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Denuncias sobre libertad de prensa en Venezuela

El chavismo castiga a los emisores de malas noticias

Actualizado el 25 de agosto de 2013 a las 12:00 am

Gobierno esconde cifras sobre violencia y denuncia a quienes se refieren al tema

Periódico fue multado por foto que exponía el mal estado de una cárcel

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El chavismo castiga a los emisores de malas noticias

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Dieciséis mil setenta y dos. Ese es el número de personas que en el 2012 perdieron la vida en Venezuela a manos de criminales, según las autoridades, cifra que se traduce en una tasa de 56 homicidios por cada 100 mil habitantes, la segunda más alta del mundo.

Este sitial desagrada a los gobernantes, que durante la gestión de Hugo Chávez intentaron sacar el tema de la agenda, dejando de suministrar cifras oficiales y acusando a quienes hacían referencia al tema, con datos extraoficiales, de magnificar el problema en la opinión pública. Pero ahora han optado por otra estrategia: castigar a quienes obtienen información por otras vías y la publican.

Al menos eso le ocurrió al diario El Nacional , que a principios de mes fue condenado por un Tribunal de Niños y Adolescentes a pagar un 1% de sus ventas brutas y se le prohibió difundir “imágenes de contenido violento, donde aparezcan armas, agresiones físicas, sangrientas y cadáveres desnudos”, bajo el argumento que ello violaba su derecho a un desarrollo sano.

La medida fue en respuesta a una fotografía que obtuvo del interior de la morgue de Caracas, en la que se observaban decenas de cuerpos de víctimas del hampa y de accidentes de tránsito, algunos apilados en el suelo y desnudos, y que en agosto de 2010 publicó en primera página. La imagen buscaba denunciar el colapso de la atención forense en la capital.

Vista de la redacción del periódico   El Nacional , multado con 1% de sus ventas brutas e impedido de publicar “imágenes de contenido violento”.  | WILLIAMS MARRERO. EL NACIONAL. GDA.
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Vista de la redacción del periódico El Nacional , multado con 1% de sus ventas brutas e impedido de publicar “imágenes de contenido violento”. | WILLIAMS MARRERO. EL NACIONAL. GDA.

“En cualquier lugar del mundo una gráfica así habría causado la destitución del ministro del Interior o del jefe de la policía, habría motivado que se pidieran recursos para mejorar esas instalaciones o que se abriera una nueva; pero aquí no, aquí la solución es castigar a quien expuso la situación”, dijo Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela.

Aunque el caso de El Nacional no es el primero (en diciembre dos diarios regionales del sur del país sufrieron una medida similar también por publicar gráficas de hechos de sangre), para el exfiscal Juan Carlos Gutiérrez, la medida evidencia que “el Gobierno ha puesto en marcha una política sistemática para restringir la libertad de expresión, la cual tuvo como primer paso negar información o cerrar las oficinas de prensa de organismos como la policía judicial y ahora se ha ido radicalizando hasta castigar a quienes obtienen dicha información a través de los caminos verdes (vías no oficiales)”.

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El silencio no es la solución. Interrogado sobre las secuelas que la difusión de determinadas informaciones podría dejar en los niños, Gutiérrez reconoció que la protección de los menores es un valor superior que podría conllevar a ciertas limitaciones a la libertad de expresión. Sin embargo, cree que en el caso de El Nacional no hubo la debida ponderación, pues “la restricción a la difusión de ciertos contenidos lo que puede generar es un aumento de la violencia”.

“Si la intención es proteger a los niños de la violencia, entonces por qué no desarrolla una política criminal coherente que permita reducir la criminalidad”, dijo. En este año , 412 menores han sido víctimas del hampa. El exfiscal recordó que uno de los factores que incide en la criminalidad es precisamente las cifras negras, es decir, la ausencia de denuncia de los delitos.

En similares términos se pronunció el catedrático en Derechos Humanos Fernando Fernández: “Si silenciando se solventaran los problemas, pues al momento de dejarse de publicar las estadísticas oficiales de violencia se hubiera resuelto el problema venezolano. Sin embargo, en este tiempo lo que ha hecho es agravarse la situación”.

La negativa del Ministerio del Interior o de la fiscalía a suministrar estadísticas sobre la criminalidad no es un hecho aislado, sino parte de una política de Estado que, según Mercedes de Freitas, pone al país en la cola en la región en cuanto a acceso a información pública.

“Cuando nos sentamos con organizaciones de otros países de la región vemos lo atrasados que estamos. En México, las organizaciones tienen una lucha para que los funcionarios no les entreguen la información en formato PDF; nosotros, en cambio, cuando solicitamos una información en el 90% de los casos no nos responden o simplemente nos las niegan sin dar ninguna explicación”, se lamentó.

De Freitas recordó que en los últimos años han presentado 12 casos ante los tribunales, para conseguir que algún organismo público les suministrara información. De ellos, no han ganado ninguno, a pesar de que el artículo 51 de la Constitución establece que los ciudadanos tienen derecho a solicitar a los funcionarios datos en su poder y estos están en la obligación de suministrarlos so pena de destitución.

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Entre los casos que señala está una solicitud para que la Contraloría le informara de cuáles eran los sueldos de sus funcionarios. El Tribunal Supremo rechazó la petición indicando que los salarios de los funcionarios del Estado no era un asunto público sino íntimo, y le exigió que informara para qué quería esa información.

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