Los compradores de combustible seguirán pagando el frustrado proyecto de una refinería entre Costa Rica y China luego que el Tribunal Contencioso Administrativo rechazó una medida cautelar solicitada por Recope para congelar el uso de fondos públicos en gastos de una empresa sin razón desde el 2013.
Se trata de la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense S. A. (Soresco), creada entre China y Costa Rica para gestionar la construcción de una refinería en Moín, Limón, con el aporte de $50 millones por cada socio ($100 millones en total).
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De aquella cantidad, a mayo anterior quedaban $32 millones, de los cuales $16 millones provinieron de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), que se financia de las tarifas de los combustibles. La otra mitad los aporta el socio chino Corporación Petrolera Nacional de China Internacional (CNPCI).
Cada mes, se gastan $50.400 en los salarios de ocho funcionarios cuyas labores se desconocen, pues el plan de refinería se estancó desde 2013, cuando la Contraloría General de la República invalidó los estudios de factibilidad al detectar un conficto de interés.
Específicamente, el ente contralor señaló que los análisis fueron encargados a una subsidiaria del socio chino, lo que violentaba el contrato. Esos estudios costaron $64 millones.
A pesar de la situación, los gastos no se han detenido entre salarios administrativos, paquete de expatriación (por trabajar lejos de su país), personal de apoyo, seguridad social, vacaciones, vivienda del personal chino, viajes de negocios, alquiler de transporte, suministros de oficina, gastos de reuniones y almuerzos de trabajo. Solo en 2015, esta refinería de papel devoró $4,5 millones del fondo común.
En abril de 2016, la Junta Directiva de Recope acordó separarse de Recope, medida confirmada luego por la Presidencia de la República. No obstante, el Gobierno chino nunca avaló esa separación y el caso se resolverá mediante un proceso arbitral en la Cámara de Comercio Internacional.
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Por eso, en un intento de frenar estos pagos, la Refinadora solicitó el 17 de mayo una medida cautelar provisionalísima para que Soresco se abstenga de utilizar "de cualquier manera, por cualquier mecanismo, para cualquier fin, para cualquier actividad", el remanente de su aporte, hasta que se resuelva el proceso arbitral.
El juez Elías Baltodano Gómez rechazó la petición el 12 de setiembre, al considerar que la medida atenta contra la independencia patrimonial de Soresco; un límite que el juez considera "de peso, lógico y razonablemente sustentado" en las normas del Código Comercio las cuales regulan la constitución, operación, disolución y liquidación de las sociedades mercantiles en Costa Rica.
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Baltodano Gómez también consideró improcedente la solicitud porque, según los empleados de Soresco, Recope retiró en el 2015 una demanda presentada un año atrás contra la Contraloría –por frenar el proyecto– de forma unilateral, sin considerar la opinión del socio chino, "pese al evidente interés en las resultas de dicho proceso"
Al solicitar la medida cautelar, Recope también argumentó una grave daño en su patrimonio y adujo también urgencia debido a la continuidad del gasto. El juez contradijo ambos argumentos.
Sobre el primer aspecto, el juez hace notar que la supuesta desmejora financiera por el dinero invertido ocurrió en el pasado, cuando esa suma se presupuestó para entregarla a Soresco en cumplimiento de un acuerdo inicial entre Recope y el socio chino. El impacto financiero fue entonces, no ahora; afirma Baltodano.
"Dicho de otra forma, la desmejora patrimonial que aduce Recope, se produjo en aquel momento y en ese entonces, lo fue al amparo de un acuerdo conjunto y no producto de la mala fe o arbitrariedad de su contraparte", indica la resolución.
El juez tampoco halla sentido de urgencia hoy porque la situación que Recope trajo al Tribunal existe desde años atrás.
Recope declinó emitir criterio sobre la decisión del juez, en espera de que prospere una apelación.
"Se pretende hacerle ver al superior (Tribunal de Apelaciones ) que lo resuelto por el juez, no lo compartimos y más bien consideramos todo lo contrario, que si se dan los pre supuestos que el ordenamiento jurídico establece, para conferir lamedida cautelar solicitada", indicó el área de prensa de Recope.
Investigación en la Fiscalía
Tampoco en el Ministerio Público pareciera avanzar la investigación iniciada en 2012 por las aparentes irregularidades ligada al proyecto de refinería con China.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción lleva más de cinco años en la etapa de recolección y análisis de pruebas dentro la causa 12-000127-621-PE, por la posible comisión de delitos de peculado, influencia en contra de la hacienda pública, prevaricato e incumplimiento de deberes,
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La investigación es sobre presuntas anomalías en cuanto al contrato de ampliación y modernización de la refinería de Moín, por cuanto aparentemente se han violentado condiciones establecidas en el acuerdo de empresa conjunta, que fue firmado por CNPCI y Recope, mediante el cual se creó Soresco S.A.
La causa se sigue contra persona ignorada (es decir, aún no hay personas imputadas) conforme el sistema informático de gestión de la Fiscalía.
"Se debe tener presente que esta causa es de trámite complejo. La Fiscalía informó que de momento no ofrecerá entrevistas al respecto, pues no se puede ampliar la información por impedimento legal", aclaró la oficina de prensa.
Ottón Solís, diputado y fundador del Partido Accion Ciudadana (PAC), incluso ha reclamado públicamente al fiscal general, Jorge Chavarría, que la persecusión penal en el país es "lenta y poco eficaz" en alusión a varios casos incluido el de Soresco.