Pese a que se le vincula con acciones irregulares, su sede fue allanada y se le decomisó parte de su sofisticado equipo electrónico, la empresa Astur Seguridad S.A. continúa con sus operaciones en el país.
Así lo aseguró ayer su gerente general, Mario García, a quien se contactó por la vía telefónica. Además, al menos uno de sus clietes, Dycel S.A., constató que aún reciben el servicio que brinda la empresa, la cual se dedica desde marzo de 1995 a funciones de seguridad privada.
Las oficinas centrales de la firma, ubicadas en barrio Pinto, en San Pedro de Montes de Oca, fueron allanadas el jueves 8 de febrero por orden del Juzgado Cuarto de Instrucción de San José. En la acción se decomisó equipo especial para rastreos y barridos telefónicos, alarmas de seguridad y armamento. Posteriormente se reveló que, en un informe que realizó la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), se les acusó de extorsionar a sus clientes.
Debido a estas circunstancias, La Nación le envió un cuestionario al ministro de Seguridad, Juan Diego Castro, con el fin de aclarar si la Dirección de Vigilancia Privada, dependencia encargada de regular el funcionamiento de este tipo de empresas, tomaría algunas medidas en el caso de Astur. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de preguntas del cuestionario pretendían aclarar aspectos concernientes exclusivamente al papel de ese ministerio, Castro, por medio de su asesor de prensa, Jesús Ureña, se negó a responder.
Todo normal
"Le estamos dando la atención a todos los clientes que tenemos y no hemos tenido ningún problema para brindar nuestros servicios", dijo escuetamente Mario García. Sostuvo que prefería no tocar ningún aspecto más pues se encontraba descansando.
Por su parte, Orlando Pino, gerente de la empresa Dycel S.A., aseguró que aún recibe los servicios de Astur. "Tengo el sistema de alarmas conectado con ellos y cualquier anomalía la registran y me avisan", explicó.
Una posible relación de Astur con el director de la DIS, Mario Soto, impulsó al Gobierno a suspenderlo de su cargo y a iniciar una investigación en su contra.
Sin respuesta
El ministro de Seguridad Pública, Juan Diego Castro, consultado por escrito, ni siquiera se refirió a los puntos que deben estar bajo su control. Por ejemplo:
¿Qué tipo de sanciones podrían imponer ustedes a esta empresa de seguridad privada? ¿Podría retirárseles el permiso de operación? ¿Qué tipo de control posterior a la inscripción ejercen ustedes sobre las empresas de seguridad privada? ¿Podría usted informarnos de cuáles son los requisitos que su ministerio exige a la hora de que una empresa como la mencionada solicita su inscripción? ¿Tuvo el Ministerio de Seguridad alguna participación en la investigación policial de este caso?
Fuente: Cuestionario enviado por fax a Juan Diego Castro el 13 de febrero.