EscucharBogotá. AFP. Cerca de 40.000 personas han sido secuestradas en Colombia durante los últimos 40 años, un drama que persiste en este país que sufre desde la década de 1960 un conflicto armado, según un estudio publicado ayer por el Centro de Memoria Histórica en Bogotá.
El informe fue elaborado con información oficial proporcionada por la Policía y la Fiscalía, pero también con testimonios facilitados por organizaciones no gubernamentales.
Han sido secuestradas 39.058 personas por lo menos una vez en su vida entre 1970 y el 2010, en este país de 47 millones de habitantes, de acuerdo con la investigación del instituto Cifras y Conceptos, y financiado por la Unión Europea.
“Con este insumo el Centro Nacional de Memoria Histórica quiere proporcionar al país una fuente para esclarecer la verdad y facilitar la justicia y reparación para las víctimas de secuestro”, dijo esa institución pública en el documento.
“Estamos convencidos de que los datos estadísticos son una forma más de expresar la voz de las víctimas”, añadió el informe. Admitió que “no existe consenso ni certeza sobre las cifras del secuestro”.
El ministro del Interior, Fernando Carrillo, quien acudió a la presentación del estudio, consideró que este “constituye un esfuerzo sin precedentes en la historia” del país sudamericano.
Como una radiografía del secuestro, la investigación muestra que 80% de las víctimas son hombres de entre 18 y 65 años, de las zonas rurales, y cuya captura tuvo una motivación económica.
Los casos de extranjeros, pese a recibir mucha atención de los medios de comunicación, son minoritarios. Representan solo el 3%.
El pago de un rescate constituye el principal motivo del plagio (84%), que en promedio se extiende entre un día y un mes.
En la raíz de este delito se halla el conflicto armado interno de Colombia, en el que han intervenido guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha (desmovilizados desde 2006), y bandas criminales.
“El secuestro es una de las peores formas de violación de los derechos humanos, y llevó de manera incontestable a la degradación del conflicto”, aseveró el ministro, al lamentar que ese delito se convirtió en “un patrón de repetición para otros grupos ilegales”.
