Marsella (AFP). Además del proceso por engaño agravado y fraude, que se iniciará el miércoles próximo, otros dos procedimientos judiciales están siendo instruidos en Marsella (sur de Francia) sobre el caso de las prótesis mamarias adulteradas de la firma francesa PIP: uno por heridas y homicidio involuntarios y otro por quiebra fraudulenta.
La causa por engaño agravado y estafa es juzgada por un tribunal correccional y el proceso se prolongará hasta el 17 de mayo.
La investigación al respecto terminó a fines de 2011. Según la fiscalía, se presentaron hasta ahora 5.127 demandantes. Estas son en su gran mayoría francesas (95%), pero hay también argentinas, austríacas, suizas, belgas, españolas y británicas.
Toda portadora de implantes PIP puede declararse demandante en este proceso hasta la víspera de la requisitoria de la fiscalía (en principio el 14 de mayo).
Jean-Claude Mas, fundador de la firma francesa Poly Implant Prothèse (PIP), liquidada en marzo de 2010, y otros cuatro directivos de la empresa comparecen en este proceso. Son pasibles de cinco años de prisión.
Paralelamente, una información judicial contra persona desconocida por heridas y homicidios involuntarios fue abierta en diciembre de 2011 tras la muerte de cáncer de una portadora en Francia en 2010.
Esta causa, instruida por la juez Annaïck Le Goff, incluye hasta ahora a 320 víctimas reconocidas. Los abogados de las portadoras intentan obtener que se incluyan muchas más mujeres, especialmente las que debieron sufrir una explantación.
En este caso, Mas, el ex director general de PIP Claude Couty y otros tres ejecutivos de la firma fueron inculpados por heridas involuntarias y se los consideró testigos asistidos (un estatuto intermedio entre testigo e inculpado) por homicidio involuntario.
Una segunda información judicial fue abierta en mayo de 2012 para investigar los flujos financieros generados por el fraude y verificar el patrimonio de los directivos de la empresa antes y después de la declaración de quiebra. Mas y Couty fueron inculpados en julio pasado.
Más allá del primer proceso y de las cinco inculpaciones, los defensores de las víctimas tratan de establecer otras responsabilidades del lado de la empresa de control alemana TÜV, de los proveedores de siliconas de PIP o de la agencia francesa de seguridad de los productos de salud (ANSM, ex Afssaps).
TÜV compareció en lo civil ante el tribunal de comercio de Tolón el 22 de marzo. Seis distribuidores extranjeros y más de 1.600 portadoras de prótesis, esencialmente sudamericanas, le reclaman indemnizaciones por más de 50 millones de euros. El veredicto de esta causa es esperado el 7 de octubre.
Alrededor de estos procesos está en juego la indemnización de decenas de miles de víctimas, tanto de Francia como del extranjero.
Fuera de Francia, también están en curso otros procedimientos judiciales, en particular en Venezuela y en Alemania. A menudo estas demandas fueron presentadas contra cirujanos, clínicas o distribuidores de los implantes PIP, como en Brasil.