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En sedes legislativa y judicial

Álvarez Desanti pide investigar tres obras viales

Actualizado el 18 de julio de 2017 a las 07:43 pm

Maureen Clarke, exjefa de la fracción del PLN, alega que no ha recibido respuesta del Ministerio Público por la solicitud que hizo desde abril para investigar la pifia en el acceso al megapuerto de Moín

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Antonio Álvarez, candidato presidencial del PLN, negó que su conferencia con sus diputados fuera una reacción a las acciones de otros aspirantes presidenciales, como Carlos Alvarado y Juan Diego Castro. Lo escuchan Rolando González, Karla Prendas y Juan Luis Jiménez. (Aarón Sequeira.)

El candidato presidencial del PLN, Antonio Álvarez Desanti, espera que avancen las investigaciones sobre tres obras viales desarrolladas en este gobierno, tanto en la sede legislativa como en la judicial.

Luego de reunirse con la fracción de Liberación Nacional (PLN), el aspirante habló de su preocupación por la forma en que se manejaron la construcción de la ruta 257, que conectará la carretera 32 con el futuro megapuerto de Moín; el tramo central de la nueva carretera a San Carlos, y la punta norte de esta última vía.

Álvarez enfatizó que, desde abril, la diputada Maureen Clarke, exjefa de bancada de Liberación, solicitó al Ministerio Público investigar la "pifia" de 80 metros que impediría conectar la ruta 257, tal como se contrató, con el megapuerto.

"Estamos preocupados por lo que sucede con la ruta de acceso a ese muelle, donde el costo para el país es de $26 millones adicionales, pues se rechazó la posibilidad de que se adjudicara la licitación a una empresa que presentaba la corrección del 'error' y, sin embargo, el Gobierno no lo hizo", indicó Álvarez.

"Evidentemente, este es un acto en que ha habido negligencia y, más que negligencia, ha habido acciones muy conscientes de que se permitió que las cosas se hicieran mal. Entonces, ya está presentada la denuncia en el Ministerio Público".

"Queremos una investigación en la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público para llegar hasta las últimas consecuencias y sentar las responsabilidades del caso, donde la acción irresponsable del Gobierno se ha ido en excusas, pero nos va a representar más de $26 millones en costos adicionales por una ruta de escasos metros", añadió.

Aparte de la petición de Clarke al fiscal general, el diputado liberacionista Rolando González aseguró que hay un expediente abierto sobre la ruta 257 en la Comisión de Gasto Público y que se pedirá abrir uno más sobre las contrataciones en la punta norte, para lo cual presentó una moción este lunes.

En la punta norte, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) cambió el diseño de la construcción después de adjudicarla, para ampliar el número de carriles, e inició los trabajos con base en esa modificación sin tener un estudio de flujo de tránsito que lo justificara, sin saber cómo financiaría los trabajos adicionales y sin tener certeza del costo final. Al final la obra se encareció en un 170%.

Álvarez añadió que, en el caso de la carretera a San Carlos, el Ejecutivo ha sido irresponsable, porque la administración no ha hecho los estudios necesarios para terminar esa ruta y así lo advirtió la Contraloría General de la República, la semana pasada, al rechazar una novena modificación al contrato porque esta no aseguraba que la obra sería concluida.

Tanto Rolando González como Karla Prendas, actual jefa de la bancada liberacionista, aseguraron que tanto la pifia como otras omisiones que le achacan al Gobierno son acciones que "podrían calificarse eventualmente por la Comisión de Gasto Público como actos de corrupción".

Álvarez Desanti evitó mencionar la palabra "corrupción", pero describió lo sucedido con la ruta 257 así: "Primero, sacar un concurso con un cartel que evidentemente se sabía que contenía un error, eso no es ético. Segundo, descalificar a una empresa que descubrió el error y que ofreció la obra corrigiendo el error. Tercero, terminar adjudicándola conociendo que eso implicaría una pérdida para el país de $26 millones".

El candidato se refiere a la contratación del Consorcio del Atlántico, conformado por las empresas MECO y Puentes y Calzadas, para hacer la obra a un costo de $71,8 millones (¢41.600 millones), y no la oferta de $60 millones (¢34.800 millones), pues al final se tuvo que pagar más por la obra, para corregir el error que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) sabía que existía desde el principio en el diseño de la obra.

Maureen Clarke apuntó que envió otra carta el 5 de julio a la Fiscalía, para aportar más información a la solicitud hecha en abril, pero aseguró que no ha recibido ninguna respuesta de parte del fiscal general, Jorge Chavarría.

Aunque no se le hizo una consulta específica sobre actos de corrupción en gobiernos anteriores, Antonio Álvarez Desanti comentó que lo sucedido con la 257 no es comparable el costo de la pifia en Moín con el que había significado la trocha fronteriza.

"Los costarricenses hemos sentido un gran pesar por lo que ocurrió con la trocha, lo que significó eso para el país, pero la trocha es un 10% de lo que le costó al Estado este acceso al muelle de APM Terminals, para que nos hagamos una idea de la magnitud de la negligencia, la impericia y el nivel de irresponsabilidad", expuso el candidato.

"Deploramos lo que hicieron funcionarios de nivel medio con la trocha, pero para que lo ubiquemos, eso representa un 10% de estos 80 metros", añadió.

PLN exige ampliar vía inagurada por Arias

Además de criticar las acciones relacionadas con esas obras, Antonio Álvarez Desanti exigió al Gobierno que firme un ajuste en el contrato de concesión de la ruta 27, San José-Caldera, para ampliarla "a cuatro o a seis carriles".

"El PLN le exige un pronunciamiento, que lo puede hacer durante las próximas diez semanas, el tiempo que se requiere como máximo para establecer todos los requerimientos legales para ampliar el contrato y que por fin podamos tener una ruta 27 moderna, como la merece el país", indicó Álvarez.

De hecho, criticó que no se puede plantear la construcción de un aeropuerto en Orotina sin antes ampliar esa vía.

El candidato presidencial justificó su exigencia en que ya "rápidamente se pudieron recuperar los dineros para cancelar parte del crédito y la empresa está lista para la ampliación desde hace tres años"; sin embargo, el liberacionista señaló al Gobierno por no actuar por una cuestión ideológica, por estar en contra de las concesiones.

"Hay una responsabilidad de la administración Solís Rivera, que se siente muy orgullosa porque arregla un puente y le queda debiendo mucho a Costa Rica por no ampliar las rutas", dijo el aspirante a presidente.

Justificó que durante gobiernos liberacionistas se haya desarrollado e inaugurado una autopista que siete años después está colapsada, porque dice que los diseños son de hace 30 años y que "cuando se inauguró ya venía colapsada".

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Aarón Sequeira

aaron.sequeira@nacion.com

Periodista de Política

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica. Investiga y escribe sobre negociaciones políticas, pactos partidarios y proyectos de ley de impacto nacional.

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