EscucharFrancisco Dall'Anesse, exfiscal general de Costa Rica, asume hoy las riendas de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en una nación atrapada en un laberinto de instituciones débiles, polarización política y violencia sin precedentes.
Su labor se vislumbra aún más dura por obstáculos tan altos como los muros por derribar: la división interna sobre el papel y el alcance de la Cicig o el poco tiempo que tendrá Dall’Anesse, coinciden analistas consultados.
“Llega a una Guatemala donde no hay estado de derecho, solo un frágil marco de legalidad que permite la convivencia. Tenemos un régimen vulnerado y una Corte Constitucional gobernando y regulando”, afirma Carmen Aida Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia que impulsa y propone la modernización de órganos de justicia y seguridad. Los ejemplos sobran y le dan la razón.
Desde la destitución el 10 de junio del fiscal general, Conrado Reyes, a quien la Cicig liga con el crimen organizado, en el país sigue sin integrarse la comisión que postulará a su sucesor.
Precisamente, señalamientos hacia Reyes del antiguo jerarca de la Cicig, Carlos Castresana, y su renuncia, levantaron una crisis política y de reclamos sociales tal que el presidente Álvaro Colom terminó destituyendo a Reyes.
La molestia y choque entre gobierno y diversos sectores se agudizó hace unas semanas cuando Colom pidió a la ciudadanía “aguantarse” la ola de violencia. Esto generó duras críticas por la inoperancia oficial. Las estadísticas así lo reflejan.
El primer semestre del año ya suma 3.235 asesinatos, según cifras oficiales, en un país donde la tasa de impunidad por homicidios es del 98%.
“El problema es que la Fiscalía y los fiscales están muy penetrados por el crimen organizado, la ciudadanía vive en estado de paranoia constante”, cree Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo de familiares de personas detenidas ilegalmente o desaparecidas.
Nineth Montenegro, diputada del partido Encuentro por Guatemala y defensora de los derechos humanos enfatiza que la penetración de grupos ilegales en el Estado favorece la ausencia de cuerpos de investigación que puedan apoyar a a Dall’Anesse quien, además, hereda de su antecesor críticas hacia la Cicig y su propia gestión.
“Grupos en el Gobierno y otros sectores han descalificado a la Cicig e insisten en que Guatemala se basta sola para resolver sus problemas de seguridad y justicia o bien argumentan que se viola la soberanía interna”, expresó la diputada.
El mandato de la Cicig termina el 4 de setiembre del 2011, de forma que el costarricense, temen los consultados, habrá de seleccionar los principales casos a resolver mientras se familiariza con el sistema de justicia local y teje alianzas en el.
Ello sin mencionar otras áreas donde los analistas consideran que a la Cicig le ha faltado profundizar luego de tres años en operación.
La principal expectativa es trazar procesos para al menos identificar cuáles son las estructuras clandestinas en el Estado que en teoría la Cicig debe ayudar a desmontar; lo cual sigue sin ocurrir.
Otra área clave, a juicio de los consultados, es fortalecer la Fiscalía General y la Policía Nacional con cuerpos de investigación profesionales pues aún la prueba testimonial predomina en la mayoría de procesos judiciales.
Falta así mayor transferencia de conocimiento, técnicas e incluso tecnología, creen los analistas.
