México. AFP. La Fiscalía de México acusó a tres militares de asesinar al menos a ocho presuntos secuestradores cuando ya había concluido un enfrentamiento con un grupo de delincuentes en junio en Tlatlaya (centro), en lo que podría ser un caso de ejecuciones sumarias.
El viernes, el fiscal general de México, Jesús Murillo Karam, reiteró que la mayoría de los 22 presuntos delincuentes muertos en esa ocasión, cayó en el tiroteo con el Ejército, pero por primera vez dijo cuántos de ellos fueron asesinados cuando ya había cesado el choque.
Tres militares emplearon armas de los delincuentes muertos para rematar a los “ocho últimos”, que habían quedado con vida, reveló Murillo Karam en una entrevista con la emisora MVS Radio.
Los tres militares –un sargento y dos soldados– fueron acusados de “homicidio con agravantes” mientras que un teniente, que iba al mando del grupo, también será procesado “por encubrimiento”.
El teniente “tenía la obligación de haber reportado a sus autoridades y a la nuestra las condiciones en que se dieron los hechos”. Recalcó que la investigación sigue abierta.
En un primer momento, el Ejército informó de que los 22 presuntos secuestradores habían muerto y un soldado había sido herido durante un enfrentamiento en el municipio de Tlatlaya, en la violenta región de Tierra Caliente, a 240 kilómetros de la capital.
Versión diferente. En setiembre, la Fiscalía tuvo que informar de que estaba investigando el caso a raíz de que una testigo contradijo la versión oficial y expresó a la prensa que en el tiroteo solo hubo un muerto y que los otros 21 fueron ejecutados a sangre fría luego de rendirse.
Este caso generó un gran escándalo en México sobre las prácticas de las fuerzas de seguridad en el combate al crimen organizado, al que se sumó hace dos semanas la desaparición de 43 estudiantes después de ser tiroteados por policías locales y sicarios del narcotráfico en Iguala, estado de Guerrero..
Naciones Unidas llamó a las autoridades civiles de México a que lleguen hasta el final de lo que “podría ser un caso de ejecuciones sumarias”, mientras Washington pidió una “revisión creíble” del caso por autoridades civiles.
La ONG Human Rights Watch (HRW) alertó de que es muy posible que la responsabilidad de esta matanza llegue hasta mandos superiores a los detenidos.
El fiscal declaró también, por primera vez, que el Ejército le informó de irregularidades en el enfrentamiento pocos días después.
Los cuatro acusados forman parte de un grupo de ocho militares que ya fueron detenidos por la Justicia castrense por delitos en contra de la disciplina militar.
El fiscal general dio a conocer más detalles de una investigación que ha tenido varios giros y de la que se van conociendo detalles a cuentagotas.
En primer lugar, esa unidad militar incumplió los protocolos al salir a patrullar con únicamente ocho efectivos cuando el mínimo son 11, señaló Murillo Karam.
La Fiscalía asegura que esos soldados protagonizaron dos “etapas de disparos” con el grupo de presuntos secuestradores que estaba pertrechado en una bodega, en la que se dieron la mayoría de los muertos.
Al término del enfrentamiento, los soldados habrían matado a ocho sobrevivientes con “las armas de los propios muertos que estaban ya en el lugar”, dijo Murillo Karam.
“Las balas que tenían (en el cuerpo) no pertenecían a las armas del Ejército y eso nos confundía mucho. Fue lo que más nos tardó en resolver”, explicó.
Según la Fiscalía, la propia testigo que denunció la ejecución extrajudicial de 21 de los 22 muertos no sostuvo esta versión durante una declaración a la fiscalía esta semana, de la que no dio más detalles.