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El Presidente puede cancelarlos sin intervención legislativa Análisis. Armando González R.

Beneficios de Cuenca del Caribe dependen de la Casa Blanca

Actualizado el 11 de febrero de 2007 a las 12:00 am

Ley de la ICC concede amplias facultades al Poder Ejecutivo

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Beneficios de Cuenca del Caribe dependen de la Casa Blanca

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El Presidente de los Estados Unidos decide, sin intervención alguna del Poder Legislativo, cuáles países integran la lista de beneficiarios de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), cuáles permanecen en la lista y cuáles quedan excluidos.

Así, el texto de la ley fundadora de la ICC se contrapone a las versiones de políticos y sindicalistas nacionales que confían en la voluntad del Congreso norteamericano para garantizar la permanencia de las ventajas otorgadas a las exportaciones costarricenses.

Esas versiones se basan en la errada convicción de que Costa Rica solo puede ser excluida de la ICC mediante una ley que el Congreso estadounidense no estaría dispuesto a aprobar. En realidad, los atributos de la Casa Blanca incluyen hasta la posibilidad de negar los beneficios arancelarios de la ICC a determinados productos y restablecerlos cuando lo estime conveniente.

Las amplias facultades otorgadas al Ejecutivo por la ley de 1983 y sus reformas del 2000 y el 2002 solo encuentran límites en la Sección 2702, que establece la lista de países elegibles, y en la sección donde se enumeran los productos sujetos a los beneficios arancelarios. El Presidente no puede otorgar las ventajas de la ICC a países no incorporados a la lista de la Sección 2702 y tampoco puede extenderlas a productos no contemplados por la ley.

Sin embargo, Ottón Solís, excandidato del Partido Acción Ciudadana (PAC), aseguró, luego de una reciente visita a Washington, que no hay ambiente legislativo para excluir a Costa Rica de la ICC independientemente de lo que ocurra con el Tratado de Libre Comercio (TLC).

Temor infundado. Entrevistado el martes 6 de febrero en el programa “Desayunos de Radio Universidad”, Solís denunció la existencia de una campaña para atemorizar a los costarricenses con la posible pérdida de los beneficios de la ICC si el país no ratifica el tratado de libre comercio. El excandidato enfatizó que el peligro no existe, porque la exclusión exigiría una ley específica, diseñada para castigar a Costa Rica y mantener los beneficios a una veintena de países, muchos de los cuales ni siquiera tienen negociaciones de libre comercio con Estados Unidos.

“Como me dijo un congresista: ¿Quién va a castigar a Costa Rica? ¿Acaso Costa Rica es Cuba o Irán o Corea del Norte? El congresista que presente eso, con el respeto que se le tiene a su país, Mr. Solís, pierde las próximas elecciones y saca un voto”.

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Solís relató que el representante Jim McDermont también le dio seguridades: “El Congreso lo manda el Partido Demócrata, que votó contra el TLC. ¿Cómo vamos a castigar a un país porque haga lo mismo?”.

El presidente Óscar Arias añadió a la confusión con las declaraciones brindadas el jueves 1.° de febrero, luego de la reunión en que Solís le informó los resultados de su viaje a Washington. “Se requiere de legislación para poder terminar con la Iniciativa de la Cuenca del Caribe”, dijo el mandatario.

Arias lleva razón si quiso decir que la derogatoria de la ley como un todo exigiría un nuevo acto legislativo, pero en el contexto dio la impresión de que lo mismo se aplica a la exclusión de un país en particular.

Por contraste, la Sección 2702, inciso C(2) de la ley rectora de la ICC confiere al Presidente de los Estados Unidos la potestad de excluir a cualquier país de la lista de beneficiarios con solo notificar su voluntad y las razones de la decisión a la Cámara de Representantes, al Senado y al país afectado. La notificación debe ser hecha con 60 días de anticipación (ver texto original y su traducción en recuadro adjunto).

El párrafo 1(B) establece un procedimiento similar para la suspensión de las ventajas a determinados productos provenientes de un país beneficiario.

Antes de adoptar alguna de esas medidas, el Ejecutivo debe abrirse a una consulta pública, pero la decisión final es suya.

La sencillez del trámite contrasta con las declaraciones de Solís a Radio Universidad: “… compare seguridades jurídicas: si usted ve el artículo 22 inciso 7) del TLC, lo único que Estados Unidos tiene que hacer para salirse del TLC es notificar. No hay ninguna precondición. Entonces, si vamos a considerar inseguridades jurídicas, la que existe con el TLC es enorme. Ahí sí hay inseguridad”.

En efecto, cualquier país puede abandonar el TLC denunciándolo con seis meses de anticipación, pero ese trámite no es tan sencillo como la cancelación de los beneficios de la ICC.

En los Estados Unidos escasean los precedentes de la terminación de un tratado por la sola voluntad del Presidente y muchos expertos argumentan que el acuerdo del Legislativo es tan necesario para denunciar un tratado como para aprobarlo. Más allá del argumento legal yacen el político y el económico. La ICC es un sistema de beneficios concedidos unilateralmente por los Estados Unidos, pero el TLC establece beneficios recíprocos y su denuncia afectaría intereses de empresas importadoras y exportadoras estadounidenses, además de la imagen internacional de los norteamericanos. Por otra parte, la denuncia de un tratado repercute en todos sus socios (en este caso, siete países) mientras los beneficios de la ICC pueden ser cancelados parcial o totalmente sin mayor efecto sobre los demás beneficiarios.

