El informe de la Auditoría Interna del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), fechado en enero del 2013, advierte sobre la falta de información en los expedientes de los beneficiarios de los proyectos Radial II y Villa Paola, en Guararí de Heredia.
“Los expedientes carecen de una estructura e información que permita concluir, concretamente, sobre los estudios realizados”, dice el informe del auditor Francisco Mora.
El documento también concluye que las viviendas se asignaron a personas que no pertenecían al asentamiento, lo cual incumple disposiciones emanadas por la Junta Directiva.
Denuncias. Hubo familias que fueron excluidas de los proyectos de vivienda que llevaron sus quejas a la Procuraduría General de la República (PGR).
Tal es el caso de Kattia Sirias, quien fue excluida de la lista de potenciales beneficiarios del proyecto Villa Paola en el 2009.
“Yo estaba en la primera lista del 2008. Al año siguiente, me excluyeron porque yo tuve que salir de Guararí por un tiempo; la vida de mis hijos peligraba.
”Lo que no entiendo es por qué me sacaron a mí, que estuve ahí toda una vida, y metieron a gente que ni formaba parte de la comunidad de Guararí. Fue una injusticia”, comentó Sirias.
Dentro de la lista de beneficiarios del proyecto de Guararí, el informe auditor revela que hay familias que recibieron el beneficio y residían en Desamparados, Cartago, Goicoechea, Tibás y Alajuela, entre otros.
En todos esos casos, la trabajadora social Lorena Pringle certificó, en los expedientes: “la familia, por su situación de extrema necesidad, cumple con los condiciones requeridas en este programa de financiamiento”.
Consultada al respecto, la funcionaria Pringle dijo que no se referiría a su intervención en el proyecto debido a que no tenía autorización de sus superiores para hablar del tema.
La investigación de la Auditoría Interna también descubrió que a Elvin José Linares Vargas le fue otorgada una vivienda sin que apareciera en alguna de las listas de beneficiarios.
“Algunas viviendas fueron entregadas a las personas que no aparecen en los listados oficiales utilizados en la asignación de casas”, dice el informe.
La Junta Directiva del INVU espera un nuevo informe que encargó a un abogado a fin de investigar las anomalías señaladas por el informe auditor.