Kabul, Afganistán. AFP. La asamblea tradicional afgana, la Loya Jirga, aprobó ayer un acuerdo de seguridad con Estados Unidos –tras meses de duras negociaciones–, crucial para el futuro de Afganistán, pero para cuya firma el presidente del país, Hamid Karzai, puso una serie de condiciones.
“El acuerdo es aprobado por los miembros de la Loya Jirga”, declaró Fazul Karim Imaq, vicepresidente de la asamblea que desde el jueves reunió a 2.500 representantes de 34 provincias de Afganistán.
El tratado bilateral de seguridad (BSA) define las modalidades de la presencia militar estadounidense en Afganistán tras la retirada de los 75.000 soldados de la OTAN de aquí a finales de 2014, lo que hace temer un brote de violencia en un país controlado en parte por la insurgencia talibán.
Hostiles a la presencia de las tropas extranjeras en Afganistán, los rebeldes condenaron “firmemente” a la Asamblea y su decisión.
El BSA todavía debe ser aprobado por el Parlamento afgano y promulgado por el presidente Karzai.
El jueves, Karzai anunció que el acuerdo se promulgará después de las elecciones presidenciales previstas para el próximo 5 de abril.
“Los estadounidenses deben cooperar, participar en el proceso de paz” con los insurgentes talibanes, insistió Karzai.
El presidente afgano también pidió a EE. UU. que ponga fin a todas las operaciones militares contra domicilios afganos lo que, según él, viola la soberanía afgana.
“Si Estados Unidos vuelve a nuestras casas una vez más no habrá acuerdo”, declaró ante los delegados de la Loya Jirga, reunidos en el campus de la Universidad Politécnica, en el oeste de Kabul.
Karzai también subrayó que continuará sus negociaciones sobre este acuerdo con Washington, aún con el riesgo de impacientar un poco más a su principal apoyo financiero y militar.
La embajada estadounidense en Kabul subrayó que a los dos países les interesa “ir lo más rápido” posible. La adopción del tratado por parte de la Loya Jirga ha permitido superar el obstáculo de la inmunidad de jurisdicción de los soldados estadounidenses que permanecerían en el país tras 2014.
La no promulgación de este tratado podría tener graves consecuencias para Afganistán, cuyo Gobierno sigue sin poder contener la insurrección de los talibanes, expulsados del poder en el 2001.