El Colegio de Abogados inició las pesquisas para determinar si dos funcionarios de la Dirección Jurídica de Casa Presidencial ejercen de manera ilegal la abogacía.
Se trata del jefe de ese despacho, Diego González Fernández y de la asesora legal, Rebeca Sandí Salvatierra, quienes son bachilleres en Derecho, pero que no son abogados porque no disponen del título de abogado, ni forman parte de esta organización gremial.
Este lunes, el director Jurídico de la Presidencia, Marvin Carvajal, recibió en su oficina a Gabriel Zelada, miembro de la Fiscalía del Colegio.
Durante el encuentro, Carvajal aseguró que González y Sandí solo son sus asistentes y que no realizan ninguna función para la que requieran ser licenciados en Derecho y estar colegiados.
"Ellos no litigan, no representan y no certifican", afirmó el jerarca de la Presidencia.
Zelada por su parte dijo, en un comunicado de prensa, que ya cuentan con la información necesaria para emitir un dictamen: "Aquí tenemos todos los archivos, hablamos con funcionarios y recibimos la documentación que fue aportado sin ningún problema".