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Revela ‘situación financiera insostenible’ por desorden administrativo

Contraloría enciende luz roja por crisis el INVU

Actualizado el 30 de julio de 2014 a las 12:00 am

Contralora señala descontrol y poca veracidad en gastos e ingresos de entidad

Instituto pagó dos estudios para reestructuración sin obtener resultados

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“El INVU presenta una situación financiera que se ha tornado insostenible, a tal punto que si el Gobierno Central le limita o le elimina la transferencia de fondos, lo estaría asfixiando totalmente”.

El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo nació en 1954 con la misión de contribuir al ordenamiento urbano y promover soluciones de vivienda para la clase baja y media.  | PABLO MONTIEL
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El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo nació en 1954 con la misión de contribuir al ordenamiento urbano y promover soluciones de vivienda para la clase baja y media. | PABLO MONTIEL

Así de contundente es la contralora general de la República, Marta Acosta, al analizar la situación del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).

Una auditoría financiera del Instituto –elaborada por la Contraloría General de la República (CGR)– señala problemas, como registros contables erróneos, deficiencias de información de la cartera de crédito, mala gestión de cobro, incongruencias en las cuentas bancarias y falta de supervisión en los cobros judiciales que ejecutan abogados externos.

El análisis agrega que si la entidad no genera nuevos recursos antes del año 2018, se convertiría en una entidad deficitaria

De acuerdo con el informe de la CGR, el INVU tiene cuentas por cobrar que suman ¢10.455 millones. Además, mantiene cuentas por pagar que llegan a ¢7.874 millones.

No obstante, el documento manifiesta que esos registros contables “no cuentan con documentación de soporte”.

La CGR también indica que hay cuentas por cobrar con una antigüedad superior a 27 años y “con probabilidad de cobro casi nula”.

“El INVU se encuentra en un callejón sin salida (...). Si no se toman decisiones estructurales en este momento, no tendría sentido el desgaste y el uso de fondos públicos bajo estas condiciones” , manifestó Acosta.

La CGR le ordenó al Instituto crear un sistema de información que le permita ordenar su contabilidad. El programa está en proceso de diseño y debe funcionar a partir del próximo 19 de diciembre, según definió la Contraloría. La inversión en este campo es por $1,5 millones.

Otra tarea pendiente es hacer un inventario para actualizar el valor de los terrenos que están a nombre de la entidad, el cual no se actualiza desde 1981.

Según datos del INVU, el valor de los inmuebles que posee es de ¢4.000 millones. Sin embargo, la CGR sostiene que esa información “no es fiable”.

Datos de la Contraloría indican que el INVU tiene activos por ¢149.000 millones, pasivos por ¢61.000 millones y un capital contable de ¢87.000 millones.

Intentos fallidos. El INVU ha contratado, en los últimos cinco años, dos consultorías externas para ejecutar una reestructuración, pero ninguno de los informes se ha ejecutado por completo.

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El último estudio, hecho por la empresa Deloitte, costó ¢100 millones. Recomienda suprimir 54 plazas y tener un máximo de 179 puestos activos para eliminar duplicación de funciones en áreas como ejecución de proyectos, servicios generales, informática y proyectos terminados, entre otras.

De las 54 plazas que se recortarán, 19 ya fueron eliminadas por medio de la movilidad voluntaria.

A pesar de esta recomendación, la institución abrió un concurso público para contratar a 23 personas en diferentes departamentos.

“Se está procediendo así porque algunas áreas se quedaron sin gente y eso es un error técnico”, añadió Sonia Montero, presidente ejecutiva del INVU.

Deloitte sugiere contratar los servicios de limpieza, mantenimiento y vigilancia a empresas externas para reducir gastos.

En 2009, la compañía Manpower fue contratada para realizar un informe que pretendía reorganizar el INVU, pero no fue acogido totalmente. Mientras tanto, en agosto se iniciará un estudio, ordenado por la Administración actual, que tendrá un costo de ¢60 millones.

Montero reconoció las inconsistencias mencionadas por la CGR.

“Es una institución desorganizada, los procesos no son claros, no hay controles y eso es gravísimo. Estamos tratando de pasar a una situación más controlada y eso no se logra de la noche a la mañana”, afirmó la jerarca.

La Nación intentó conversar con Álvaro González, anterior presidente ejecutivo del INVU, pero no contestó las llamadas hechas a su teléfono celular.

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Diego Bosque G.

diego.bosque@nacion.com

Periodista

Periodista en la sección Sociedad y Servicios de La Nación. Graduado de Periodismo en la Universidad Latina. Escribe sobre infraestructura y transportes.

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