El Centro de Investigación Policial (CIP), varios de cuyos miembros fueron separados de sus cargos por los disturbios que se dieron en la Casa Presidencial el pasado 7 de agosto, será transformado, y 150 de sus 200 efectivos reinstalados en distintos cuerpos de la fuerza pública.
Así lo anunció ayer, en conferencia de prensa, el ministro de Seguridad Pública, Juan Diego Castro Fernández, quien aseguró que el CIP "está con respirador artificial, con muerte neurológica," y están "a punto de desconectarlo".
La disposición de terminar con la institución fue resuelta a pedido del presidente de la República, José María Figueres, quien envió ayer una carta al funcionario, en la cual fustigó la actuación de oficiales del CIP durante la escaramuza ocurrida frente a la Casa Presidencial.
"El comportamiento de esos miembros del CIP fue violatorio de los derechos humanos de varias personas y totalmente ajeno al comportamiento de una policía profesional y civilista", sostuvo el mandatario.
Ante ello, el titular de Seguridad Pública anunció ayer, a las 3:40 p.m., una serie de cambios en dicho organismo policial, el cual será transformado en "una especie de archivo policial".
"Se ponen uniforme o se van para la casa", expresó Castro Fernández al revelar que al menos 150 de los 200 oficiales del CIP pasarán a formar parte de la Guardia Civil, la Guardia de Asistencia Rural (GAR) o Radiopatrullas.
Por otra parte, anoche no prosperó un voto de censura que tramitó la fracción socialcristiana en la Asamblea Legislativa contra Castro Fernández, a quien culpan de la violencia del 7 de agosto en Zapote.
De 48 diputados presentes, 27 votaron a favor de la censura y 21 en contra. Se requería de 32 votos para censurar al titular de Seguridad Pública.
Acciones cuestionadas
Un número de agentes, aún no determinado, será destituido por malas actuaciones. "Vamos a extirpar los malos procedimientos...", comentó el Ministro.
El CIP fue intervenido desde la 1 p.m. de ayer por una comisión especial que comanda el subdirector de la Guardia Civil, Juan Manuel Quesada, quien recomendará en los próximos días la separación de algunos investigadores del CIP y la reinstalación de otros en distintos cuerpos de la fuerza pública.
Según el Ministro, solo quedarán aproximadamente 50 efectivos quienes cumplirán labores administrativas relacionadas con el análisis de información policial y labores preventivas. "Ya no intervendrán en capturas, ni en ningún tipo de operativo", sentenció Castro.
Reconoció la existencia de quejas contra oficiales del CIP por abusos cometidos en distintos operativos.
Causas penales
Mientras tanto, el fiscal del Ministerio Público, Víctor Vargas, --por medio de la oficina de Prensa de la Corte Suprema de Justicia-- anunció ayer la apertura de causas penales contra seis oficiales del CIP y un número no precisado de educadores.
Los encartados participaron en la gresca que se produjo en horas de la noche del 7 de agosto pasado frente a Casa Presidencial.
De acuerdo con el fallo judicial, cuatro policías del CIP, cuyas identidades no fueron reveladas, enfrentan desde ayer cargos por abuso de autoridad y privación agravada de libertad.
Entre los imputados figuran --trascendió en medios judiciales-- Mauricio Amador Quesada, Juan Carlos Cantillo López y José Manuel Hernández Fernández, destituidos el domingo anterior del CIP, por disposición del ministro Castro.
La suerte de otros siete integrantes del CIP, ligados a abusos contra huelguistas, será definida la próxima semana.
Colaboró con esta información Rónald Matute Ch., periodista