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Nada novedoso. Las potestades del Poder Ejecutivo para excluir países y productos de los beneficios de la ICC no deben sorprender al sindicalismo costarricense. El 13 de junio del 2001, la poderosa central sindical AFL-CIO, alentada por los sindicatos nacionales, planteó ante la oficina del representante comercial de los Estados Unidos –equivalente a nuestro Ministerio de Comercio Exterior– una demanda para que Costa Rica perdiera los beneficios de la ICC y del Sistema General de Preferencias (GSP) como sanción por el supuesto incumplimiento de sus obligaciones en el ámbito laboral.

Encabezados por la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), los sindicatos locales estuvieron al tanto del trámite seguido ante el Poder Ejecutivo estadounidense y enviaron la información necesaria, aunque la gestión fracasó.

Para sustentar la demanda, los sindicatos citaron el párrafo de la ley de la ICC que permite al Presidente revocar la condición de beneficiario a cualquier país que “… no esté tomando medidas para hacer valer los derechos laborales internacionalmente reconocidos”.

Pero los incumplimientos en el ámbito laboral constituyen apenas una de las once amplias razones que el Presidente puede alegar para cancelar los beneficios. Existen otras dos cuya pertinencia para el caso costarricense parece clara. La primera es la posible pérdida de los beneficios de cualquier país que otorgue tratamiento preferencial a los productos de otra nación desarrollada, salvo que el Presidente se de por satisfecho con la promesa de que esas preferencias serán eliminadas o de que se tomarán las medidas necesarias para que no produzcan efectos adversos sobre los intereses comerciales de los Estados Unidos y así se lo haga saber al Congreso.

En ese sentido, es importante recordar que Costa Rica ya tiene un tratado de libre comercio con Canadá y está en vísperas de negociar otro con la Unión Europea.

La segunda norma pertinente establece como criterio para otorgar los beneficios de la ICC “la medida en que el país haya dado seguridades a los Estados Unidos de que proveerá acceso equitativo y razonable a sus mercados…”. En este sentido, el rechazo del TLC podría ser interpretado de manera perjudicial para el país.

En su entrevista radial, el líder de Acción Ciudadana omitió esas y otras razones –como el respeto a la propiedad intelectual y el cumplimiento de las normas del comercio internacional– entre los motivos que podrían llevar al Ejecutivo estadounidense a adoptar medidas lesivas para los intereses de Costa Rica. Luego de insistir en la necesidad de una ley para eliminar los beneficios del TLC, Solís expresó: “El Presidente de Estados Unidos podría querer quitarla si Costa Rica se hace enemigo, si no participa en la lucha contra el narcotráfico, si se hace comunista, que nada de eso va a ocurrir”.

Terceros interesados. La Casa Blanca no solo tiene la potestad de otorgar y retirar los beneficios de la ICC, sino que para mantener las ventajas concedidas, debe emitir, cada dos años, un documento donde certifique ante el Congreso que los países favorecidos siguen cumpliendo los criterios establecidos por la ley.

Antes de emitir la certificación, la oficina del representante comercial debe publicar en el “Registro Federal” un edicto solicitando comentarios del público sobre el cumplimiento de los criterios legales por parte del país al cual se pretende mantener los beneficios. Esa es una de varias oportunidades en que los interesados pueden acusar incumplimientos. Entre los quejosos podrían estar empresas excluidas de los mercados de países favorecidos por la ICC, grupos que aleguen violación de derechos de propiedad intelectual e incluso países competidores que aleguen trato discriminatorio.

Como sistema unilateral de preferencias, la ICC también está bajo ataque de países como India y China, que ya han presentado sus quejas ante la Organización Mundial del Comercio, cuyos técnicos estudiarán la compatibilidad entre la legislación internacional vigente y las ventajas concedidas a la Cuenca del Caribe.

En un comunicado emitido el jueves, el Partido Acción Ciudadana señala, correctamente, que la ICC no tiene fecha de vencimiento, pero una parte importante de los beneficios otorgados a la industria textil perderá vigencia en el 2008 y no se prevé su renovación.

Además, influyentes miembros del Congreso exigen la eliminación de beneficios similares a los del ICC a países que rechazan tratados de libre comercio con Estados Unidos, como Bolivia y Ecuador. El senador Charles Grassley, líder de la bancada republicana en el Comité de Finanzas, tomó la palabra el 30 de enero para fijar posición en ese sentido.

Aprovechando el carácter unilateral de la ICC, otros miembros del Congreso exigen condicionar los beneficios del programa a las posiciones asumidas por los países beneficiarios en organismos como la Organización Mundial de Comercio y las Naciones Unidas.

Ninguno de esos hechos implica que Costa Rica necesariamente perderá todos los beneficios de la ICC si no ratifica el TLC. Arias y Solís coinciden en señalar que nadie en Washington ha formulado semejante amenaza, pero también es cierto que Christopher Padilla, subsecretario de comercio, puso en duda el mantenimiento de las preferencias en el futuro cercano. La decisión no depende de Padilla, quien en esa época fungía como representante comercial adjunto, pero su advertencia, expresada el 18 de marzo del 2005, fue inequívoca: “Estados Unidos no continuará los beneficios unilaterales de la ICC para Costa Rica o cualquier otro miembro (dos años) después de que el acuerdo (el TLC) entre en vigencia”.

A tenor de la ley, la esperanza de un resultado diferente no descansa en el Congreso, sino en la buena voluntad del presidente Bush y sus sucesores.

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