Dos décadas después de su creación por decreto, el Sistema Nacional de Contralorías de Servicios recibió el impulso de la Asamblea Legislativa al aprobar ayer, en segundo debate, un proyecto de ley que lo regula.
Actualmente, las contralorías de servicios son hijas de un decreto firmado en 1993, posteriormente reformado en 1994, en 1997 y en el 2008. Varios intentos se han hecho en los últimos años de llegar a un acuerdo, pero hasta ayer se consolidaron.
“El proyecto de ley establece que la contraloría es para recibir insumos y sugerencias, pero para transformarlos en propuestas de mejora. No es solo una oficina para atender quejas”, apuntó la diputada libertaria Marielos Alfaro, quien impulsó la iniciativa.
La principal deuda del proyecto son las sanciones, pues todavía no está claro cuáles son las consecuencias para las instituciones públicas que no cumplan con la legislación.
Alfaro reconoció que esperan desarrollar esto en una reforma posterior, pues en esta ocasión prefirieron robustecer el sistema con una ley sólida que tuviera menos trabas en el plenario.
CCSS. Con la aprobación del proyecto 18.444, las contralorías de servicios de la administración pública acompañan a las 72 que ya están operando a lo interno de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Desde 2002 y con la aprobación de la “Ley de derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios de salud públicos y privados”, esta institución tiene legislación que regula las contralorías de servicios de salud.
Desde entonces, la CCSS ha instaurado un total de 72 contralorías de servicios en hospitales, clínicas y áreas de salud.
El sistema recibió 2.319 quejas en 2012 y atendió más de 30.000 gestiones (trámites rápidos donde el usuario recibe solución en menos de un día). Tuvo un margen de aprobación de 92.3%.