Si una frase resumiera una carencia clave que trastorna la gestión carcelaria en Centroamérica esa sería: “no se puede administrar lo desconocido”.
Las murallas que existen entre la realidad carcelaria y la sociedad se agrandan con gran desinformación sobre los presidios.
Ese desconocimiento impide la elaboración de políticas de seguridad, criminales y penitenciarias que se complementen entre sí y sean coherentes con estándares mundiales, a los cuales los países de la región se han adherido.
Es necesario dirigirse a varias fuentes a falta de datos oficiales sobre la población carcelaria, indica una análisis de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Para muestra un botón. Este mes, la Organización de Estados Americanos (OEA) lanzó el Observatorio Interamericano de Seguridad, una plataforma en línea con la información más actualizada sobre seguridad, delincuencia y sistemas penitenciarios de los Estados miembro de la entidad.
En casos como Panamá , Guatemala, Nicaragua y El Salvador, la plataforma de la OEA no refleja datos de cuánto personal atiende cárceles o cuántos presos son menores de edad y, para otras categorías, los últimos datos son de hace cuatro o cinco años. La misma situación que reflejan otros estudios.
El caso más patético es Honduras, del cual no hay información alguna en la base de datos de la OEA que incluye 22 categorías sobre información penitenciaria.
Más misterios. Además, si se trata de indagar otros aspectos de la población penal, como la salud, el panorama es todavía más oscuro.
“Hay administraciones penitenciarias que no saben cuántos reclusos tienen VIH/sida, u otras enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis o enfermedades que requieren tratamiento siquiátrico”, sostiene Liza Zúñiga, investigadora del Programa de Seguridad y Ciudadanía Flacso-Chile.
Guillermo Arroyo, especialista y consultor en proyectos penitenciarios del Instituto Latinoamericano de la ONU para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, afirma que, en la historia regional, nunca ha existido un manejo sistemático y científico del tema carcelario.
Arroyo añade que, como los reclusos son tantos y con tantas deficiencias afectivas, de salud y de educación, los sistemas penales colapsan por el escaso personal y el desgaste que existe.
“La crisis de las prisiones afecta a presos y funcionarios. ¿Cómo esperás que cinco o seis sicólogos atiendan a unos 2.000 presos? Eso genera un trastorno y desgaste comprensible”, concluyó.