Santiago. A dos años del terremoto y el sunami que afectaron la zona centro-sur de Chile provocando millonarios daños y cientos de víctimas, la polémica en ese país se centra ahora en la responsabilidad política por la fallida alerta de maremoto.
La Fiscalía formalizó a ocho personas de la administración de Michelle Bachelet, entre los que se encuentran la exdirectora de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, Carmen Fernández y el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende.
A ellos se les achaca la responsabilidad por presunta negligencia que costó la vida a más de 500 personas sunami, y a 25 que permanecen aún desaparecidas.
La fiscal Solange Huerta, quien ha llevado la investigación por más de un año y medio, ha interrogado a la expresidenta Bachelet y a las anteriores autoridades de la Oficina Nacional de Emergencia y del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada.
Según la exministra del Servicio Nacional de la Mujer Laura Albornoz, el Gobierno y los partidos oficialistas quieren utilizar estas circunstancias para dañar la imagen de Bachelet, que terminó su mandato con casi 80% de aprobación ciudadana.
Sin embargo, en la acera de enfrente, uno de los abogados querellantes, Alfredo Morgado, descartó de plano cualquier responsabilidad de Bachelet en la eventual negligencia para decretar la alarma por maremoto.
Las réplicas del sunami parecen haber llegado para quedarse, en momentos en que la campaña para las elecciones del 2013 ya inició con al menos cuatro ministros de la actual administración, que han declarado estar “disponibles”.
Por su parte, la oposición parece cerrar filas alrededor de Bachelet, actual secretaria de ONU Mujer.