Buenos Aires. AFP. Amado Boudou se convirtió ayer en el primer vicepresidente de Argentina en ejercicio que declara como imputado, en una causa por la compra sospechosa de una empresa monopólica de impresión de billetes cuando era ministro de Economía en 2010.
Rodeado de decenas de fotógrafos, Boudou, de 51 años, llegó al tribunal de Buenos Aires “con mucha tranquilidad” y brindó declaraciones por unas ocho horas.
“No tengo ninguna estrategia (de defensa)”, aclaró Boudou a la salida de su casa en el barrio de Puerto Madero, ubicado en el corazón de Buenos Aires.
“Podría no haber ido, no presentarme (a declarar), pero yo voy a ir, voy a decir la verdad”, dijo el funcionario, quien cuenta con el apoyo rotundo de los más altos portavoces del gobierno de la presidenta Cristina Fernández.
Boudou pidió al juez Ariel Lijo, que atiende la causa, que le permitiera prestar declaración con un camarógrafo para poder difundirla, pero le fue denegado al inicio de la audiencia, dijo una fuente judicial.
La semana pasada el magistrado rechazó otro pedido de Boudou para que la audiencia fuera transmitida en vivo.
Indagatoria. El interrogatorio busca aclarar si Boudou “aprovechó su condición de funcionario público” para favorecer a la empresa impresora de papel moneda cuando era ministro de Economía en 2010.
En los próximos días, otros seis imputados en la causa prestarán declaración indagatoria hasta el 13 de junio, tras lo cual el juez tiene 10 días hábiles para decidir el procesamiento o no de los imputados, indicó el Centro de Información Judicial (CIJ), que depende de la Corte Suprema argentina .
Entre los imputados se encuentran el empresario Nicolás Ciccone, exdueño de la imprenta, y su yerno, Guillermo Reinwick, citados para el 12 y 13 de junio, respectivamente. Ambos habían declarado en febrero pasado como testigos, pero luego el juez los imputó.
El exministro de Economía, quien accedió a la vicepresidencia desde el 2011 tras ganar con la fórmula encabezada por la mandataria Cristina Fernández con 54% de los votos, fue citado para el 15 de julio, pero pidió adelantar la fecha, afirmando querer aclarar cuanto antes su papel en el caso, en el que alega ser inocente y víctima de una campaña de medios y sectores económicos en su contra.