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Manifestantes mexicanos prendieron fuego este martes a la sede del partido oficialista PRI en el estado de Guerrero (sur) y retuvieron horas a un jefe policial en una nueva protesta que dejó cinco heridos, contra la desaparición de 43 estudiantes posiblemente masacrados.
El incendio se produjo durante una tensa marcha de un millar de maestros sindicalizados y estudiantes provistos de piedras y palos en la ciudad de Chilpancingo, capital de Guerrero, a 275 kilómetros de Ciudad de México.
La subsecretaría de Protección Civil estatal informó de al menos cinco heridos en la protesta por impactos de piedra, tres de ellos policías y dos periodistas. Uno de los reporteros lesionados es colaborador de la agencia de noticias AFP.
Maestros integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) y estudiantes de escuelas rurales de magisterio, que en su mayoría iban con el rostro cubierto, se enfrentaron con los policías antimotines que los persiguieron por las calles.
Durante la marcha se arrojaron cócteles molotov contra la sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del presidente Enrique Peña Nieto, que resultó incendiada parcialmente sin que se reportaran trabajadores heridos.
En medio de la confrontación, los maestros aseguraron que dos de sus compañeros habían sido detenidos por la policía estatal y, para exigir su liberación, decidieron retener al subsecretario de Seguridad Publica del estado, Juan José Gatica, que participaba del operativo policial.
Después de algunas horas, los maestros entregaron al oficial a la organización Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollán, que también conforma la defensa de los padres de los estudiantes desaparecidos.
Gatica ya fue entregado a la policía federal pero "no se ha podido confirmar que los dos profesores que se reportan como detenidos hayan sido ya entregados (liberados)", comentó a la AFP Román Hernández, vocero de esa organización de derechos humanos.
La marcha de Chilpancingo formaba parte de la ola de protestas para exigir al gobierno que encuentre a los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala (Guerrero), cuando fueron atacados por policías e integrantes del cártel local Guerreros Unidos.
La fiscalía anunció el viernes pasado que según confesiones de detenidos, los jóvenes -capturados por policías corruptos de Iguala que los habrían entregado a sicarios del narcotráfico- fueron asesinados y sus cuerpos quemados y después arrojados al río.
Incrédulas, las familias y compañeros exigen pruebas científicas independientes de esta versión y reclaman al gobierno intensificar la búsqueda.
Familiares de las víctimas tenían prevista una reunión en la tarde del martes en el aeropuerto de la propia Chilpancingo con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación (Interior), y Jesús Murillo Karam, fiscal general, para conocer avances de la investigación.
