En forma contundente y reiterada, el exvicepresidente ecuatoriano Alberto Dahik denunció ayer que el Poder Judicial de su país, que ordenó su captura, está politizado, por lo cual pidió asilo en Costa Rica.
"Temo por mi vida y por la de mi familia", señaló Dahik, un político conservador de 42 años, que llegó al aeropuerto Juan Santamaría en un vuelo privado a la 1 de la manaña del jueves para solicitar asilo al gobierno de José María Figueres.
En una conferencia de prensa en el hotel Amstel Amón celebrada ayer a partir de las 5:30 p.m., Dahik aseguró que pidió asilo político al Gobierno costarricense ya que "hay una maniobra judicial con clara intencionalidad política" en su contra por parte de la Corte Suprema de Justicia de Quito.
"Quiero que el mundo entero sepa que en mi país la función judicial está politizada. Que la Corte se renueva por el entendimiento político en el Parlamento", puntualizó Dahik. Este se presentó muy sereno a la rueda informativa, vistiendo un traje entero azul, después de varias gestiones efectuadas durante el día en la Cancillería, visitas a amigos, cuyos nombres no dio a conocer.
Dahik fue absuelto el lunes por el Congreso ecuatoriano en un juicio en el que salió librado al no poderse reunir los 52 votos necesarios para su destitución por cargos de peculado.
"Fui absuelto en un juicio político por el juez natural del presidente y el vicepresidente (el Poder Legislativo), en un Parlamento en el que el Gobierno tiene ocho de los 79 votos, por lo que el proceso judicial lamentablemente está claramente politizado", enfatizó Dahik, quien estaba custiodado por miembros de seguridad privada, a cargo del coronel Guillermo Sáenz.
Período de pruebas
En el fondo del conflicto --señaló Dahik-- está la contrariedad de la Corte Suprema, a raíz de un decreto emitido por el gobernante ecuatoriano, Sixto Durán Ballén, que calificó de reservadas las transacciones de cuentas discrecionales del Presidente y el Vicepresidente.
Durán Ballén impidió hace dos días a la Corte examinar microfilmes de las cuentas de Dahik, que están custodiados en las bóvedas del Banco Central de Ecuador. El máximo tribunal ecuatoriano considera fundamentales esos documentos para probar la responsabilidad de Dahik en la malversación de los fondos secretos.
Un día después del decreto ejecutivo, la Corte dictó, la noche del miércoles, orden de detención contra el exvicepresidente, tras considerar que hay pruebas que lo inculpan en un caso de uso indebido de fondos discrecionales del Estado en la compra de una radioemisora con fines políticos.
Dahik justificó el breve tiempo que daría a sus declaraciones. "Estoy en un país hermano al que he pedido asilo y debo tener prudencia en mis declaraciones." También solicitó asilo para su esposa y cinco hijos.
Al ser consultado por La Nación en torno a las razones por las que huyó de Ecuador sin afrontar la justicia, Dahik respondió: "Se darán pruebas de que es un juicio (el de la Corte) viciado de toda nulidad; demostraré cómo funciona el Poder Judicial que está sometido a presiones políticas."
La resolución de la solicitud no tiene un tiempo específico y la valoración del caso le corresponde, en forma discrecional, al Poder Ejecutivo. Para ello, Dahik, quien renunció a su cargo la tarde del miércoles, deberá aportar pruebas acerca de la persecución de que es víctima.
Durante 30 días, Dahik puede permanecer como turista en Costa Rica, período que es prorrogable, en tanto se resuelve la petición de asilo.
Los legajos sobre el caso Dahik los estudia el exvicepresidente Germán Serrano Pinto, quien le brinda asesoría jurídica y quien declaró anoche a La Nación que "él (Dahik) se siente perseguido político de uno de los tres poderes de su país".
