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La controversia alrededor del pedido de destitución

Actualizado el 18 de abril de 2016 a las 12:00 am

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La controversia alrededor del pedido de destitución

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Dilma Rousseff, dio un paseo en bicicleta la mañana de este domingo cerca del Palacio de la Aurora, su residencia en Brasilia. | AGENCIA O GLOBO

Río de Janeiro. AFP. El informe que origina el pedido de destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff se basa en denuncias de maquillaje de las cuentas públicas y de creación de partidas presupuestarias sin autorización del Congreso. A continuación el detalle:

Los maquillajes se habrían efectuado a través de la “contratación ilegal de operaciones de crédito”, o pedaladas fiscales (como se las denomina en portugués), un mecanismo usado por el Tesoro Nacional para retardar el traspaso de dinero a bancos públicos y privados y a grandes administraciones.

De ese modo, se mejoran de forma engañosa las cuentas del gobierno federal. El procedimiento equivale a un “empréstito” concedido por los bancos al Tesoro, algo prohibido por la Ley de Responsabilidad Fiscal del año 2000.

El Gobierno niega que se trate de operaciones encubiertas de crédito e indica que los casos abordados conciernen operaciones que no estaban directamente bajo la responsabilidad de Rousseff, sino de algunos de sus ministros o titulares de otras instituciones.

La otra cara. El informe destaca en cambio que se trató de una práctica cuya “continuidad y magnitud” pueden “caracterizar (...) un crimen de responsabilidad, durante el actual mandato” de Rousseff.

Los retrasos “no eran meros atrasos o aceptables desajustes de flujos de caja, sino un engañoso mecanismo de ocultación del déficit fiscal, con valores muy significativos a partir del 2013”, agrega el reporte, presentado por el diputado Jovair Arantes, aprobado el 11 de abril por una comisión parlamentari a.

En concreto, Rousseff habría cargado a los bancos, gastos correspondientes al Gobierno por un total de 41.000 millones de reales (unos $17.400 millones al cambio medio del 2014).

Según el informe, Rousseff dictó decretos y amplió gastos sin aprobación legislativa, ignorando las metas fiscales aprobadas previamente por el Congreso.

“Los hechos muestran serios indicios de inconstitucionalidad, de ilegalidad y de irresponsabilidad fiscal (...), que atentan contra el Poder Legislativo”.

“Al dictar decretos de créditos suplementarios sin autorización del Congreso, por un total de 2.500 millones de reales en el 2015, Dilma Rousseff usurpó la competencia del Legislativo sobre el control del presupuesto”, indica.

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) dio impulso a la oposición a principios de octubre, cuando recomendó a los diputados que rechazaran las cuentas del año pasado.

El oficialismo replica que se trató de una práctica corriente de todos los gobiernos federales y de los estados y municipios de Brasil, pese a la aprobación en el año 2000 de la ley de Responsabilidad Fiscal, y que todos empezaron a ceñirse a esa norma solamente a partir del año pasado .

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