esta movilidad se va a recuperar muy rápido porque son salarios muy altos de gente que está muy próxima a pensionarse", dijo Mora.

Antonio Ayales agregó que se acogió a gente que está próxima a jubilarse porque aunque cumplan con las cuotas, no los pueden obligar a dejar sus cargos, argumenta que es una decisión que solo ellos pueden tomar.

"Hay fallos de la Sala IV donde queda claro que no los podemos obligar, muchos de ellos si no se acogen al plan seguirían trabajando y no podríamos reducir la planilla que es el objetivo de este plan", afirmó el jerarca.

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El salario de los 28 funcionarios que se acogieron voluntariamente a este plan representa al mes un costo de ¢72 millones, es decir, que en promedio cada uno devenga un sueldo de ¢2.500.000.

Apoyo del Ejecutivo. Ante la negativa de los diputados, esta semana se publicaría el decreto del presidente Solís y el ministro de Hacienda, Helio Fallas, en el cual se autoriza la modificación al presupuesto de la Asamblea para variar el destino de ¢250 millones que estaban ociosos.

Con esa suma, la Asamblea Legislativa dispondrá de un total ¢670 millones para la movilidad laboral. Para ese fin ya contaba con ¢420 millones, entre recursos de la partida de prestaciones y los fondos de la asociación solidarista y la cooperativa.

Ese monto, según el director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, alcanzaría para liquidar a 24 funcionarios, mientras que los cuatro restantes quedarían para una segunda etapa antes de que finalice el año.

"Esos ¢250 millones son de ahorros que hemos hecho y esperamos que la suma sea mayor para poder financiar las prestaciones que nos quedan pendientes, las 28 ya se aprobaron desde octubre del año pasado, lo que falta es que se autoricen... Esperamos que el decreto ejecutivo se publique esta semana para hacer uso de esos recursos", dijo Ayales.

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Natasha Cambronero

natasha.cambronero@nacion.com

Periodista de Política

Periodista en la sección de Política. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Escribe sobre el quehacer de los partidos políticos y el financiamiento electoral, entre otros temas.

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