La gestión de Serrano Pinto
El exvicepresidente Germán Serrano Pinto es señalado, en esferas de la Cancillería, como el contacto usado por el vicemandatario ecuatoriano Alberto Dahik Garrozi para solicitar asilo político en nuestro país.
Pero el propio Serrano dijo ayer que actúa como un consejero jurídico en el trámite de esa petición.
El asesor legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Federico Sáenz, calificó el papel de Serrano Pinto como "el amigo o facilitador de los trámites que se están siguiendo el vicepresidente Dahik para pedir el asilo político".
Dijo desconocer si lo hacía por afinidad política, razones de amistad o en su condición de asesor legal.
Serrano Pinto aseguró que su intervención, hasta ahora, ha sido exclusivamente la de un consejero jurídico a quien se le formuló una solicitud en ese sentido.
Más bien, atribuyó la figura de "facilitador" a las altas autoridades de la Cancillería pues, de acuerdo con su criterio, fueron Fernando Naranjo y Rodrigo Carreras --ministro y viceministro, respectivamente--, los primeros en interesarse en atender el planteamiento del suramericano.
El exprimer vicepresidente costarricense argumentó que fue a través de nuestra embajadora en Ecuador, Luz Argentina Calderón Aguilar, que supo sobre el interés de Dahik en que lo asesorara legalmente si solicitaba el asilo político.
Esto había ocurrido anteayer, a las 5 p.m., mediante una llamada telefónica que le hizo la diplomática.
El exvicepresidente ecuatoriano corroboró la versión de la consultoría jurídica durante una conferencia de prensa que ofreció el jueves por la tarde.
Asilados controversiales
No es una novedad que políticos extranjeros, cuestionados en su país de origen, escojan como su destino final suelo costarricense para solicitar asilo político.
El caso más polémico es el de Blanca Ibáñez Piña, exsecretaria privada y esposa del expresidente venezolano Jaime Lusinchi, a quien se le concedió asilo en nuestro país el 31 de agosto de 1992, con el argumento de que era perseguida política.
Pese a que Ibáñez era cuestionada por corrupción en su país, el gobierno de Rafael Angel Calderón Fournier (1990-1994) le concedió la condición de asilada política, ayudada por el expresidente Luis Alberto Monge. La venezolana estuvo hospedada en la quinta Bri-Bri, en Santa Ana, propiedad del empresario Calixto Chaves.
Ibáñez, quien todavía se encuentra en Costa Rica, fue condenada en su país --en julio del año pasado-- a un año de prisión por cargos de peculado, cometido durante el Gobierno de su esposo (1984-89).
El fallo fue emitido por haber utilizado fondos públicos para comprar 64 jeeps y regalarlos a amigos y miembros del partido socialdemócrata Acción Democrática (AD), para lo que empleó una partida secreta del Ministerio del Interior.
El caso de Ibáñez produjo fuertes cuestionamientos contra Calderón y el excanciller Bernd Niehaus, quienes le otorgaron el beneficio a solicitud de Monge. Además, Julio Suñol, exembajador en Venezuela, presentó su dimisión tras cuestionar la gestión.
Un caso similar ocurrió con el exvicepresidente guatemalteco Gustavo Espina Salguero, a quien se le dio refugio en junio de 1993, también durante la administración Calderón.
El político fue destituido de su cargo el 1 de junio del 93, acusado de participar en el fallido golpe de Estado del depuesto presidente guatemalteco Jorge Serrano.
Espina, acusado de al menos 11 delitos --entre ellos violación de la Constitución, malversación de fondos y usurpación de funciones--, permaneció casi 20 meses como asilado en nuestro país.
En marzo de este año regresó a Guatemala y se entregó a las autoridades que habían dictado su orden de captura.
Creditos
Información elaborada por los periodistas Margarita Arteaga, Rodolfo Martín, Hazel Barahona, Giannina Segnini, Mauricio Herrera y Rónald Matute. También se usaron despachos de las agencias Reuter, AFP y EFE.