Las autoridades del Partido Acción Ciudadana (PAC) apoyan la petición que el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, les hizo a los miembros de la Junta Directiva del BCR para que renuncien a sus cargos, sobre todo los nombrados por este gobierno y, en particular, los que son exdiputados de esa agrupación.
Con ellos coincide el jefe de la fracción del PUSC, William Alvarado, quien considera que la Junta debería renunciar en pleno, pero también crítica que el mandatario haya nombrado los miembros de ese órgano colegiado más por criterios políticos que técnicos.
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El candidato presidencial del PAC, Carlos Alvarado, explicó que Solís nombró cinco personas, los directores Ronald Solís, Francisco Molina, Gustavo Arias, Mónica Segnini y Paola Mora, y dijo que más allá de los cuestionamientos específicos a cada uno, ellos tienen que renunciar porque se deben al nombramiento de un presidente.
El órgano colegiado lo completan Evita Arguedas y Alberto Raven, ambos nombrados por el gobierno de Laura Chinchilla.
Solís y Arias ya dimitieron a sus cargos. Ante la negativa de los otros cinco, el Consejo de Gobierno los suspendió mientras les abre un procedimiento disciplinario.
"Es que nadie puede silenciarlos, porque hay investigaciones en curso y, además, hay libertad de expresión para que expongan sus puntos de vista. El presidente hace muy bien, pero deben renunciar sobre todo los que son del PAC. Es una cuestión de respeto a la investidura del presidente, los que son del PAC deberían renunciar", comentó Carlos Alvarado por vía telefónica.
De los cinco directores del BCR nombrados por Luis Guillermo Solís, tres son exdiputados: Francisco Molina y Rónald Solís (legisladores entre el 2006 y el 2010), así como Gustavo Arias (congresista entre el 2010 y el 2014).
"Es por la buena gobernanza del Banco y, cuando el presidente hace una petición, esta se acata", comentó el candidato presidencial del PAC.
En sintonía con el aspirante a mandatario, la presidenta del PAC, Marcia González, apuntó que resulta preocupante la negativa de los directores del BCR, porque esta polémica puede poner en riesgo la estabilidad de esa entidad bancaria y del sistema financiero nacional, porl el peso que tiene el Banco de Costa Rica en el entramado.
"Seguir en esta zozobra e inestabilidad no le hace bien al sistema bancario; por un tema ético, se deberían avocar a que se aclare todo este asunto, pero no poniendo en peligro al BCR", dijo González.
Luis Guillermo Solís les pidió la renuncia a todos los miembros de la Junta Directiva, preocupado por los créditos otorgados a "negocios cuestionados" y por los conflictos internos que se han generado entre los directores, a causa de los préstamos.
Solís se refiere, específicamente, a las líneas crediticias por $30 millones que se le han otorgado al empresario Juan Carlos Bolaños para que importe cemento desde China y el crédito a la Cooperativa de Electrificación de San Carlos (Coopelesca) por $32,7 millones para que le comprara la plana hidroeléctrica Aguas Zarcas a la cementera Holcim, de la que el director bancario Alberto Raven formaba parte como fiscal de su directiva.
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El mandatario tomó la decisión luego de recibir, el lunes, un informe confidencial de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) sobre el BCR. Solís anunció la decisión por sus redes sociales, luego de citar a los directores a una reunión, la tarde del martes.
Según Solís, Javier Cascante detalló, en el informe, que "persisten conflictos internos entre los integrantes de la Junta que impactan de manera negativa su funcionamiento, generando condiciones que dificultan su comunicación, colaboración y debate crítico para la toma de decisiones".
La presidenta del PAC manifestó que alegar que se les quiere imponer silencio, es "solo una excusa" y afirmó que la petición del gobernante no es por silenciarlos, sino por encontrar estabilidad y transparencia en el Banco.
En cuanto a la posición del PUSC, William Alvarado afirmó que "lastimosamente" Luis Guillermo Solís tuvo la oportunidad de nombrar, al inicio de su administración, cinco personas pero alega que valoró más los "aspectos políticos" que los atestados de los directores bancarios.
Eso sí, el diputado indicó que el procedimiento de pedir la renuncia o destituir a los miembros de la Junta Directiva tiene que fundamentarse en criterios claros de la Sugef. "Me extraña que el presidente haya solicitado la renuncia en pleno y no por los asuntos particulares", indicó el congresista.
William Alvarado, quien forma parte de la Comisión Investigadora de los Créditos Bancarios que ha hecho varios interrogatorios a todos los implicados en el debate, añadió que a él le queda claro que hubo conflicto de intereses, "sobre todo en el caso de Raven, director bancario y fiscal de Holcim, empresa que se benefició de un crédito otorgado a quien le compró la planta hidroeléctrica".
"Habría que valorar también el caso de Paola Mora por los créditos otorgados a la empresa Sinocem Costa Rica", comentó el socialcristiano.