Allegados se apoderan de dinero de 120 pensionados pobres al año

Son al menos 120 las personas que, cada año, pierden su pensión del Régimen No Contributivo (RNC) a manos de sus propios familiares o allegados, quienes se aprovechan de la vulnerabilidad del jubilado para su propio beneficio.

Ese es el aproximado de casos que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) detecta anualmente, de acuerdo con Ubaldo Carrillo, director de Pensiones.

No obstante, la lista real asciende a un número al que a la institución le resulta difícil seguirle el paso: el miedo, el silencio de los testigos y los limitados controles evitan que más situaciones de violencia se identifiquen.

La ayuda -de apenas ¢78.000 mensuales- la entrega la Caja Costarricense de Seguro Social (CSSS) a 109.000 ancianos en pobreza, viudos, huérfanos, indigentes, y personas con discapacidad, con el objetivo de que puedan satisfacer sus necesidades básicas de alimento, vestido y techo.

Aún así, es común escuchar de familiares o vecinos que le dan otros usos.

“A veces es muy tentador el dinero, y más en ciertas poblaciones donde están pensando en dejarse la mitad, o le dan un poquito nada más, y la persona pensionada queda completamente desprotegida ”, explicó Herminia Jerez, asesora nacional de Trabajo Social de la CCSS.

Como mecanismo de supervisión, cada cierto tiempo la Caja realiza una revisión aleatoria de los beneficiarios del régimen, para corroborar que la pensión se esté invirtiendo de manera correcta. No obstante, Carrillo considera que para la institución es imposible estar al tanto de todos los jubilados.

“Hacemos el llamado a las personas, a la comunidad. A velar por que el adulto mayor realmente esté recibiendo el dinero. Si bien es cierto que nosotros hacemos el muestreo, necesitamos tener los ojos de toda la comunidad”, dijo.

Jerez explicó que cuando se detecta que algún beneficiario está siendo víctima de violencia patrimonial con su pensión, la Caja procede a intervenir y concientizar a la familia y, si no hay una respuesta positiva, se procede a reubicar al pensionado en un lugar donde sean otros quienes velen por él.

Expuestos. Un 77% de las pensiones que concede el RNC pasan primero por las manos de “terceros de confianza”, antes de llegar a sus destinatarios.

Se trata de 84.500 asistencias económicas que se entregan a terceros, o endosatarios, y que cada mes suman ¢4.941 millones, según consta en la información de la CCSS.

El mecanismo se emplea para dar acceso a las ayudas a quienes, por alguna limitación física o mental, no puedan recoger la pensión por sí mismos. Apenas retira el dinero, el endosatario debe entregárselo íntegro al pensionado, o bien, comprar la comida y todos los implementos que este requiera.

“Esta figura es vital: si no existiera, ¿Cómo haría el adulto mayor o la persona discapacitada para recoger su dinero? El endosatario es vital porque se convierte en la ayuda idónea de un pensionado” aseguró Carrillo.

Pese a ello, la institución también reconoce que el riesgo que se corre al usar terceros para la entrega de ayudas -con fondos públicos- es alto.

“El endosatario debe ser alguien que demuestre interés por la persona pensionada, que no vaya a aprovecharse de las condiciones de vulnerabilidad, que la comunidad reconozca como una persona honesta. También debe tener solvencia económica, para que no se vea tentada por el dinero”, explicó Jerez.

Sin embargo, cada cierto tiempo se ubican casos como el de un joven de 18 años, vecino de Golfito. Él, pese a ser beneficiario de ¢256.000 mensuales (monto otorgado a personas con parálisis cerebral profunda), vivía en un cuarto oscuro, desaseado y mal alimentado.

Su mamá era la endosataria de la pensión, pero ella nunca usó el dinero para velar por su bienestar.

“Ellos lo que hacían era casi que mantenerlo vivo para retirar la pensión. Con eso todos comían, todos hacían sus cosas, y no le daban calidad de vida al paciente”, manifestó Carrillo.

Cuando, por medio de una denuncia, la Caja corroboró las condiciones inhumanas en la que vivía el muchacho, una trabajadora social intentó ayudar a la madre a cambiar la situación. Al no demostrar ella ninguna intención de mejora, el paciente se trasladó a un albergue de rehabilitación.

Miedo. Pese a que, según Carrillo, cada vez son más los vecinos que se atreven a denunciar situaciones sospechosas de abusos, muchos casos quedan invisibilizados e impunes, ante el temor que sienten los pensionados -en su mayoría son personas en alta vulnerabilidad- de denunciar a sus agresores.

“La violencia es compleja porque si el anciano está inmerso en un grupo familiar y lo agreden quitándole la pensión, a veces cuando llegan a tomarle el testimonio no dicen nada, por miedo”, explicó Herminia Jerez.

Carrillo explicó que, aun cuando el adulto mayor quiera salir del núcleo en el que está siendo explotado, es difícil buscar lugares donde ubicarlo.

“En Costa Rica faltan opciones de albergues que cuiden de un adulto mayor”, aseguró.

Para Zulema Villalta, presidenta ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), el problema reside en la falta de coordinación interinstitucional.

“ Estando la Caja sentada en la mesa rectora del Conapam, como una de las 11 instituciones que están bajo mi dirección, no hay una articulación de forma tal que nos reporten una lista de las personas mayores de 65 años, beneficiarias del RNC, cuyas pensiones las retiren terceros”, reprochó Villalta.

La jerarca aseguró que si tal comunicación existiera, el Conapam podría apoyar en el monitoreo de los recursos que retiran terceros, para velar por su correcto uso y tomar las medidas pertinentes en los casos donde se detecten irregularidades.

“No tenemos un mecanismo de información, de traslado de casos o de solicitud de intervención de ninguna institución, excepto con el Magisterio Nacional. Cuando Conapam interviene es porque hay una denuncia directa del adulto mayor o de alguien que se da cuenta de que un tercero tiene el poder y el beneficiario está muriéndose de hambre”, criticó Villalta.

Ante el llamado de atención, Jerez aseguró que la CCSS ya está buscando un mayor acercamiento.

“Nosotros hicimos el año pasado una intervención, buscando una respuesta, pero falta estructurarla. Hay un trabajo pendiente, que estamos por hacerlo, en el sentido de identificar a los pensionados que tengan estos problemas y orientarlos a Conapam. La idea es que nosotros aportemos la investigación, para que el Consejo intervenga y dé respuesta”, explicó la funcionaria.