Polémica por intervención de abogado tributario en mociones opositoras sobre fraude fiscal

El abogado experto en temas tributarios Adrián Torrealba, exdirector de Tributación, admitió ser el autor de varias mociones que la oposición impulsaría, por ejemplo, para bajar la pena mínima por el delito de defraudación tributaria, dentro del proyecto de Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal.

La situación provocó molestia en las tiendas de los partidos Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio, que cuestionan la participación de un asesor tributario privado en propuestas que, por cierto, rechaza el gobierno de Luis Guillermo Solís.

Torrealba afirmó que ha redactado mociones que serían canalizadas por medio de la diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), bajo el argumento de que lo hace como una contribución ciudadana.

“Básicamente a través de doña Paulina (Ramírez, legisladora liberacionista), quedamos en eso, que ella iba a ser el vehículo para que yo enviara esas mociones”, reconoció el abogado tributarista.

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Torrealba promueve desde hace varias semanas modificar el artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. La moción ya fue presentada para el segundo día de mociones de fondo del proyecto contra el fraude fiscal, con la intención de cambiar la pena de cárcel por evasión fiscal que actualmente es de cinco a diez años. La propuesta es reducirla a un rango de dos a cinco años y, con ello, abrir la posibilidad de la ejecución condicional.

La diputada Paulina Ramírez le bajó el tono a la declaración del abogado tributarista y rechazó que ella tenga una representación de las demás fuerzas opositoras en los cambios propuestos al plan contra fraude.

La congresista aseguró que, como ella no es abogada ni experta en temas legales, le pidió a Torrealba las mociones redactadas para llevarlas a consideración de la fracción liberacionista, este lunes en la reunión ordinaria de la bancada.

Según ella, la fracción decidió -en pleno- rechazar la pretensión de los empresarios y sus abogados de bajar las penas de cárcel por los delitos de fraude tributario.

"Tanto don Rolando (González) como yo le dijimos (a Torrealba y a otros abogados) que no era un tema que pudiéramos valorar nosotros solos. Pedimos la presencia de don Adrián y del Gobierno para que toda la fracción tuviera las dos versiones", manifestó Ramírez.

Añadió que algunas de las observaciones parecían tener sentido, pero no era conveniente entrar en ese tema, que "requería más análisis y estudio", a un día de tiempo.

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El abogado impulsa el cambio junto con la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham) y otros abogados tributaristas que, como él, fueron directores de Tributación; tal es es caso del liberacionista Francisco Villalobos y de Allan Saborío.

Según Torrealba, con frecuencia él redacta y envía mociones a los diputados. Recordó que durante su audiencia sobre este proyecto, en la Comisión de Hacendarios, acordó con el libertario Otto Guevara en que le enviaría varias observaciones con el formato de moción.

“Ahí consta en actas, el día que vine, don Otto Guevara me pidió expresamente si podía, sobre los temas que yo había criticado, si les podía ayudar en la preparación de una moción, que no me parece nada extraño, porque yo tengo mucha técnica en eso, mucha experiencia en redacción de textos legales”, refirió Torrealba.

El abogado tributarista participó este lunes en la reunión de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), donde presentaría ante los congresistas verdiblancos y los representantes del Ministerio de Hacienda la propuesta para bajar las penas por el delito de fraude fiscal.

Críticas.

Los diputados Henry Mora y Víctor Morales Zapata, del PAC; así como el frenteamplista José Ramírez, criticaron fuertemente la participación de Torralba en la discusión.

Para Mora es reprochable; para Morales Zapata, improcedente; y para Ramírez es simplemente una barbaridad.

“Altamente reprochable que un asesor tributario de una reconocida firma en ese campo (bufete Facio & Cañas), que además lleva a su cargo una cantidad significativa de juicios de esta naturaleza, interceda directamente en una comisión como la de Asuntos Hacendarios y en la redacción de mociones para este proyecto, a sabiendas de que él es parte interesada”, consideró Mora.

Aunque Morales ve como válida la defensa de intereses ante la aprobación de un proyecto de ley, considera que no procede que Torrealba lo haga: “Sería muy cuestionable, porque tiene intereses en el tema que deberían llevarlo a inhibirse del asunto”.

Morales añadió que ojalá “haya sapiencia” en los diputados de no dejarse llevar por esos elementos, porque cree que se le haría “un flaco favor a la lucha contra el fraude”.

Para Ramírez, en tanto, Torrealba aboga por los intereses de sus defendidos, al intentar directamente tener un efecto en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Alegó que, de cambiar la penalización del delito de fraude fiscal, los procesos judiciales contra sospechosos de defraudación tendrían que ajustarse a las medidas “más favorables” para el acusado de evasión de impuestos.

En declaraciones a RTN Noticias, el abogado reconoció que él tiene clientes en líos tributarios, porque considera que en muchos casos se trata de "una arbitrariedad de la Administración Tributaria".

"Se ha pretendido utilizar la sede penal para cobrar obligaciones de más, que no llegan al umbral de los 500 salarios base", dijo.

Actualmente, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios califica una evasión fiscal que supere esos 500 salarios base como un delito de fraude fiscal, que precisamente se penaliza con cárcel, de cinco a 10 años. Supuestas defraudaciones que no alcancen ese umbral son analizadas en sede administrativa.

Otra de las mociones redactadas por Torrealba implica que, pasados tres años sin que el Ministerio Público presente la acusación formal contra un sospechoso de fraude, la Administración Tributaria perdería la competencia para retomar el conocimiento del caso en vía administrativa.

Además, esa modificación al artículo 90 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios implicaría que, si Tributación retira la denuncia contra el sospechoso de fraude, se extinguiría la causa penal que haya planteado el Ministerio Público.