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Compraron terreno en residencial de San Isidro de Heredia hace tres años

Conflicto por agua impide a 45 familias construir su casa

Actualizado el 06 de diciembre de 2013 a las 12:00 am

Disputa entre AyA y urbanizadora pone trabas para levantar viviendas propias

Desarrollador del proyecto asegura que cumple con todos los requisitos

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Conflicto por agua impide a 45 familias construir su casa

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En San Isidro de Heredia, 45 familias esperan el permisos del AyA para construir su vivienda. | ALEXÁNDER CARAVACA.

Unas 45 familias compraron su terreno en el residencial Lomas del Zurquí, en San Isidro de Heredia, hace tres años, sin que a la fecha hayan podido iniciar la construcción de su vivienda.

La razón que los limita es la falta de permisos de agua del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), debido a que según esa entidad, la urbanizadora debe cumplir con más requisitos en la planta de tratamiento de aguas residuales antes de dar luz verde al proyecto.

“He cumplido con todos los requisitos, pero siempre surgen nuevas trabas por parte de ellos (AyA). Se hizo un estudio pagado a un ingeniero donde se comprueba que la planta de tratamiento cumple con todas las disposiciones y tiene la capacidad para recibir a nuevos abonados”, dijo Jéremie De Contes, gerente de la urbanizadora Lucy S.A.

El AyA tendrá plazo al 11 de diciembre para responder a los vecinos sobre su aceptación o no del otorgamiento de los permisos.

Se intentó conversar con Eduardo Lezama, subgerente del AyA. Sin embargo, su asistente dijo que se encontraba en una reunión y que no podría responder a las consultas.

En marzo de este año, el subgerente Lezama indicó, mediante oficio, que la urbanizadora Lucy S.A. debía ponerse al día con los requerimientos que solicitó AyA.

“No se pueden extender las cartas de disponibilidad hídrica hasta tanto el desarrollador no cumpla con los requerimientos técnicos de AyA y se hayan recibidos las obras con total satisfacción”, dijo Lezama en una nota a la urbanizadora.

Desesperados. Los vecinos pagaron entre ¢60 millones y ¢240 millones por los terrenos, sin que pudieran iniciar la construcción de sus viviendas en el residencial.

Durante estos tres años de espera han tenido que pagar alquileres y han perdido el dinero que habían pagado a varias empresas constructoras para el inicio de la edificación de sus viviendas.

“Los gastos de alquiler son considerables y esta disputa nos afecta muchísimo. Hay familias que tenían préstamos en los bancos y ahora tienen que pagar intereses de una casa que ni tan siquiera pueden construir. En mi caso, pagué ¢5 millones a una constructora para el inicio de las obras y estamos en una parálisis total y sin respuestas”, dijo Jorge Sánchez, uno de los propietarios afectados.

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Otro de los afectados, Marco D’Alolio, dijo que durante estos años ha tenido que pagar unos ¢90.000 en impuestos municipales sin que haya una solución clara para iniciar con la construcción de su vivienda

“Han dicho de todo y no han llegado a ninguna solución. La urbanizadora ha ido cumpliendo con varios requisitos que se le han impuesto. Ya no sabemos que hacer para construir nuestra casa propia”, concluyó D’Alolio,

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